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Archive for 23 septiembre 2008

NUBARRONES
Francisco Rojas

Se han acumulado graves sucesos que deben ponernos sobre alerta y adoptar decisiones sensatas para defender las instituciones y nuestra forma de vida. Por una parte, la crisis financiera estadunidense y, por la otra, la escalada de violencia ¿nos tendrán atrapados ambos fenómenos en un callejón cuya salida sea a largo plazo y para la cual aparentemente no estamos preparados?

Los Estados Unidos parecen no haber aprendido de las crisis de los bonos chatarra, de Enron y ahora las hipotecarias; a pesar del enorme rescate planteado, es posible que no se logre evitar arrastrar al mundo a una crisis financiera y a una recesión generalizada.

En México ya resentimos sus efectos menos divisas por disminución de remesas, exportaciones y turismo; cierre de fuentes de trabajo, migración de personas y capitales, caídas en la Bolsa de Valores; restricciones crediticias; pérdida de recaudación; etc., aunado a repuntes en la inflación.

Los atentados en Morelia muestran el despiadado propósito de aumentar la apuesta para desmoralizar a la población y obligar al Estado a disminuir su voluntad de combatir a los transgresores de la Ley y prevenir la liga entre el crimen organizado y la política.

De otro, hay quienes opinan que lo que se pretende es obligar al Gobierno a asumir medidas radicales y autoritarias. De cualquier manera son hechos condenables desde cualquier punto de vista y requieren de toda nuestra solidaridad y firmeza institucional para rechazarlos y combatirlos.

Frente a estos nubarrones cabe preguntarse si la política económica plasmada en la iniciativa de presupuesto es la adecuada para enfrentar lo que se avecina y si las medidas adoptadas son las apropiadas para contrarrestar la ola de violencia e impedir el sentimiento de indefensión y el resquebrajamiento del tejido social.

Parece ser que se mantiene la misma política hacendaria de siempre. Aunque hay incrementos en seguridad y el gasto social, otra vez las previsiones para el campo e infraestructura fueron insuficientes, dejando en los legisladores la responsabilidad de cubrir huecos, sin que puedan modificar el precio del petróleo, calculado como lo previene la Ley.

¿Es justificable en momentos de recesión no aumentar las inversiones en el campo, la infraestructura y el sector energético y se privilegien renglones como el pago anticipado de la deuda externa, como sucedió con la reciente compra de reservas por Dlls. 8 mil millones que se usaron para desendeudarse y no para financiar una nueva refinería o carreteras que tanto urgen, por ejemplo?

En situaciones críticas cabe preguntarse si el equilibrio presupuestal y esterilizar recursos a Pemex son las respuestas adecuadas, cuando posiblemente sería el momento de incentivar la demanda, crear empleos y activar a la economía.

Frente a la violencia estamos firmes en lograr la unidad de los mexicanos y defender nuestras instituciones; suscribimos plenamente los llamados para acompañar las acciones de corto plazo, con medidas estructurales para fortalecer al Estado de Derecho, reforzar la cultura y jerarquía de valores y lograr que el Estado cumpla con su obligación primaria de garantizar seguridad y tranquilidad a todos los mexicanos, siempre que sepamos a dónde vamos y qué debemos hacer.

EL UNIVERSAL, 23 de septiembre, 2008 http://bit.ly/cHMKW5

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CONTRATOS RIESGOSOS
Francisco Rojas

En la discusión de las iniciativas de reforma energética conviene cuidar el tratamiento de los contratos de riesgo, incentivados, de desempeño o como se les denomine. Desde el principio este fue el tema central, la línea de resistencia oficial, el punto de no retorno, además de propiciar la entrada de los particulares en refinación, transporte y almacenamiento sin modificaciones constitucionales, para las cuales no tienen mayoría.

En la iniciativa el PAN, Pemex puede celebrar contratos “con remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad”; pero, además, exceptuándolo de cumplir con las leyes en la materia y con plena discrecionalidad para fijar sus propias normas, licitar y difundir condiciones de contratación, como si fuera una empresa privada y no un organismo de Estado que maneja un recurso de la Nación.

El PRI acota la discrecionalidad: se fijan una serie de requisitos y condiciones de contratación, se explicita la prohibición constitucional de compartir productos o resultados y se obliga a su difusión y registro; asimismo, se establecen requisitos para la revisión de los precios pactados, siguiendo prácticas ya permitidas por las leyes actuales, para actualizarlos en función de avances tecnológicos, modificaciones de precios o cambios al proyecto ordenados por Pemex.

El PRD mantiene y rigidiza los ordenamientos actuales en materia de obras y servicios puros, donde solo el Estado, vía Pemex, puede contratar con terceros, con las mismas reglas burocráticas que cualquier dependencia.

Así como nos abrumaron con las experiencias noruegas y brasileñas, conviene referirse a Venezuela donde, como relata Carlos Mendoza Potellá, ex director de PDVSA en su ensayo “Petróleo: el motivo del diablo”, las petroleras internacionales, vía empresas mixtas, outsourcing, convenios operativos, alianzas estratégicas y precios de transferencia a modo con filiales y subcontratistas, inflaban costos y reducían ingresos disminuyendo al mínimo sus ganancias y el remanente para el Estado; es decir, las cuentas del Gran Capitán.

Pemex requiere normas modernas de contratación, pero la debilidad de nuestro esquema regulador y fiscalizador, el desmantelamiento de las capacidades técnicas y de administración de proyectos sufrido por Pemex y el sometimiento de controversias a la resolución por instancias internacionales, nos podrían colocar a merced de las grandes compañías que si cuentan con experiencia y enormes recursos técnicos y jurídicos para manejar a su conveniencia contrataciones y resultados y traducirse, en realidad, en una apropiación de la renta petrolera que le corresponde exclusivamente a los mexicanos, sobre todo con la definición de renta que se ha propuesto.

Estamos a tiempo para introducir modificaciones que agilicen la operación de Pemex sin compartir en la práctica la renta petrolera ni el usufructo del mercado. Corresponde a los legisladores y a los mexicanos interesados en el bienestar del país que no imperen los arreglos en lo obscurito. Para el PRI, su Programa de Acción es claro y preciso en la materia.

EL UNIVERSAL, 9 de septiembre, 2008 http://bit.ly/a0ia6H

 

+En iniciativa panista, Pemex queda como si fuera empresa privada

+Iniciativa del PRI explicita las prohibiciones constitucionales

+Estamos a tiempo de reformar sin compartir la renta petrolera

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