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Archive for 30 octubre 2007

+ Ante acuerdos débiles, hay que atacar problemas estructurales

+ Reformas educativa en pañales y, laboral una quimera

+ Falta reforma judicial para mejorar lucha vs. la impunidad

EQUILIBRAR PODERES

Francisco Rojas

Estamos alcanzando apenas algunos acuerdos, pero sin atacar de fondo los problemas estructurales que vive el país. No hemos agotado las ventajas del régimen presidencial y estamos pensando en fortalecer al Poder Legislativo a expensas del Ejecutivo, y no en las disposiciones que tiendan a formar mayorías y alcanzar consensos.En el caso del PRD se pugna por la integración de un Ejecutivo con dos figuras: Presidente y jefe de gobierno ratificado por el Congreso. La limitación de los poderes de nombramiento del Ejecutivo a través de tres mecanismos: la ratificación de los secretarios de despacho por mayoría simple de la Cámara respectiva, la prerrogativa que se otorgaría al Congreso para ratificar y remover al jefe de gobierno y la autoridad para promover un voto de censura contra los secretarios de despacho o titulares de los organismos públicos desconcentrados de empresas paraestatales. La exclusión de la participación del Presidente en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La compactación del Estado Mayor Presidencial.Las propuestas del PRI son menos radicales y guardan un mejor equilibrio entre los poderes, pero también en su mayoría revelan el propósito de limitar los poderes presidenciales: la institución de jefe de gabinete, la ratificación de los integrantes del gabinete legal y de los directores de Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Cisen, la facultad exclusiva de fiscalización a la Auditoria Superior de la Federación.En el caso del PRI, habría que destacar una propuesta que sí fortalece al Ejecutivo: el trámite legislativo preferente conocido como “poderes de urgencia”, que dotaría al Ejecutivo de un valioso instrumento para fijar la agenda, dar prioridad a ciertas iniciativas presidenciales y castigar la inacción legislativa.Tanto el PRD como el PRI proponen reformas para mejorar la posibilidad de poder llegar a acuerdos al interior del Congreso y entre éste y el Ejecutivo.Es de destacarse que parece ser que existe voluntad política para reformar el Poder Judicial. La Suprema Corte puso a disposición de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión 5 mil 844 trabajos recogidos durante la Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado mexicano, los cuales contienen más de 11 mil propuestas.La agenda judicial surgida del proceso de consulta, análisis, discusión y construcción de acuerdos de los últimos cuatro años señala tres grandes ejes por los cuales debe discurrir la reforma judicial: la reforma de la justicia penal que atraviesa por una crisis y que requiere de una revisión integral que permita una lucha eficaz contra la inseguridad e impunidad, así como la plena vigencia de los principios de presunción de inocencia, contradicción, concentración y mediación, y un equilibrio procesal adecuado entre defensa acusación y víctimas. Los dos restantes ejes, la reforma del amparo y el fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas, ocupan buena parte de la preocupación de los especialistas en esta materia.De otro lado, es necesario adelgazar el aparato burocrático y entregarles a los estados atribuciones y facultades que hasta hoy ha ejercido la Federación a través de los delegados de las diversas dependencias; el gasto que ello representa es enorme y la intromisión en la autonomía estatal y municipal es considerable.También, sería conveniente otorgar la plena autonomía de gestión al Servicio de Administración Tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo que permitiría manejar estos entes con criterios modernos y técnicos, sin interferencias políticas que desvirtúan y complican su operación.Son muchos y graves los retos para la reforma del Estado. El cambio de régimen de gobierno ocupa la atención de los partidos de oposición porque quieren acotar los márgenes de maniobra del partido en el poder. El PRI debería ser cuidadoso con tirar a la basura un sistema que garantizó gobernabilidad e instituciones que perduran. Las adecuaciones al sistema presidencialista no deben exagerarse. No podemos olvidar nuestra historia, sobre todo ahora que el PRI ha ganado casi todas las elecciones del presente año y todo apunta a que con buenos candidatos locales seguirá su ascenso en las preferencias electorales.Estamos quedándonos en la superficie de muchas de las grandes reformas; la fiscal no aportará las soluciones que requiere el país. No hemos iniciado una reforma energética en serio; el nuevo régimen fiscal de Pemex no resolverá los problemas de la paraestatal; la reforma educativa se ha quedado en pañales y la laboral es una quimera. O trabajamos a fondo o seguiremos poniendo parches, algunos de los cuales no van con nuestra historia, idiosincrasia y cultura políticaEL UNIVERSAL, 30 octubre, 2007.- http://bit.ly/cPbRq7

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+ Debates  entre Presidencialismo y Parlamentarismo

+ Se requiere sistema estructurado de partidos fuertes

+ En México, uno de los sistemas presidenciales más ortodoxos

EL CAMBIO NO ES DE MAQUILLAJE

Francisco Rojas

Existe una corriente en relación a la reforma del Estado, considerable por cierto, que sostiene que es preciso transformar nuestro sistema presidencial en parlamentario o semipresidencial. Yo sostengo que el sistema presidencial es tan democrático como el parlamentario y contiene aspectos más ventajosos que este último.

No podemos generalizar la situación de todos los países de América Latina, dado que nuestros problemas políticos obedecen a causas muy distintas; en ocasiones responden a condiciones de índole interna y, en otras, externa. Está de moda culpar al presidencialismo de los males que nos aquejan, sin tomar en cuenta los bajos niveles de cultura política de la sociedad, a la que se suma la irresponsabilidad de algunas cúpulas partidistas que se muestran poco dispuestas al diálogo y a la concertación, pero proclives al chantaje y a anteponer los intereses de grupo a los de la nación.

Afirmar de antemano que el sistema parlamentario es más adecuado que el presidencial resulta una falsedad tan grande como afirmar que la autocracia funciona mejor que la democracia. No olvidemos que los países con mejor calidad de vida tienen sistemas democráticos y que en éstos se da el mayor desarrollo en ciencia y tecnología. Habría que preguntarnos si el sistema parlamentario o semipresidencial podrían llevarnos de la noche a la mañana al primer mundo. Creo que difícilmente sería posible, en virtud de que el cambio necesitaría diversas condiciones para ser exitoso; entre otras, un sistema estructurado de partidos fuertes, dispuestos a establecer coaliciones o acuerdos permanentes; se precisaría que los partidos políticos fueran disciplinados para impedir cambios intempestivos de gobierno; también se requiere un alto grado de consenso social respecto a la existencia del sistema, que se le sienta como algo propio y no como algo extraño. Ninguna de estas condiciones existen a cabalidad en nuestras prácticas políticas.

El gran problema que vivimos es que un cambio al sistema semipresidencial, si no se reúnen las condiciones económicas, políticas, históricas, sociales y culturales, lejos de mejorar el funcionamiento de nuestro sistema debilitaría la gobernabilidad existente. Lejos de arribar a un sistema parlamentario o semipresidencial acabaríamos en un asambleísmo, tal y como ya aconteció en las décadas 20 y 30 del siglo pasado en varios países europeos. Tendríamos mayor inestabilidad e ingobernabilidad política por el frecuente cambio de gobiernos y ministros, viviríamos con gobiernos débiles incapaces de lograr consensos e imponer medidas, cuando nos urgen decisiones firmes para intentar soluciones que nos ayuden a disminuir los graves problemas sociales, económicos y culturales. No podemos arriesgarnos a conflictos políticos entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno como ha sucedido en varios sistemas que han tratado de acotar las facultades del Presidente para establecer un cogobierno desde el Congreso, parlamento o gabinete.

En nuestro continente los sistemas presidenciales poseen algunas fortalezas sobre los parlamentarios. El elector conoce con mayor precisión por quién está votando para jefe de gobierno; en el parlamentarismo, casi siempre el elector está imposibilitado a predecir el impacto de su voto en la formación del gobierno, porque con frecuencia éste se determina en negociaciones posteriores a la elección. El abanico de opciones se amplía en virtud de que el elector puede sufragar a favor del candidato presidencial de un partido y por congresistas de otros, con lo cual impide que el poder quede en manos de un solo partido. El gobierno tiene mayor estabilidad debido a que el ejecutivo y el legislativo son elegidos para periodos fijos. La relativa separación entre poderes determina mayor control entre ellos y que los pesos y contrapesos funcionen con mas efectividad que en sistemas parlamentarios.

El nuestro es uno de los sistemas presidenciales más ortodoxos, lo que cada día es más raro en el mundo. Hay que acotar excesos del Poder Ejecutivo, así como darle más facultades al Legislativo, sobre todo en materia de fiscalización. Ahora, todo se hace “por encimita”; no hay capacidad de negociación para planteamientos que solucionen los graves rezagos que vivimos. Pero el cambio a un régimen de gobierno distinto no va a solucionar la indisciplina de los partidos, ni el choque de intereses en que vivimos, ni la falta de cultura política de la sociedad.

El PRI tiene la posibilidad de convertirse en el partido que oriente la vida nacional; tiene los recursos humanos con mayor experiencia en el gobierno, además de un compromiso histórico con los mexicanos. Vivimos, los priístas, la gran oportunidad histórica de reencauzar la agenda nacional.

EL UNIVERSAL, 16 octubre, 2007.- http://bit.ly/db0aQ2

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+ Reforma electoral unificó a  Partidos, la fiscal los desunió

+ Se hace necesaria la reforma fiscal verdadera, no de parches

+ Indispensable evitar el atentar contra la libertad de expresión

LOS SALDOS DE LAS REFORMAS

Francisco Rojas

Los ataques y presiones contra las reformas aprobadas por el Congreso continúan. Unos sólo gimen y otros amplifican alzas especulativas en los precios para beneficiarse, para denostar a los legisladores o, quizá, para preparar el terreno a la reforma energética que viene.

La unión y solidaridad demostrada por las bancadas de los tres grandes partidos nacionales en ocasión de la reforma electoral se rompió con la reforma fiscal. Unos padecieron el acoso mediático y otros mostraron su característico oportunismo político.

El parche fiscal resultante se verá anulado por el pago de los compromisos de gasto ya adquiridos. La caída irremediable de los ingresos petroleros hará necesaria una próxima reforma fiscal, ésta sí verdadera y a fondo.

El gobierno pospuso la entrada en vigor del aumento de dos centavos mensuales en los combustibles; en 30 meses lleva gastados 100 mil millones de pesos para subsidiar la gasolina y el diesel, y continuará haciéndolo mientras subsistan los altos precios del petróleo —grandes exportadores de petróleo, como Arabia Saudita, Irán y Venezuela, incurren también en esta práctica—. Cuando suceda la crisis el ajuste será mayúsculo, a menos que se vendan patrimonios nacionales para seguir subsidiando y posponer las reformas.

Como coautor de la Ley de Presupuesto, sé de las presiones a que se ven sometidos los legisladores obligados por las circunstancias; aun así, la reforma fiscal podría haber sido más profunda, por citar dos ejemplos:

Se hubiera podido incidir en los ingresos gravables de las escuelas y permitir la deducción de las colegiaturas a los padres de familia que presentaran su declaración fiscal. Es probable que haya pesado en contra el hecho de que la mayoría de los colegios y universidades particulares estén en manos de intereses extranjeros o confesionales, pero se perdió la oportunidad de gravar uno de los más lucrativos negocios.

También se hubieran podido gravar con 3% ó 5% los depósitos en efectivo de cierto monto de aquellas personas que no presentaran su Registro Federal de Contribuyentes, con lo que se hubiera disminuido el costo y el papeleo burocrático.

En ambos casos, se hubiera logrado el objetivo de hacer aparecer en el radar fiscal a un gran número de personas, unas de cierta clase media que no suele tributar adecuadamente y otras de la economía informal.

La reforma electoral está prácticamente aprobada por el Constituyente. Debemos reconocer que se atendieron sentidas demandas populares y se subsanaron lagunas existentes en el andamiaje institucional de la legislación de 1996, que también fue producto de iniciativas del PRI, como ha sucedido desde la reforma de Reyes Heroles.

No era posible seguir con campañas largas y costosas, ni con la inequidad en el uso de los medios y la impunidad de terceros que financiaban mensajes francamente agresivos o difamatorios; tampoco se podía continuar con un árbitro sin la estructura, confianza y los instrumentos adecuados para regular el proceso electoral desde las precampañas; también era un desperdicio de la experiencia acumulada el no escalonar el nombramiento de los consejeros y magistrados electorales.

La reforma electoral es un significativo avance; responde como las anteriores a la coyuntura y al momento político existente, y los cambios que se efectuarán, incluyendo el de los consejeros, no provocarán, como no lo fue en el pasado, ningún desastre.

Esperamos que cuando se discutan las próximas reformas se incluyan temas como la reelección, la segunda vuelta y otros que sigan perfeccionando nuestra vida institucional.

Habrá, asimismo, que modificar las formas de hacer política; los partidos tendrán que cuidar su relación con los votantes privilegiando la calidad de los mensajes y plataformas, así como la raigambre y el liderazgo de sus candidatos.

El nombramiento de los nuevos consejeros del IFE debe ser transparente e imparcial, para combatir las críticas que hubo por la remoción de los anteriores.

Por su parte, en las leyes secundarias se deberá cuidar no atentar contra la libertad de expresión, evitando establecer un decálogo de lo que se puede o no decir en los medios. Asimismo, cuidar de no afectar la soberanía de los estados y mantener una justa proporcionalidad en el uso de los tiempos, también en función del peso específico de cada partido en el ámbito estatal.

En resumen: esperamos que la reforma fiscal sea el principio de una más profunda. La electoral mostró que se pueden alcanzar acuerdos para impulsar una política moderna y sustantiva, hizo patente el liderazgo del PRI en la materia y fortaleció la institucionalidad al resistir el embate de los poderes fácticos.

EL UNIVERSAL, 2 octubre, 2007.- http://bit.ly/br3XRm

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