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Archive for 10 julio 2012

+ Donde pierden, rechazan; donde ganan, aceptan

+ En el proceso electoral hay derechos y deberes

+ Radicales de izquierda y la narrativa del fraude

+ intolerancia despojada de la máscara del amor

¿NUEVAMENTE?

Francisco Rojas

En la Comisión Permanente del Congreso se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los actores políticos a que se conduzcan en el marco de la legalidad durante el proceso electoral y acepten con civilidad los resultados, así como a repudiar actos de violencia de cualquier naturaleza. El proceso electoral no ha concluido y todos tenemos derecho a los recursos, instancias, plazos y procedimientos previstos en las normas para darle certeza y legalidad a las elecciones, pero también tenemos el deber de acatar los veredictos de las instituciones electorales.

Personajes conspicuos de la izquierda mexicana han hecho suyas estas opiniones y manifestado su conformidad con las leyes y reglas que ellos mismos contribuyeron a crear en 2007, con el ánimo de que no se repitieran los infaustos acontecimientos de 2006. Sin embargo, grupos radicales han venido construyendo la narrativa del fraude en torno a los comicios del 1 de julio. Desde antes de las elecciones hablaban de un fraude generalizado, de un candidato impuesto por los medios de comunicación, en especial por una televisora, y del uso de cuantiosos recursos para coaccionar el voto. Previamente, habían aprovechado el ímpetu de algunos grupos juveniles para armar una campaña contra el candidato de la coalición Compromiso por México.

Sibilinamente han planteado al IFE demandas imposibles de satisfacer con la legislación vigente y acusan al Tribunal Electoral de no “escuchar al pueblo” y proteger a un candidato. A los consejeros del IFE les imputan pasividad y falta de diligencia para acatar sus solicitudes y los amenazan con movilizaciones sociales, y al presidente del Tribunal Electoral lo acusan de ser “un vendido” y, por tanto, objeto de recusación.

Con todas estas maniobras se ha ido creando la litis del supuesto fraude para sembrar dudas y esparcir la percepción de que no hubo certeza ni equidad en la elección presidencial.

La izquierda se mueve en el filo de la navaja: por una parte, asegura que algunas de sus peticiones no rebasan el marco de la ley y únicamente está ejerciendo sus derechos, pero, por otra parte, hace caso omiso de que sus partidarios más radicales instiguen las protestas de sus seguidores, acosen a periodistas que formulan preguntas “incómodas” y se lancen belicosamente a la calle a desconocer la voluntad de millones de votantes, a los que califican de “corruptos” y de padecer “masoquismo colectivo”.

Esta actitud ambigua no presagia nada bueno para la democracia; de nuevo quieren sumir al país en incertidumbre y es cada vez más fuerte la sensación de que los grupos radicales no acatarán una resolución del Tribunal Electoral que no sea la de anular la elección o declarar vencedor a López Obrador.

Ese grupo rechaza la elección presidencial, no así las de gobernadores, diputados federales y senadores, en las que obtuvieron triunfos. Pero el sistema, las autoridades electorales federales y los votantes son los mismos; aquél fue diseñado por todo el espectro político del país en 1996, incluida la izquierda, que también aprobó las ulteriores reformas políticas, y las autoridades fueron electas o designadas conforme a la ley.

La contienda electoral ya terminó; los paquetes electorales fueron abiertos y los votos se volvieron a contar confirmando los resultados. La contienda legal continúa y debe dirimirse en las instituciones y de acuerdo con lo que estipulan las leyes.

Las descalificaciones y actos masivos agregan incertidumbre a un país que padece problemas muy graves. Debemos seguir el camino de la ley; las energías de la sociedad y sus líderes deben concentrarse en resolver los serios problemas nacionales, no en la inquietud generada por la intolerancia despojada de la máscara del amor.

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