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Archive for 20/10/09

+ En el PRI seguiremos firmes en la defensa del petróleo

+ El destino de México no puede estar a merced del mercado

+ Persisten los intentos privatizadores del sector energético

PROTEGER A PEMEX

Francisco Rojas

El pasado martes 13 de octubre la Cámara de Diputados aprobó, por inmensa mayoría, la propuesta de diputados priístas y de otros grupos políticos para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos controversias constitucionales: una relativa al Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y la otra al Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, por considerar que algunas partes de estos ordenamientos van más allá de lo que establecen las leyes superiores.

La historia de México da cuenta de la lucha de las generaciones anteriores por la equidad y el desarrollo, contra las hondas desigualdades que nos han dividido y los atrasos económicos que ponen en riesgo la viabilidad del país. En esa brega ha estado siempre la defensa del Estado, de sus empresas y del patrimonio que pertenece a la nación, especialmente el petróleo y su aprovechamiento en beneficio de los mexicanos.

México no puede poner su destino a merced del mercado, pues el principio medular —lícito, sin duda— de la empresa privada es la maximización de las utilidades, no mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Esta función corresponde el Estado y para cumplirla ejerce sus facultades de rectoría y participación a través de la empresa pública, cuya función estratégica está por encima de preferencias ideológicas pues, como se ha probado, tanto en México como en el resto del mundo la competencia a ultranza no garantiza ni siquiera su propia supervivencia.

En México tenemos que conciliar el desarrollo económico con el cambio social y esta tarea sólo es posible con la guía de un Estado rector de los procesos económicos y operador exclusivo de las áreas estratégicas, entre las que están los hidrocarburos, tal como lo marca la Constitución. El petróleo no pertenece a ningún gobierno, partido político o grupo de interés. Por eso el PRI, haciéndose eco de la gran mayoría del pueblo, ha sido y seguirá siendo defensor intransigente del petróleo, que pertenece a todos los mexicanos, incluidas las futuras generaciones.

Deseamos que Pemex sea una empresa moderna, competitiva y facultada para invertir eficientemente los recursos que genera, pero ello no significa que deba transferirse total o parcialmente a intereses particulares. Por eso nos opusimos con firmeza al sesgo privatizador de la reforma energética que propuso el gobierno. Hemos tenido que ser muy escrupulosos para evitar que, a través de palabras y conceptos ambiguos en leyes secundarias y reglamentos, se dé lugar a interpretaciones tergiversadas para transgredir la Constitución y las leyes principales.

La desconfianza no es gratuita. Basta recordar el contrato de mantenimiento del sector 4 de ductos, en el sexenio pasado, que permitía la injerencia del contratista en aspectos de planeación y dirección, privativos de Pemex; y la intentona de sustituir las consideraciones de la minuta enviada por el Senado a la Cámara de Diputados para la aprobación de la reciente reforma energética por otras apócrifas, permisivas de contratos de riesgo y otras violaciones a la Constitución, que hubieran dado entrada a interpretaciones a modo del “sentir del legislador” en el caso de una controversia jurídica.

El petróleo ha sido la base de la transformación del país promovida por los gobiernos revolucionarios para asegurar el crecimiento, el empleo, la equidad social y el fortalecimiento de la soberanía. Los intentos privatizadores se han dirigido “de la periferia al centro”, como el almacenaje, transporte por ductos y maquila de crudo, sin faltar las alianzas estratégicas y contratos de riesgo, disfrazados de muchas maneras, que implicarían compartir la renta petrolera.

Nuestro objetivo es fortalecer a Pemex como empresa 100% propiedad del Estado, su acceso a nuevas tecnologías, la expansión de sus inversiones, especialmente en exploración y refinación y, como lo planteara Cárdenas a raíz de la expropiación, no “permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llegarán a ser, si no antagónicos, a lo menos distintos de los intereses generales”. Por ello presentamos las controversias constitucionales; para prevenir los intentos privatizadores, sobre todo ahora que se anuncian reformas energéticas “de segunda generación”. Seguiremos firmes en la defensa del petróleo y cuidado de los mejores intereses de Pemex y la nación.

EL UNIVERSAL, 20 octubre, 2009 http://bit.ly/d2O8fw

 

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