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Archive for 24/07/07

+ Iglesia trata de influir en la Reforma del Estado

+ Instrucción religiosa en Escuelas, uno de los objetivos

+ Inclusive tratan de tener un partido político-religioso

PROMOVER EL ENFRENTAMIENTO

Francisco Rojas

El 135 aniversario de la muerte de Benito Juárez, acaecida el 18 de julio de 1882, coincidió con una abierta ofensiva de la Iglesia católica para abatir la separación de la Iglesia y el Estado, lo que implica acabar con la libertad de creencias y de culto, que son las bases del estado laico que el Benemérito estableció con las Leyes de Reforma de 1859 y 1860, que le costaron al país una cruenta guerra de tres años patrocinada por el clero y los grupos conservadores de esa época. Ahora, la Iglesia católica habla de libertad religiosa, cuando la negó durante siglos.

Un grupo de abogados estrechamente ligados a la Conferencia del Episcopado Mexicano prepara un conjunto de iniciativas para reformar los artículos 3, 24 y 130 de la Constitución a fin de que sean incluidas en los trabajos de la reforma del Estado; asimismo, legisladores vinculados a los grupos de ultraderecha cabildean para la aprobación de estas reformas.

Se pretende incluir la instrucción religiosa en las escuelas públicas suprimiendo la educación laica, y además poseer y administrar medios electrónicos de comunicación. Claramente lo ha expresado el cardenal Norberto Rivera: los sacerdotes no sólo deben tener derecho al voto, es preciso que sean votados para ejercer cargos de elección popular.

La audacia de la extrema derecha llega a proponer la reforma del artículo tercero constitucional para que a petición de los padres o tutores, se imparta educación religiosa en las escuelas públicas. Además, la modificación del artículo 24 de la Carta Magna incluye el derecho a practicar “integralmente” la religión.

Por otro lado, se plantean cambios al artículo 130 de la Constitución para que los ministros puedan asociarse con fines políticos, lo que significa la posibilidad de formar un partido político-religioso. También pretenden que los sacerdotes podrán en reunión pública o en actos del culto o propaganda religiosa y en publicaciones de ese carácter oponerse a las leyes del país o a sus instituciones.

Los integrantes del Colegio de Abogados Católicos preparan un cambio de fondo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, por ser ésta reglamentaria del artículo 130 constitucional. En dicha ley se plantearía la denominada objeción de conciencia, lo que hará válida la negativa de un médico para practicar un aborto o la oposición de un legislador para aprobar una ley porque atenta contra sus creencias.

Pero las pretensiones van más allá. Se quiere que el erario público destine recursos a los programas sociales de las iglesias, ya que, se argumenta, la Iglesia atiende a decenas de miles de pobres y desprotegidos; se quiere estipular esta obligación del Estado en la Ley de Asociaciones Religiosas o en alguna de las distintas disposiciones de la Miscelánea Fiscal.

Suprimir la laicidad del Estado significaría dividir a los mexicanos como en la primera mitad del siglo XIX. La unidad nacional se finca en la libertad de creencias y de culto, en la educación como la define el artículo tercero de la Constitución y en la separación tajante de los ámbitos civil y religioso.

En los estados en los que existe una religión oficial las guerras santas están a la orden del día. La teocracia implica la confusión entre los fines del Estado y los objetivos religiosos. Nuestra historia es rica en esos ejemplos: baste recordar que el fanatismo ocasionó enfrentamientos entre mexicanos de 1926 a 1929 y en la actualidad se derrama mucha sangre por diferencias religiosas. Las imposiciones de creencias dan lugar, incluso, a distintas civilizaciones que se discriminan entre sí y persiguen el pensamiento dogmático que su fe implica.

Regresar a la situación prejuarista implicaría un retroceso que la historia nos cobraría muy caro. Juárez es el mexicano más ilustre porque construyó las bases de la República con claro sentido de independencia y libertad. Las pretensiones de la extrema derecha nos dividen cuando tenemos necesidad de unificar criterios para combatir la pobreza y la desigualdad.

No es conveniente distraernos en debates que pueden profundizar la polarización y contribuir a la confusión de algunos sectores de la sociedad. No podemos convertir los púlpitos en tribunas políticas ni hacer de los ministros de culto agentes políticos que quieran orientar parte de la opinión pública.

La defensa del Estado laico es una obligación de todo mexicano que aspire a reforzar la unidad nacional. Muchos mexicanos hemos reflexionado sobre el sentido de nuestro esfuerzo histórico y reiterado nuestra adhesión a la personalidad y a la obra de Benito Juárez. Hoy confirmamos solemnemente nuestra decisión de defender los ideales a los que el héroe consagró su vida.

EL UNIVERSAL, 24 julio, 2007.- http://bit.ly/cXD901

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