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Archive for 24 julio 2007

+ Iglesia trata de influir en la Reforma del Estado

+ Instrucción religiosa en Escuelas, uno de los objetivos

+ Inclusive tratan de tener un partido político-religioso

PROMOVER EL ENFRENTAMIENTO

Francisco Rojas

El 135 aniversario de la muerte de Benito Juárez, acaecida el 18 de julio de 1882, coincidió con una abierta ofensiva de la Iglesia católica para abatir la separación de la Iglesia y el Estado, lo que implica acabar con la libertad de creencias y de culto, que son las bases del estado laico que el Benemérito estableció con las Leyes de Reforma de 1859 y 1860, que le costaron al país una cruenta guerra de tres años patrocinada por el clero y los grupos conservadores de esa época. Ahora, la Iglesia católica habla de libertad religiosa, cuando la negó durante siglos.

Un grupo de abogados estrechamente ligados a la Conferencia del Episcopado Mexicano prepara un conjunto de iniciativas para reformar los artículos 3, 24 y 130 de la Constitución a fin de que sean incluidas en los trabajos de la reforma del Estado; asimismo, legisladores vinculados a los grupos de ultraderecha cabildean para la aprobación de estas reformas.

Se pretende incluir la instrucción religiosa en las escuelas públicas suprimiendo la educación laica, y además poseer y administrar medios electrónicos de comunicación. Claramente lo ha expresado el cardenal Norberto Rivera: los sacerdotes no sólo deben tener derecho al voto, es preciso que sean votados para ejercer cargos de elección popular.

La audacia de la extrema derecha llega a proponer la reforma del artículo tercero constitucional para que a petición de los padres o tutores, se imparta educación religiosa en las escuelas públicas. Además, la modificación del artículo 24 de la Carta Magna incluye el derecho a practicar “integralmente” la religión.

Por otro lado, se plantean cambios al artículo 130 de la Constitución para que los ministros puedan asociarse con fines políticos, lo que significa la posibilidad de formar un partido político-religioso. También pretenden que los sacerdotes podrán en reunión pública o en actos del culto o propaganda religiosa y en publicaciones de ese carácter oponerse a las leyes del país o a sus instituciones.

Los integrantes del Colegio de Abogados Católicos preparan un cambio de fondo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, por ser ésta reglamentaria del artículo 130 constitucional. En dicha ley se plantearía la denominada objeción de conciencia, lo que hará válida la negativa de un médico para practicar un aborto o la oposición de un legislador para aprobar una ley porque atenta contra sus creencias.

Pero las pretensiones van más allá. Se quiere que el erario público destine recursos a los programas sociales de las iglesias, ya que, se argumenta, la Iglesia atiende a decenas de miles de pobres y desprotegidos; se quiere estipular esta obligación del Estado en la Ley de Asociaciones Religiosas o en alguna de las distintas disposiciones de la Miscelánea Fiscal.

Suprimir la laicidad del Estado significaría dividir a los mexicanos como en la primera mitad del siglo XIX. La unidad nacional se finca en la libertad de creencias y de culto, en la educación como la define el artículo tercero de la Constitución y en la separación tajante de los ámbitos civil y religioso.

En los estados en los que existe una religión oficial las guerras santas están a la orden del día. La teocracia implica la confusión entre los fines del Estado y los objetivos religiosos. Nuestra historia es rica en esos ejemplos: baste recordar que el fanatismo ocasionó enfrentamientos entre mexicanos de 1926 a 1929 y en la actualidad se derrama mucha sangre por diferencias religiosas. Las imposiciones de creencias dan lugar, incluso, a distintas civilizaciones que se discriminan entre sí y persiguen el pensamiento dogmático que su fe implica.

Regresar a la situación prejuarista implicaría un retroceso que la historia nos cobraría muy caro. Juárez es el mexicano más ilustre porque construyó las bases de la República con claro sentido de independencia y libertad. Las pretensiones de la extrema derecha nos dividen cuando tenemos necesidad de unificar criterios para combatir la pobreza y la desigualdad.

No es conveniente distraernos en debates que pueden profundizar la polarización y contribuir a la confusión de algunos sectores de la sociedad. No podemos convertir los púlpitos en tribunas políticas ni hacer de los ministros de culto agentes políticos que quieran orientar parte de la opinión pública.

La defensa del Estado laico es una obligación de todo mexicano que aspire a reforzar la unidad nacional. Muchos mexicanos hemos reflexionado sobre el sentido de nuestro esfuerzo histórico y reiterado nuestra adhesión a la personalidad y a la obra de Benito Juárez. Hoy confirmamos solemnemente nuestra decisión de defender los ideales a los que el héroe consagró su vida.

EL UNIVERSAL, 24 julio, 2007.- http://bit.ly/cXD901

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+ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

+ A veces, Hilo Negro y Elefantiasis en iniciativas del Ejecutivo

+ Hay diferencias entre oficina de trámites y empresa productiva

 

REFORMA AL GASTO

Francisco Rojas

El 30 de marzo de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la que se adecuó el marco legal al papel que juega el gasto público en el desarrollo económico y social del país; con ella se regulan los procesos de elaboración, aprobación, ejercicio y rendición de cuentas, estableciéndose una mejor distribución de responsabilidades, de pesos y contrapesos, entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

La ley prevé procedimientos y mecanismos de información y transparencia para que una sociedad más abierta y participativa juzgue el desempeño del gasto público en función de los resultados, y que éstos, a su vez, sean evaluables y creíbles. Se persigue también cambiar el enfoque tradicional al de obtención de resultados, devolviendo responsabilidades a los ejecutores del gasto, en un marco de incentivos y sanciones.

El proceso de negociación de la referida ley llevó cerca de dos años y medio, analizándose más de 26 iniciativas presentadas desde 2001; y se celebraron innumerables reuniones de trabajo con distintos sectores, principalmente con gobernadores y secretarios de Finanzas de los estados, así como con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de instituciones públicas de educación superior.

Hago este recordatorio porque en la propuesta de “reforma hacendaria por los que menos tienen” presentada por el Ejecutivo recientemente, aun cuando existen aspectos atendibles que deben mantenerse y que serían objeto de otro artículo, se da la impresión de que se quiere descubrir el hilo negro en materia de gasto público.

En la iniciativa se habla de incrementar la calidad del gasto mediante la propuesta “central” de contar con un presupuesto con enfoque en los resultados, cuando ese fue precisamente el corazón de la Ley de Presupuesto, de la que apenas este 2007 es el primer año de su vigencia.

También señalan que para lograr lo anterior es necesario crear para tal efecto un Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas que, coordinadas por las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, verificarían periódicamente los resultados de la ejecución de las políticas y los programas de la Administración Pública Federal, con base en un sistema de evaluación del desempeño, “para identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público”.

Se “descubre” en la iniciativa que dicho sistema debe incorporar indicadores para evaluar los resultados, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia; pero, además, novedosamente proponen que dichos indicadores formen parte del Presupuesto de Egresos e incorporen sus resultados en la Cuenta Pública.

Todo lo anterior forma parte del espíritu y la letra de la actual Ley de Presupuesto. En ella se establece claramente el Sistema de Evaluación del Desempeño, tanto para la Administración Pública Federal como para el gasto federalizado.

Al “hilo negro” se le agrega la “elefantiasis” de la burocracia, ya que pretenden crear un órgano adicional a los ya existentes, lo que vendría a complicar, sobrerregular y estorbar aún más la operación de una administración pública atrofiada por tantas disposiciones basadas en la desconfianza, innumerables solicitudes de información e incuantificables disposiciones restrictivas que maniatan la iniciativa y promueven la corrupción, además de que dificultan la evaluación de resultados.

Las disposiciones actuales no distinguen entre una oficina de trámites y una empresa productiva. La administración se ve obligada a cumplir con una serie de requisitos de información que algunos han calificado como la “amiba burocrática”, ya que en la práctica son los mismos datos —y no puede ser de otra manera—, nada más que presentados de una forma para una dependencia y en forma diferente para otra.

En el caso de que los señores legisladores aprobaran la propuesta, la administración pública tendría que dedicar mayor esfuerzo para atender las demandas de información de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, de las coordinadoras de sector y del nuevo Consejo de Evaluación; a la que se agregarían las previstas por la ley en materia de transparencia y, ojo, el papel que jugaría la Comisión de Competencia que en la iniciativa de marras se prevé tenga injerencia en la naturaleza de los concursos.

Todo ello incrementaría la centralización de funciones, marginando la responsabilidad de las dependencias y entidades de la administración pública y, finalmente, seguiríamos los ciudadanos sin tener una rendición de cuentas adecuada, que nos haga creíbles los resultados del gasto público y propicie el pago de mayores impuestos.

EL UNIVERSAL, 10 julio, 2007.- http://bit.ly/aUwweI

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