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Archive for 27 mayo 2008

+ Un vistazo a la Historia: Los intentos privatizadores

+ Cuidar las apariencias, sugería el Departamento de Estado

+ El riesgo de los contrato incentivados y de maquila

 

CITAS HISTÓRICAS

Francisco Rojas

Ahora que se debaten en el Senado las iniciativas sobre la reforma petrolera, conviene recordar que los embates e intentos por privatizar la industria no son nuevos. Se remontan a las trágicas consecuencias que tuvo el intento de Madero por revertir la apertura porfirista, estableciendo gravámenes por el petróleo extraído y la obligación a las empresas petroleras de inscribirse en un registro gubernamental.

Carranza, por su parte, incorpora a la agenda de la lucha revolucionaria el rescate de los hidrocarburos, espíritu que se deja sentir plenamente en el Congreso Constituyente de Querétaro, en el decreto tributario de abril de 1917 y el intento por reglamentar el artículo 27 constitucional en 1918, que le costó la vida a manos de un integrante de un grupo paramilitar de apoyo a las empresas petroleras.

También se sabe que los acuerdos de Bucareli permitieron que dicho artículo constitucional no fuese aplicado en forma retroactiva a los títulos de propiedad generados al amparo de las leyes porfiristas, a cambio del reconocimiento del gobierno de Obregón.

Por ello, en su informe presidencial de 1938, Cárdenas señala: “Y para evitar en lo posible que México se pueda ver en el futuro con problemas provocados por intereses particulares extraños a las necesidades interiores del país, se pondrá a la consideración de vuestra soberanía que no vuelvan a darse concesiones del subsuelo en lo que se refiere al petróleo y que sea el Estado el que tenga el control absoluto de la explotación petrolífera”.

El bloqueo de las compañías petroleras y el condicionamiento de los préstamos del Banco Mundial a que éstas regresaran a México fueron otra muestra de las presiones, manifestadas claramente en una carta del subsecretario de Estado Spruille Braden de 1946: “Las compañías petroleras han visto, por fin, el momento de regresar triunfantes a México. El Departamento de Estado no tiene preferencia por ninguna de ellas; sólo busca que su regreso sea astuto y cauteloso en la forma, porque probablemente los mexicanos le darían gran importancia al hecho de que se guarden las apariencias.

“El gobierno de México debe insistir, antes que nada, en que los derechos sobre el subsuelo seguirán siendo propiedad de la nación y debe tratar de evitar la mención de la palabra ‘concesión’. Si las compañías petroleras tomaran parte en el desarrollo de la industria, tendrá que ser bajo contrato, de manera que el gobierno mexicano pueda evitar la impresión de que se están dando concesiones a intereses extranjeros”.

¿Será por eso que ahora en las iniciativas se habla de contrato de maquila, permisos, contratos incentivados, etcétera, para no dar la impresión de que se están dando concesiones a intereses extranjeros?

¿Acaso se pretende por ello darle la vuelta a la Constitución mediante leyes secundarias y afirmar que no existe el concepto de industria petrolera y que lo estratégico es únicamente la explotación del crudo? ¿Tendrá lo anterior algo que ver con el deseo de crear una industria privada petrolera integrada paralela, en donde una parte se rija por un régimen jurídico y lo que quede de la industria nacionalizada por otro? ¿Existirían dos sindicatos y dos contratos laborales?

Pero la embestida de la derecha vernácula no es nueva, basta recordar que el candidato presidencial del PAN dijo en 1957: “Nadie que se precie de ser mexicano dará marcha atrás en materia petrolera. Lo que queremos es que nuestro contrincante diga si va a acabar con la situación que impide a Pemex avanzar. Lo que debe hacerse para salvar a la industria es permitir que la iniciativa privada explote los campos petroleros existentes, que ocupan 83 millones de hectáreas”.

EL UNIVERSAL, 27 mayo, 2008.- Texto íntegro: http://bit.ly/9Jyc41

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+ En la Reforma Energética, quieren darle la vuelta a la Ley

+ Habría consecuencias irreversibles por acuerdos del TLCAN

+ La  “balcanización” de actividades exclusivas del Estado

ARGUCIAS

Francisco Rojas

La elaborada tentativa de darle la vuelta a la Constitución mediante modificaciones a las leyes secundarias ha dividido a la sociedad y provocado reacciones mayoritarias en contra; se dice que las iniciativas de reforma energética podrían modificarse o que se presentarían otras en su lugar, pero dejando sembrados “caballos de Troya” para conseguir los objetivos, aun a riesgo de controversias constitucionales.

El hábil entramado jurídico no permite el análisis individual de las iniciativas, por lo que suponemos que fueron construidas de abajo hacia arriba partiendo de lo que se quería que fuera o hiciera Pemex; por ejemplo, que con el pretexto de darle autonomía de gestión y flexibilidad operativa con lo que estamos de acuerdo, se cree un régimen de excepción para que el Consejo de Administración, a través de comités internos, tuviera facultades legislativas y reglamentarias para sustraerse de las disposiciones legales existentes sobre contratación de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenación de bienes, remuneraciones, auditoría, fiscalización y deuda pública; con lo cual podrían regularizar, al menos en imagen, cualquier violación a las leyes y a la Constitución que se hubiere cometido.

Que, basado en lo anterior, se pudieran celebrar contratos incentivados, no sólo en aguas profundas sino en cualquier área o materia, en donde la remuneración queda indeterminada, tanto en monto como en plazo o avance de la obra, que por sus características se acerca a lo que internacionalmente se conoce como risk contracts, que dejan en manos del contratista la planeación, control y ejecución de las obras o servicios. Si esto fuera así, implicaría ceder la dirección, operación y control por parte de Pemex, como ya sucede indebidamente en los contratos de mantenimiento de ductos. Siguiendo la lógica anterior, a las empresas que aporten supuestas innovaciones tecnológicas se les exentaría de la licitación pública y sus contratos podrían ser declarados reservados y confidenciales.

Que Pemex pueda libremente constituir o desaparecer filiales paraestatales sin ajustarse a las leyes de Entidades Paraestatales y Orgánica de la Federación, para crear “empresas espejo”, que podrían encubrir otra forma de privatización sin sustento económico y orgánico, trasluciendo incapacidades administrativas o de negociación, por ejemplo con el sindicato; alentándose, además, la “balcanización” de actividades estratégicas reservadas al Estado. Sus objetivos podrían ser alcanzados sin desmembrar a Pemex, estableciendo un fondo para contingencias derivadas de la actividad petrolera y acotando la discrecionalidad para distribuir los excedentes petroleros.

De aprobarse como están, las iniciativas tendrían consecuencias en relación con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte donde, además de abrir unilateralmente el tratado sin recibir nada a cambio, se estaría eliminando parcialmente la reserva de mercado establecida en el capítulo de Energía y Petroquímica Básica; las aperturas que se realizaran ya no podrían ser revertidas unilateralmente por el Estado mexicano; y, en caso de controversia, éstas tendrían que ser ventiladas ante paneles internacionales y no ante tribunales mexicanos, por lo que debe aclararse si no es otra maniobra para “amarrar” las privatizaciones.

Bastan estos ejemplos para que estemos alerta y cuidar “la letra chiquita” de las iniciativas, no sólo las modificaciones mayores, ya que las privatizaciones pueden encubrirse utilizando leyes secundarias o terciarias, confiando en los largos periodos e inciertos resultados de las controversias constitucionales y en la debilidad de la memoria de los mexicanos.

EL UNIVERSAL, 13 de mayo, 2008.- http://bit.ly/b1zB7S

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