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Archive for 20/06/11

+ Acciones del gobierno agravan problemas en vez de resolverlos

+ Solamente 15 millones de mexicanos tienen empleo formal

+ México, reprobado en nueve  de 11 indicadores de la OCDE

+ Violencia, una de las grandes tragedias de este decenio del s XXI

(4 junio, 2011.- Mensaje en la Convención Nacional de Diputados Locales Cenopistas, en San Luis Potosí):

El estado que guarda la nación no es satisfactorio.   Enfrentamos diversos desafíos que los gobiernos del PAN no han sabido atender en forma adecuada.   Por el contrario, algunas acciones gubernamentales han agravado los problemas en lugar de solucionarlos.

Vivimos en la incertidumbre, el hastío y hasta el coraje ante una gestión que no es eficiente ni fomenta la transparencia de las acciones.

La ausencia de una visión de Estado ha repercutido en el debilitamiento de las instituciones, afectando claramente el avance económico y social del país.

Ya no somos el país de oportunidades, refugio de perseguidos, promotor de la paz y de la solidaridad internacional.

Los gobiernos del PRI entregaron un país creciendo al  6  por ciento anual con desarrollo económico, social y político, y con prestigio internacional, seguridad y paz interior.

Había problemas, claro, pero las instituciones estaban consolidadas y funcionando, al grado de que en los últimos años sólo se ha creado una, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), en respuesta parcial a las demandas ciudadanas.

El retiro del Estado como rector y promotor directo del crecimiento, conjugado con la impericia del equipo de gobierno truncó la tendencia y condujo a la caída y el estancamiento de la economía.

La inversión nacional no crece porque el mercado interno es débil, ya que la mayoría de las familias no tiene recursos para atender más que sus necesidades básicas.

La parte más pobre de la población recibe apenas el  1.8  por ciento del ingreso, mientras que en el polo opuesto, la población más rica acapara el  38  por ciento del ingreso.

SOLO 15 MILLONES TINEN EMPLEO FORMAL

De una población económicamente activa formada por  48 millones de personas, sólo  15  millones tienen empleo formal y en los dos últimos años ha aumentado la proporción de empleos eventuales, los que trabajan menos de  15  horas a la semana y los que perciben ingresos menores a tres salarios mínimos.

A falta de empleo no hay más opciones que la economía informal, la emigración laboral o la puerta falsa de la delincuencia abierta o simulada.

Según datos del INEGI, en los últimos  10  años la economía ha crecido a una tasa media anual de apenas el  1.7  por ciento, mientras que la población, según el último censo, se ha incrementado en  1.4  por ciento anual:  por eso, el producto por habitante se mantiene prácticamente igual al del año  2000.   Nos estancamos una década.

¿A QUIEN FAVORECE EL ESTANCAMIENTO?

Cuando un país crece a tasas históricamente altas y ello no se traduce en una mejor calidad de vida para la mayoría de la población, cabe preguntarse  ¿a quién favorece el crecimiento?

Pero cuando ni siquiera se crece, la pregunta obligada es  ¿a quién favorece el estancamiento?

En el decenio del panismo casi se ha triplicado el monto del Presupuesto de Egresos de la Federación, al pasar de un billón  195  mil millones de pesos en el año  2000,  a tres billones  439  mil millones en el  2011,  pero los problemas no se han resuelto.

Se han despilfarrado los recursos petroleros;  el gobierno ha contado con mucho dinero, pero se le ha utilizado mayormente en gasto corriente;  por ello las políticas públicas no marchan satisfactoriamente y la verdad no se puede ocultar con campañas publicitarias.

La aportación del campo al PIB es cada vez menor, la pobreza rural se ha agudizado, la migración desintegra familias y el país tiene que importar un alto porcentaje de los productos básicos para la alimentación nacional.

El gobierno sigue sin poder impartir una educación de calidad y servicios dignos de salud.   El desarrollo científico y tecnológico, clave para movilizar el potencial de toda sociedad, está estancado.

UNO DE LOS PAISES CON LA PEOR CALIDAD DE VIDA

Por ello, la OCDE en su último Informe cataloga a México como uno de los países que tiene la peor calidad de vida, reprobándolo en  9  de los  11  indicadores que dicho organismo utiliza para medir el índice de Mejor Vida.

Fuimos reprobados en:  Gobierno, Medio Ambiente, Comunidad, Salud, Vivienda, Empleo, Ingreso, Educación y Seguridad, y sólo fuimos aprobados en Condiciones Laborales y en Satisfacción de Vida, cualquier cosa que esto signifique.

Los derechos humanos no están garantizados en ciertas zonas del territorio nacional, incluso en ciudades insignia del desarrollo.   Los derechos constitucionales a la alimentación y la vivienda no se ejercen plenamente.

México está hoy tan lejos de la auténtica libertad, la justicia y la igualdad, como lo estuvo en momentos críticos de su historia;  por ello, probablemente los daños más graves sean el deterioro de la cohesión social y el debilitamiento de las instituciones.

VIOLENCIA, TRAGEDIA DE ESTE PRIMER DECENIO

Desde el Congreso se ha construido el marco legal para respaldar la procuración de justicia y la lucha contra el crimen organizado y hemos aprobado las propuestas legislativas y los requerimientos de recursos del Ejecutivo Federal, pero continúan las ejecuciones y nadie resulta responsable de nada, sin que se aprecien resultados favorables o tendencias positivas.

La violencia asociada al crimen organizado y su combate es una de las grandes tragedias de México en el inicio del siglo  XXI,  no sólo por su alto costo en vidas humanas, sino también porque provoca un clima generalizado de inseguridad que oculta los problemas de fondo.

La inseguridad ha llegado al grado de afectar el tejido social y la economía;  su efecto ya se nota, entre otros, en el estancamiento de las inversiones privadas, la emigración de capital humano y la disminución de la Inversión Extranjera Directa y el turismo.

En diversas partes de México, el Estado no puede garantizar la integridad física de las personas.   La violencia criminal ha costado más de  35  mil vidas humanas y un gasto público de decenas de miles de millones de pesos, sin que se logren resultados satisfactorios y sin que se vislumbre una resolución de fondo del problema.

No se pueden seguir distorsionando los hechos con un triunfalismo que no se compagina con la realidad en la que vivimos.   No es justo ni sensato que el gobierno privilegie sus afanes electorales por encima de la resolución de los problemas tales como:  la inseguridad, el estancamiento económico, el desempleo, el despilfarro de los recursos de la nación y la desigualdad social.

Los gobiernos de la alternancia no han podido establecer una adecuada coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, ni promover acuerdos institucionales para resolver los problemas políticos, económicos y sociales del país.

No obstante, nuestra fracción parlamentaria ha cumplido sus funciones y ha hecho contribuciones legislativas de relevancia, y les doy algunos datos que lo comprueban:

LA REALIDAD DEL TRABAJO LEGISLATIVO

En la  LXI  Legislatura hemos recibido del Ejecutivo  109  iniciativas.   De ellas se han enviado para su promulgación  79;  otras  10  ya tienen minuta;  19  más están en proceso en las comisiones correspondientes y una ha sido desechada.

Sin mediar explicación el Ejecutivo Federal no ha publicado  46  leyes o decretos, lo cual constituye un freno real a la actividad legislativa.

Para sortear ese obstáculo, el Constituyente Permanente aprobó recientemente una reforma que elimina el  “veto de bolsillo”  y da al Congreso facultades para promulgar leyes después de un período razonable.

Es injusta, falaz y antipatriótica la campaña persistente contra el Poder Legislativo y contra el Estado como un todo.   No puede aceptarse que desde los círculos oficiales se filtren rumores y se practique la política como reyerta entre buenos y malos.

A nadie conviene que el Poder Legislativo se debilite porque es el foro plural por excelencia.   Podrán avasallarnos en los medios, pero con ello no cambiarán la realidad de su ineficiencia y opacidad.

A la Cámara de Diputados acuden mexicanos de todos los estratos, de todas las creencias, de todas las filiaciones políticas en todas partes del país, para exponer sus problemas, sus reclamos y propuestas.

Todas las voces encuentran eco en los diputados de uno y a veces de todos los grupos parlamentarios, porque allí confluyen, con igualdad de derechos, todos los partidos políticos.

Los diputados tenemos que abordar una infinidad de temas cuya importancia real no siempre coincide con las agendas mediáticas.

Baste un ejemplo, nosotros insistimos en que la rendición de cuentas tiene la más alta prioridad, porque los servidores públicos manejan recursos de la sociedad y están obligados a la trasparencia.

La evaluación debe ser la base para que la asignación de recursos se haga con base en la eficacia del gasto público y los resultados de los programas.

Por eso muy pronto discutiremos un conjunto de iniciativas para hacer de la rendición de cuentas y la evaluación de resultados una obligación efectiva y no sólo una frase para el discurso.

 LAS REFORMAS EN SEGURIDAD, POLITICA Y LABORAL

La seguridad nacional es un tema sustantivo y trascendente que sería irresponsable abordar en la superficie.   Por eso en la Cámara de Diputados estamos analizando con seriedad la minuta del Senado de la República, en donde nuestros compañeros diputados han llevado el liderazgo en la conformación del dictamen respectivo.

En temas de esta dimensión, el interés nacional está por encima de toda parcialidad y nos exige la reflexión madura.

Tenemos el deber supremo de dejar a salvo los derechos humanos y las libertades que la Constitución nos otorga a todos.

El PRI tiene una opinión sólida que está en la mesa de discusiones;  no es una postura irreductible porque no somos dueños de la verdad y estamos siempre dispuestos a enriquecer el debate plural para arribar a los mejores acuerdos para el país.

Con igual responsabilidad estamos analizando la minuta del Senado sobre los cambios constitucionales y legales que se conocen con el nombre genérico de Reforma Política.

En la Cámara existen iniciativas del PRD y del PRI sobre este importante tema, que deberán procesarse en forma complementaria a la minuta recibida del Senado.

Esas iniciativas y las ideas de los diputados de los distintos partidos, son el contexto de la discusión de la minuta, que podrá ser enriquecida para arribar a un acuerdo político congruente y amplio que recoja las inquietudes de todas las partes.

Algunos temas de la minuta del Senado implican replantear el sistema de partidos e incluso las facultades exclusivas de la Cámara.

No vamos a rehuir su discusión y habremos de cumplir con nuestras responsabilidades políticas para con la nación en uso de las facultades que nos confiere la Constitución.   Para ello, no incurriremos en las prisas y menos en la desesperación de quienes nos exigen analizar estos temas en unas cuantas horas.

La Cámara está inmersa también en un activo debate sobre la llamada Reforma Laboral.   En este tema no existen verdades absolutas y no daremos lugar a los oportunismos electorales.

Existen al respecto tres iniciativas completas y cerca de cien puntos de acuerdo que tocan diversos aspectos de la Ley Federal del Trabajo.

Nuestra función no es atender obsesiones personales y menos aún cuando suponen que no hay nada que discutir más allá de dichas propuestas.   Lo que si atenderemos y defenderemos son los derechos fundamentales de los trabajadores y sus organizaciones.

Pero además, en el grupo parlamentario del PRI no aceptaríamos ir a la discusión final habiendo ignorado lo que proponen otros partidos, y sin abrir la discusión para recibir los comentarios de la sociedad.

Estamos arribando a acuerdos sobre varios capítulos y vamos a continuar discutiendo los temas pendientes y eso, debo reconocerlo, exigirá esfuerzos adicionales.

Si habrá Reforma Laboral.   Será la mejor porque resultará de la pluralidad legislativa y no de los caprichos de nadie.

…Es hora de recuperar la respetabilidad de las instituciones republicanas y restaurar los valores democráticos de la tolerancia, la pluralidad y el respeto a la disidencia.

Los problemas nacionales no se resolverán culpando al resto del mundo o al pasado por todos los males del presente;  eso sólo sirve para evadir las propias responsabilidades.

El que hayamos entrado al último tramo del sexenio no es obstáculo para el diálogo y la construcción de acuerdos legítimos por el bien del país.

Los problemas de México exigen una relación fluida y eficiente entre poderes autónomos.   Es inadmisible que por motivaciones electorales anticipadas se lacere la relación madura que debe haber entre las instituciones fundamentales del Estado.

Ante la frustración y la desesperanza que cunden en todos los ámbitos de la sociedad, las fracciones parlamentarias de nuestro partido vamos a redoblar el esfuerzo para seguir impulsando los cambios legislativos que requiere la nación.

DIALOGO, SENSATEZ, CONGRUENCIA Y PRUDENCIA

El diálogo y el debate plural, la construcción de acuerdos y consensos son pilares de la democracia, y no los vamos a sacrificar por ceder a las prisas o a las presiones.

La responsabilidad es el mejor escudo contra las campañas intermitentes de desprestigio contra los legisladores y las instituciones.

Continuaremos actuando con sensatez, congruencia y prudencia.   Es lo que exige de nosotros la nación y sabremos cumplir ese mandato.

Enfrentaremos los debates, no cambiaremos nuestro estilo responsable ni rehuiremos la necesidad de acordar reformas que beneficien a nuestro pueblo.

Procuraremos la coordinación entre el partido orgánico, del cual venimos y nos debemos, con el partido parlamentario representado por las dos fracciones en el orden federal y por ustedes, señores diputados, en el orden estatal.

La participación de ustedes, que son parte sustantiva del Constituyente Permanente para discutir y aprobar en su caso reformas constitucionales, será de la mayor importancia para continuar las tareas de un poder, que en nuestra historia ha sido garante de la integridad, la independencia y la soberanía de México.

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., 4 junio, 2011.-

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