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Archive for 3/04/12

Funeral de Honor en Palacio Nacional

+ Hazaña de un Presidente que recibó el país al borde del colapso 

+ No permitiré que el país se nos deshaga en las manos, nos decía

+ 1982-88: Renovó estructuras económicas, morales y sociales

+ Entereza, visión de Estado y liderazgo profundamente humanista

Francisco Rojas

Escribo estas líneas lleno de dolor por la pérdida de uno de los hombres más rectos y uno de los amigos y maestros más generosos que he conocido. Mi primer encuentro con él fue al iniciarse el decenio de 1970. Desde el principio me manifestó una grata empatía y yo, por mi parte, me quedé impresionado por su inteligencia, asertividad y bonhomía.

 En estos días de luto se ha recordado la hazaña política de un Presidente que recibió al país a punto del colapso, y que con lenguaje sincero logró la confianza de todos los sectores para encabezar la ardua y a veces amarga tarea de devolverle la viabilidad a México.

 Yo también, en los siguientes párrafos, menciono y puntualizo sus grandes desafíos y sus logros más significativos, pero no he podido escribir sobre Miguel de la Madrid de manera impersonal y fría.

 De lo que sí estoy seguro es de que su obra en favor de México apenas ha empezado a ser reconocida y de que su figura será revalorada porque supo actuar con serenidad y visión de Estado en el momento en que la única prioridad nacional era superar una de las crisis más severas con que se haya iniciado cualquier gobierno en nuestro país.

 Si la historia coloca a sus protagonistas en el lugar que en justicia les corresponde, el presidente Miguel de la Madrid será plenamente reconocido.

Desde su campaña política y en los meses previos al cambio de gobierno, De la Madrid tuvo claro que en el siguiente período de gobierno el país tendría que renovar muchas de sus estructuras no sólo económicas, sino también sociales y morales. 

 En su toma de posesión hizo y cumplió un compromiso trascendental ante la nación: “con sacrificios, pero no permitiré que el país se nos deshaga en las manos”. Esta determinación, su austeridad republicana y su absoluta honradez fueron las guías de su mandato.

 En diciembre de 1982, cuando asume el poder, convergían los graves desarreglos de la economía mexicana y los cambios profundos del amanecer de la globalidad. Acuciado por una deuda externa de 87,500 millones de dólares y presionado por el paradigma económico que dejaba atrás al Estado benefactor para ceder la asignación de recursos al mercado, al influjo del presidente Ronald Reagan y la primera ministra Margaret Thatcher, México parecía no tener salidas.

 Con las reservas internacionales agotadas, el país tuvo dificultades para la adquisición de materias primas, partes y hasta alimentos importados; el PIB sufrió una contracción de 4.2% en 1983 y la ligera recuperación económica lograda se revirtió por el desplome  de los precios del petróleo hasta 6 dólares por barril en 1986 y los efectos financieros de la caída del Índice Dow Jones de 22.6% en octubre de 1987.

 Todos los indicadores auguraban una catástrofe. La inflación en 1982 bordeó el 100%, el déficit fiscal alcanzaba el 17% del PIB, el 10% de la población económicamente activa estaba desempleada y la moneda nacional había perdido la mitad de su valor en un solo año. El clima de los negocios se había enrarecido por la expropiación bancaria, las corrientes de capital externo se habían esfumado y el gasto público estaba desbocado.

 A los daños sociales de la debacle económica se agregaron la explosión de gas en San Juanico, el huracán Gilberto, la erupción del Chichonal  y, por si fuera poco,  los terremotos de 1985 que provocaron miles de muertes y tuvieron un costo estimado en unos cinco puntos del PIB.

 Con una clara vocación social, el Presidente emprendió una vasta tarea de recuperación, reconstrucción y construcción de viviendas afectadas por los sismos de 1985, para beneficio de más de 100 mil familias en apenas 24 meses que, además, reactivó la economía y el empleo.

 Para salir adelante se necesitaba una gran entereza del pueblo y un liderazgo firme pero profundamente humano, como el que ejerció Miguel de la Madrid. México tuvo que hacer cambios estructurales de gran calado: adoptó un proyecto económico más afín con la competencia y la globalización; se adhirió al GATT, antecedente de la Organización Mundial de Comercio y renegoció la deuda externa.

 En lo interno, propició el retorno de los capitales privados al sector financiero, desincorporó buena parte de las empresas públicas, aligeró la burocracia y restableció la confianza de los inversionistas, al tiempo que impulsó a la industria micro, pequeña y mediana y el movimiento cooperativo; para impulsar el turismo se creó el complejo  de las Bahías de Huatulco.

 Miguel de la Madrid fue un conciliador nato; mediante los Pactos Nacionales concitó voluntades para reactivar la economía. A pesar de los problemas tan delicados que vivíamos, logró que el gobierno, los trabajadores y los empresarios se reunieran alrededor de una mesa para tomar acuerdos. El gobierno redujo el gasto público;  los trabajadores moderaron sus demandas salariales y los empresarios volvieron a invertir.

 Como el gran constitucionalista que fue, Miguel de la Madrid promovió el capítulo económico de la Carta Magna con reformas a los artículos 25 y 28 en el que se definen los sectores estratégicos y prioritarios; el sistema de Planeación democrática previsto en el artículo 26; la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; las reformas al artículo 115 para darle mayores potestades y facultades a los municipios; los cambios al artículo 89 que elevan los principios de la política exterior mexicana a rango constitucional.

 El nuevo proyecto nacional exigía instituciones también nuevas, como la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, precursora de la transparencia y la rendición de cuentas, piezas esenciales de la democracia. Esa secretaría representó el primer esfuerzo institucional de la historia para combatir la corrupción y establecer nuevas bases sobre las responsabilidades de los servidores públicos siguiendo el pensamiento juarista. 

 Con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, México se internó en la protección al medio ambiente y el desarrollo sustentable. El gobierno sentó las bases para la descentralización de los dos ejes de la política social: la Educación y la Salud públicas a los gobiernos de los Estados, constituyó el IMER, el IMCINE, IMSS-COPLAMAR y  el Sistema Nacional de Investigadores. La creación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal devolvió los derechos políticos a los capitalinos.

 En el ámbito internacional, México ratificó sus lealtades esenciales. Con visión latinoamericanista, junto con los gobiernos de Venezuela, Colombia y Panamá, formó el Grupo de Contadora que propugnó el desarrollo económico y social de Centroamérica como la única solución moralmente válida a los conflictos armados que asolaban la región.

Vuelvo al ámbito personal que procuré inhibir para dejar constancia, en los párrafos precedentes, del tamaño de los retos y la dimensión de la obra política de Miguel de la Madrid. Hacia mediados de los años 1970, me invitó a ser su asesor en la subsecretaría de Hacienda y allí empezó una relación de trabajo que duró 15 años y una relación de amistad que duró hasta el último día de su vida.

 Fui su asesor en la Subsecretaría de Hacienda y Coordinador de Gestión en la Secretaría de Programación y Presupuesto; en su campaña política organicé las reuniones de Prioridades Nacionales. Al asumir la Presidencia me encargó fundar la SECOGEF y luego me designó Director General de PEMEX.

 Miguel de la Madrid fue un mexicano de dimensión histórica que supo imponerse a las adversidades desde su infancia; abrevó en la sabiduría de grandes maestros del Derecho y, con bonhomía, paciencia y conocimientos formó una camada de jóvenes profesionistas que marcarían el destino de México en los años subsecuentes.

 Mi vida pública habría sido otra sin la confianza que siempre me dispensó y el gran estímulo que me dio para mi formación como servidor público con visión de Estado. Es mucho lo que le debo y no tengo más que agradecimientos por su generosidad, por haberme permitido servirle a él y al país.

A su viuda, doña Paloma Cordero, a sus hijos Margarita, Enrique, Miguel, Federico y Gerardo y, a su familia en general, les hago patente mi respeto y mis más hondas condolencias por esta pérdida irreparable.

Descanse en Paz. 

Miguel de la Madrid. Colima, 1934-Distrito Federal, 2012

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+ Despierta suspicacia la intentona de crear una Fiscalía

+ México, lugar 98 en el índice de percepción de corrupción

+ Hace falta  una reforma integral y restaurar valores éticos

CORRUPCIÓN

Francisco Rojas

La corrupción no puede disociarse de la impunidad; ambas perversiones debilitan el Estado de Derecho y se han exacerbado en los años del panismo. Entre 2001 y 2010, México pasó del lugar 51 al 98 entre los países con mayor Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y según el reporte Governance Indicators 1996-2008 del Banco Mundial, el país logró una calificación de apenas 50 sobre cien, inferior a las de Bahamas (91), Chile (87) y Costa Rica (68).

 Como lo exhiben a diario los medios, la corrupción, la impunidad y el abuso que las prohíja, no son exclusivas de la vida pública; son vicios también de los particulares de distintos estratos sociales, pero sobre todo de las elites. Atribuirlos sólo a los servidores públicos es una falsedad que debilita las instituciones nacionales.

 Abatir estos fenómenos requiere una política que incluya no sólo la revisión de las leyes, sino otras acciones que atiendan a la recuperación de la cultura y los valores cívicos y éticos, a los contenidos y calidad de la educación y a la restauración del tejido social.

 Para que esa política funcione, debe haber coherencia entre sus distintos elementos y precisión de tiempos y metas. Las medidas deben estar dirigidas a erradicar la corrupción y la impunidad y no ser utilizadas con fines electorales o para la persecución de adversarios políticos, pues la arbitrariedad es una de las modalidades más devastadoras del binomio corrupción-impunidad.

 El desgaste del sistema de seguridad pública y justicia se ha agravado tanto, que es previsible que el próximo Gobierno y la siguiente Legislatura, cualquiera sea su composición partidista, promuevan una reforma integral y profunda en estos temas, incluyendo el combate a la corrupción y la impunidad.

 Por eso desconcierta que se trate de legislar sobre estos aspectos proponiendo crear una Fiscalía Nacional contra la Corrupción y un Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos, cuando falta un mes para la clausura del actual período de sesiones y tres meses para las elecciones de un nuevo gobierno y un nuevo Congreso.

 Perturba que se siga asumiendo que los problemas se resuelven con nuevas leyes, que incluso se contradicen con otras, en vez de aplicar correctamente las existentes, y que se pretenda crear instituciones que se sobreponen a las actuales, en vez de fortalecer las que ya se tienen.

 Los evidentes errores técnico-jurídicos de esta iniciativa, sugieren que fue dictada por la ocurrencia y no por la reflexión reposada. Es apenas creíble que esté hecha para investigar y perseguir los “delitos de corrupción” y el uso de recursos financieros de procedencia ilícita, cuando ninguna ley define el concepto de corrupción y las conductas tipificadas como penales, como son el peculado, la desviación de recursos públicos, la alteración de documentos públicos“, el tráfico de influencias y la “usurpación de funciones”, entre otras, se abordan en otras leyes y se persiguen por otras instancias.

 Por otra parte y no menos importante, es el inmenso poder que se otorgaría al titular de la Fiscalía que desbordaría los linderos de la Federación y violentaría la autonomía de los poderes estatales y municipales, lo que trastocaría uno de los atributos de la República Mexicana, contenidos en los artículos 40 y 115 de nuestra Carta Magna.

 El combate a las prácticas corruptas y a la impunidad no es un asunto que deba circunscribirse a cárceles y carceleros. Acabemos con el denominado “populismo punitivo” y con la creencia de que con más burocratismo se van a combatir con eficacia estas lacras. El sentido común y la sensatez sugieren que acciones como las reformas constitucionales en materia de justicia, no pueden iniciarse al cuarto para las doce sin generar suspicacias.

EL UNIVERSAL, 3 abril, 2012.-

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