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Archive for the ‘Artículos’ Category

+ Donde pierden, rechazan; donde ganan, aceptan

+ En el proceso electoral hay derechos y deberes

+ Radicales de izquierda y la narrativa del fraude

+ intolerancia despojada de la máscara del amor

¿NUEVAMENTE?

Francisco Rojas

En la Comisión Permanente del Congreso se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los actores políticos a que se conduzcan en el marco de la legalidad durante el proceso electoral y acepten con civilidad los resultados, así como a repudiar actos de violencia de cualquier naturaleza. El proceso electoral no ha concluido y todos tenemos derecho a los recursos, instancias, plazos y procedimientos previstos en las normas para darle certeza y legalidad a las elecciones, pero también tenemos el deber de acatar los veredictos de las instituciones electorales.

Personajes conspicuos de la izquierda mexicana han hecho suyas estas opiniones y manifestado su conformidad con las leyes y reglas que ellos mismos contribuyeron a crear en 2007, con el ánimo de que no se repitieran los infaustos acontecimientos de 2006. Sin embargo, grupos radicales han venido construyendo la narrativa del fraude en torno a los comicios del 1 de julio. Desde antes de las elecciones hablaban de un fraude generalizado, de un candidato impuesto por los medios de comunicación, en especial por una televisora, y del uso de cuantiosos recursos para coaccionar el voto. Previamente, habían aprovechado el ímpetu de algunos grupos juveniles para armar una campaña contra el candidato de la coalición Compromiso por México.

Sibilinamente han planteado al IFE demandas imposibles de satisfacer con la legislación vigente y acusan al Tribunal Electoral de no “escuchar al pueblo” y proteger a un candidato. A los consejeros del IFE les imputan pasividad y falta de diligencia para acatar sus solicitudes y los amenazan con movilizaciones sociales, y al presidente del Tribunal Electoral lo acusan de ser “un vendido” y, por tanto, objeto de recusación.

Con todas estas maniobras se ha ido creando la litis del supuesto fraude para sembrar dudas y esparcir la percepción de que no hubo certeza ni equidad en la elección presidencial.

La izquierda se mueve en el filo de la navaja: por una parte, asegura que algunas de sus peticiones no rebasan el marco de la ley y únicamente está ejerciendo sus derechos, pero, por otra parte, hace caso omiso de que sus partidarios más radicales instiguen las protestas de sus seguidores, acosen a periodistas que formulan preguntas “incómodas” y se lancen belicosamente a la calle a desconocer la voluntad de millones de votantes, a los que califican de “corruptos” y de padecer “masoquismo colectivo”.

Esta actitud ambigua no presagia nada bueno para la democracia; de nuevo quieren sumir al país en incertidumbre y es cada vez más fuerte la sensación de que los grupos radicales no acatarán una resolución del Tribunal Electoral que no sea la de anular la elección o declarar vencedor a López Obrador.

Ese grupo rechaza la elección presidencial, no así las de gobernadores, diputados federales y senadores, en las que obtuvieron triunfos. Pero el sistema, las autoridades electorales federales y los votantes son los mismos; aquél fue diseñado por todo el espectro político del país en 1996, incluida la izquierda, que también aprobó las ulteriores reformas políticas, y las autoridades fueron electas o designadas conforme a la ley.

La contienda electoral ya terminó; los paquetes electorales fueron abiertos y los votos se volvieron a contar confirmando los resultados. La contienda legal continúa y debe dirimirse en las instituciones y de acuerdo con lo que estipulan las leyes.

Las descalificaciones y actos masivos agregan incertidumbre a un país que padece problemas muy graves. Debemos seguir el camino de la ley; las energías de la sociedad y sus líderes deben concentrarse en resolver los serios problemas nacionales, no en la inquietud generada por la intolerancia despojada de la máscara del amor.

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+ Críticos e informados daremos nuevo rumbo al país

+ La construcción de nuestra democracia representativa

+ En esta elección no habrá vencedores ni vencidos

+ Acatemos resultados sin pretextos ni mezquindades

+ Necesaria unidad nacional para reformas estructurales

ELECCIONES

Francisco Rojas

Los próximos comicios refrendarán la democracia en la medida que sean concurridos, transcurran en paz y todos acatemos sus resultados sin pretextos ni mezquindades. Nos ha costado más de cuatro decenios construir la democracia representativa que tenemos: logramos plena libertad de expresión, los medios son numerosos, libres y críticos; el sistema de pesos y contrapesos y el federalismo real son antídotos del autoritarismo; el Banco de México, el IFAI, la SCJN, el IFE y otras instituciones actúan con plena autonomía y el ciudadano sabe que su voto es decisivo y respetado.

Mañana es el turno de los ciudadanos que, informados y críticos, daremos un nuevo rumbo al país. La voluntad mayoritaria merece respeto de los actores políticos y garantía de las autoridades. Cualquiera que sea el equilibrio de fuerzas que surja de las elecciones, no habrá vencedores ni vencidos. Nadie quedará al margen, necesitamos estar unidos en lo esencial para superar los problemas del país y salir adelante en un entorno internacional amenazante.

Necesitamos unidad nacional para emprender reformas cruciales como la hacendaria o la energética, darle plena autonomía a órganos reguladores y otras. Aun en caso de que los ciudadanos otorguen mayoría en las Cámaras al partido ganador, habrá que negociar, sobre todo en las reformas constitucionales. Por ello, se debe entender a la política como conciliación entre quienes piensan diferente pero necesitan construir acuerdos para convivir en pluralidad.

La unidad nacional debe ser un pacto social en torno a las prioridades en las que todos estemos de acuerdo: restauración de la paz, combate a la corrupción y la impunidad, crecimiento económico, generación de empleos, respeto y protección a libertades y derechos humanos, protección del medio ambiente, política internacional digna, entre otros. Debemos poner al interés nacional por encima de los intereses de personas o grupos. Nadie sobra, todos somos necesarios en la convivencia civilizada.

Las elecciones serán una fiesta cívica; no permitamos que reviva la zozobra con el fantasma del 2006.

EL UNIVERSAL, 30 junio, 2012.-

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+ Nuestra democracia: respuesta civilizada a protestas sociales

+ Los ciudadanos eligiremos libremente a quién nos gobernará

+ Nuestros vecinos organizarán y vigilarán las elecciones

A VOTAR

Francisco Rojas

Aunque para algunos candidatos y partidos el primer objetivo es ganar las elecciones del próximo domingo, para el país lo importante es refrendar la democracia, y este refrendo será más contundente en la medida en que más personas acudan a votar, que no haya incidentes graves y que ganadores y perdedores respeten la voluntad de la mayoría.

La construcción de la democracia mexicana ha sido una respuesta civilizada a una sucesión de conflictos y demandas sociales, entre ellas, las provenientes de los movimientos estudiantiles, obreros y campesinos y de las fuerzas políticas desde la segunda mitad del siglo XX. Ante ello, el PRI impulsó un proceso gradual pero profundo de reforma política que, en 1977, posibilitó la apertura de cauces institucionales a grupos y partidos que actuaban en el clandestinaje o ni siquiera se habían organizado, e inauguró la pluralidad con el sistema mixto que comprende distritos uninominales y circunscripciones plurinominales. El registro de siete candidatos presidenciales en 1982 fue un claro reflejo de la diversidad política de la sociedad.

Los partidos se fortalecieron, la oposición ganó espacios y fuerza política en la Cámara de Diputados y demandó reformas adicionales. Las instituciones fueron receptivas a esos reclamos y aceleraron la reforma política. En 1989, el PAN gana su primera gubernatura y en 1990 se crea el Instituto Federal Electoral (IFE) para organizar las elecciones.

La reforma de 1996 fue precedida por la violencia política de 1994 (insurrección en Chiapas, asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu), la crisis financiera y la recesión económica. Se dio plena autonomía al IFE y se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde entonces hasta nuestros días, los ciudadanos organizan las elecciones: la movilización cívica de miles y miles de mexicanos que actúan como autoridades electorales y cuentan los votos ha sido reconocida en el mundo entero.

En 1997 el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y el PRD ganó la jefatura del Gobierno del Distrito Federal; en 2000, el candidato del PAN, Vicente Fox, ganó la Presidencia de la República y en 2006 triunfó otro panista, Felipe Calderón, con una ventaja menor a 1%. Aún están en la memoria las protestas del candidato perdedor y los problemas políticos que les siguieron.

Este domingo, los ciudadanos decidiremos quién nos gobernará. Esa noche, el presidente del IFE informará el resultado del conteo rápido, cualquiera que éste sea. Después que se hayan contado los votos y se desahoguen las impugnaciones, el Tribunal Electoral anunciará el resultado final e inapelable.

La democracia exige aceptar la voluntad de la mayoría, por pequeña que sea la diferencia de votos; por ello, la semana pasada se firmó un acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso confiando en que todos los partidos acepten los resultados electorales.

Más de un millón de vecinos nuestros organizarán y vigilarán las elecciones y existen múltiples pruebas de que es imposible un fraude concertado. Por eso no hay lugar a las acusaciones prematuras de un supuesto fraude. Los ciudadanos que valoramos la democracia debemos defender las instituciones y el voto. Llevamos más de 35 años perfeccionando la democracia representativa y no la vamos a echar por la borda.

El domingo por la noche habrán concluido las elecciones y todos deberemos ver hacia adelante. Los problemas internos y externos son muchos y de gran calado, y los mexicanos no nos debemos desgastar en conflictos innecesarios y sin sustento. El nuevo presidente lo será de todos y deberá convocar al país entero, los que lo apoyaron y los que no, a sumar esfuerzos por un objetivo supremo y común: el bien de México.

 EL UNIVERSAL, 26 junio, 2012.-

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+ ¿Acaso alguien busca invalidar las elecciones 2012?

+ Si ataca, es información; si lo critican, es guerra sucia

+  No se compromete a respetar resultados si le son adversos

+ AMLO: Estrategia igual a la de 2006, pero más virulenta

+ Ahora algunos ricos generosos le creen, o fingen creerle

+ Intolerante, irresponsable, no tiene derecho a jugar con fuego

+ Ilusoria propuesta económica,  basada en principios neoliberales

GENIO Y FIGURA

Francisco Rojas

Vivimos en un clima de encono que está empujando al proceso electoral a un terreno minado, lleno de celadas. A la violencia verbal y a la crispación en el ámbito electoral, han seguido algunas agresiones físicas a los candidatos; éste es el escenario más peligroso e irresponsable para movilizar a la gente en busca de invalidar las elecciones, y conlleva riesgos descomunales para el país.

Andrés Manuel López Obrador es transparente: si él ataca es “información al pueblo, que no sabe”, pero si lo critican entonces es guerra sucia, antesala del fraude. Es un experto en el arte de hacerse la víctima. El miércoles pasado, en una reunión con intelectuales, evadió comprometerse a aceptar un resultado adverso aduciendo que las elecciones estarían “viciadas” por grupos de poder, por la imposición del “candidato de los medios” y por la permisividad del IFE para investigar los gastos de sus adversarios; asimismo, dijo que es preferible borrar los avances democráticos de los últimos 25 años porque se requiere una renovación, “un cambio verdadero” y que habría que empezar de nuevo.

La estrategia es similar a la de 2006, sólo que ahora empezó antes de las elecciones, con mayor preparación y virulencia, y con grupos de descontentos movilizados, entre ellos muchos jóvenes. López Obrador ya descalificó al árbitro y sus representantes en el IFE impugnaron el conteo rápido para prolongar la incertidumbre sobre los resultados y hacer creíble la “denuncia” de fraude.

AMLO ya no pregona “por el bien de todos, primero los pobres”, promete el bien a “ricos y pobres”. Y algunos ricos le creen o fingen creerle, como los que asistieron a la famosa cena de los 6 millones de dólares. Esta vez no manda al diablo las instituciones para no asustar a sus generosos donantes, pero las desacredita.

Lo que menos le importa son la ley y la congruencia. Si larepública amorosa” buscaba corregir su imagen rijosa, en unos cuantos días López Obrador ha recaído. Desde sus tiempos de invasor de los campos petroleros de Tabasco, conoce el valor de repetir la misma frase, sembrar la misma imagen en una población a la que cree educada por “la caja idiota”. Mientras más desconfiables haga al IFE y el Trife, más creíble será lo que él llama el “fraude electoral”.

El intolerante candidato denunciaba a las encuestas como partes del “compló” de la mafia. Pero cuando un medio de comunicación, sólo uno, disminuyó radicalmente su diferencia con el puntero, habló de un “empate técnico” y ahora dice que va ganando. Mañana alegará que los medios de comunicación, “los de arriba”, “la mafia” y hasta el IFE le “robaron” la elección, aunque las principales figuras de su partido hayan declarado que ellos sí reconocerán los resultados.

Lo último que necesita el país es un conflicto electoral. El trasfondo nacional es sombrío: el desempleo, la desigualdad, la pobreza expansiva, la violencia más feroz que en muchos países en guerra, la violación a los derechos humanos y el uso de la justicia como ariete contra los opositores electorales, son problemas muy graves para todos, no sólo para quienes directamente los padecen. Además, México no es inmune a los acontecimientos externos: los problemas financieros de Europa y el próximo ajuste fiscal obligatorio en los Estados Unidos, nos auguran años de bajo crecimiento económico, desempleo y mayor pobreza y desigualdad.

Si se sale de control el contexto político, podemos entrar a un torbellino económico, social y de violencia, que pondría en riesgo la gobernabilidad de México. Andrés Manuel López Obrador no tiene derecho a jugar con fuego, pues la yerba está seca y es irresponsable encender la chispa.

Dice la historia que a Nerón le bastó una noche para incendiar Roma; ojalá que no sea así la noche del 1 de julio.

 EL UNIVERSAL, 12 junio, 2012.-

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+ Además de falta de expectativas, pobreza y violencia

+ El título ya no garantiza empleo ni movilidad social

+ Muchos universitarios tienen pocas oportunidades

PROTESTA JUVENIL

Francisco Rojas

Casi siempre han sido los jóvenes quienes han desatado movimientos sociales que fueron hitos en la historia. En 1968, en vísperas de la globalización, las juventudes de muchas capitales del mundo emergieron con banderas incomprensibles a los ojos de los adultos de entonces. En algunos casos, los motivos parecían baladíes, como la riña menor entre alumnos de una preparatoria y una vocacional, que fue la chispa del movimiento. Por eso sería un grave y peligroso error descalificar o ignorar las nacientes demandas juveniles.

Tienen razón los jóvenes mexicanos en protestar, como lo han hecho en meses pasados en España, Italia, Portugal, Grecia y otros países, tanto por los efectos de la crisis financiera de 2008 y la recesión que le siguió como por motivos políticos, pues en el mundo ellos han sido los más lacerados por el desempleo y el olvido político. En México, se movilizaron primero los estudiantes de universidades privadas y pronto se sumaron los de otras instituciones y grupos sociales, algunos con militancia política claramente definida. Todos han ejercido sus derechos y han actuado en el marco de la democracia.

Aquí, como en otros países, el título profesional o incluso el posgrado ya no garantizan la movilidad social como en el siglo XX, ni un empleo en la economía formal, debido al lento crecimiento que, a su vez, obedece a la severa y sostenida contracción de las inversiones públicas, que son el motor inmediato de las privadas. El resultado es la incapacidad para generar empleos permanentes con salarios decorosos y las prestaciones de ley.

En México, a la falta de expectativas se agregan la pobreza y la violencia que, además del alto costo en vidas humanas, ha provocado el cierre o remate de negocios, fábricas o ranchos, quizá de familias de algunos de los jóvenes que protestan. Por eso muchos estudiantes tienen hoy casi tan pocas oportunidades, como los ocho millones de “ninis” que no tienen acceso a la escuela ni al empleo.

Las manifestaciones recientes podrían significar en esencia una protesta contra el statu quo y revelan que buena parte de los jóvenes están inconformes con el futuro que les espera. Hasta ahora los reclamos han sido por mayor equidad en medios de comunicación y a favor o contra un candidato, pero en Guadalajara ya salieron a la calle miles de jóvenes a repudiar la violencia imperante y a manifestarse a favor de la paz, la seguridad y la justicia; tarde o temprano brotarán también las demandas de empleo, equidad y expectativas verosímiles de futuro y el rechazo a que su destino sea un trabajo mal pagado, la informalidad, intentar emigrar a Estados Unidos o la delincuencia organizada.

Los jóvenes son el presente de la nación; si se comprenden y solucionan sus inquietudes, se lograría encauzar positivamente esa vitalidad que suele tener la juventud. Pero además de las acciones económicas, educativas y de seguridad es preciso recuperar los valores personales, familiares y nacionales.

Se equivocan los actores políticos que dicen que las protestas son contra otros; no, estos movimientos se conoce cómo empiezan, no cómo acaban; en cualquier momento la frustración y coraje podrían agudizarse, y el reclamo podría direccionarse a los actuales responsables políticos para que rectifiquen empecinamientos y recetas que no funcionan.

Por eso se deben movilizar los instrumentos del Estado y acordar con la sociedad entera rescatar a México del desempleo, la pobreza, la desigualdad y la violencia; desterrar odios y discordias, revitalizar la democracia, recobrar los valores, restañar el tejido social y corregir estrategias que solo ha provocado desolación y muerte.

 EL UNIVERSAL, 29 mayo, 2012.-

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+ El triunfo de Hollande y la reacción responsable de Sarkozy

+ Francia podría atenuar la dureza de las políticas anticrisis

+ Nubarrones en Europa y EU amenazan extenderse en el mundo

+ México no escapa al entorno y la crisis demanda un Estado eficaz

LA LECCIÓN DE LA ELECCIÓN

Francisco Rojas

En punto de las ocho de la noche apareció en la televisión francesa la foto de François Hollande y una cifra: 51.62%: los franceses habían elegido a un nuevo Presidente. Pero lo más encomiable fue que Nicolás Sarkozy, presidente en funciones y candidato perdedor, se presentó 20 minutos después ante sus partidarios para asumir “la responsabilidad de la derrota”. Son los frutos del conteo rápido, la credibilidad en las instituciones y la civilidad democrática.

En una Europa dominada por la idea del adelgazamiento del Estado y por rígidas políticas de austeridad, las propuestas de Hollande de complementar la disciplina fiscal con incentivos para el crecimiento, son una bocanada de aire fresco que abre la expectativa de atenuar la dureza de las medidas impuestas por Alemania y Bruselas para sortear la crisis de la Unión Europea.

El desempleo en el viejo continente afecta a 29 millones de personas, la mayor parte jóvenes y constituye, a juicio de los expertos, una seria amenaza para la convivencia social. Explica las protestas juveniles en muchos países europeos y el dramático ascenso de los suicidios en Grecia. Los recortes draconianos que han lanzado a la calle a millones de españoles, griegos, portugueses, irlandeses e italianos no contribuyen a la recuperación.

La recesión no se limita a Europa; el leit motiv de la elección presidencial en Estados Unidos será el desempleo, y la preocupación es tal que Paul Krugman recomienda atender de inmediato este problema y dejar los ajustes fiscales para la próxima década.

Los nubarrones de Europa y Estados Unidos y la amenaza de contagio a otras economías, incluyendo a México, exigen considerar que la salida no depende solo de la estabilidad macroeconómica, sino de tener un buen gobierno y un sólido Estado de derecho, es decir, las bases de un Estado eficaz.

En México carecemos de esto último, y el desempleo y la pobreza son peores porque afectan a más personas que en España, por ejemplo; son más profundos y se suman a la violencia y la inseguridad acentuadas en este sexenio. Las cifras muestran una situación grave. En 11 años de gobiernos panistas, el crecimiento anual promedio de la economía fue la mitad que el del último gobierno del PRI, a pesar de la fuerte caída de 1995-1996; la informalidad supera con creces los paupérrimos empleos formales creados; la pobreza se ha extendido a la mitad de la población y 21 millones de mexicanos no tienen siquiera para comer. Los miles de muertos, heridos, desaparecidos y desplazados son demasiados para un país pacífico como México.

La solución a estos problemas debería ser el centro del debate político. Enrique Peña Nieto ha impulsado propuestas prácticas; otros candidatos —con la abierta participación de funcionarios del gobierno federal— tratan de ocultar los fracasos del presente con campañas de ataques y una obsesiva fijación en un pasado que se dio en circunstancias diferentes y no podrá repetirse.

Intensificar la violencia verbal propicia la violencia física que ha sembrado luto y desesperación en la sociedad y no contribuye a ganar civilidad. Descalificar de antemano a las instituciones nos llevó a una división y polarización, en la cual no debemos volver a caer. Aprovechar investiduras y recursos públicos con fines electorales es lo último que requiere un México democrático.

Por eso, debemos prestar atención a la lección de civilidad de Francia, no sólo en la elección, sino en actos como el homenaje conjunto de Hollande y Sarkozy a los caídos en el Arco del Triunfo, para mostrar que las diferencias políticas no están encima de los intereses del país ni rompen la unión de los franceses, como no deberían poner en peligro la concordia y la unidad de los mexicanos.

EL UNIVERSAL, 15 mayo, 2012.-

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+ LVI Legislatura: una nueva cultura política basada en el respeto

+ La mayoría tiene preminencia, pero sin avasallar a las minorías

+ En la Cámara hemos corregido desviaciones y moderado excesos

EXPERIENCIA DEMOCRATICA

 Francisco Rojas

Concluyó el último periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura. En cerca de tres años, la Cámara de Diputados aprobó importantes reformas constitucionales y legales e hizo nuevas leyes para cimentar el marco institucional del país, como lo han reconocido todas las fracciones parlamentarias.

En la Cámara está representado el extenso mosaico de ideologías, regiones, etnias, culturas e intereses legítimos de nuestro país. Allí se inauguró la moderna pluralidad política en 1997, y en este tiempo hemos aprendido a negociar y a construir acuerdos.

Los legisladores, los profesionales de la política y la sociedad entera hemos aprendido que la democracia es diversidad y que la discusión tiene sentido porque conduce a los acuerdos que hacen posible el funcionamiento del Estado. Contra lo que quiere el lugar común, los diputados de la LXI Legislatura hemos procesado centenares de iniciativas, puntos de acuerdo e informes de la más diversa naturaleza. Hemos construido una nueva cultura democrática, fundada en la tolerancia y el respeto entre mujeres y hombres que piensan distinto, pero que buscan coincidencias para el consenso. Hemos aprendido que la mayoría tiene preeminencia, pero sin avasallar a las minorías. Y que las mayorías no son monolíticas; están constituidas por haces de intereses legítimos pero diversos, a veces en el matiz o en la sustancia.

Las minorías son doblemente respetables; primero, porque representan a grupos de la sociedad con plenitud de derechos y, segundo, porque aportan ideas, experiencias y propuestas para resolver problemas del país.

En el Estado moderno, el Legislativo no sólo tiene la responsabilidad de hacer, reformar o abrogar leyes, sino también la de ser factor fundamental del equilibrio de poderes. Y desde la pluralidad y la crítica, las diputadas y diputados de la LXI Legislatura hemos corregido desviaciones y moderado excesos que, sin control ni medida, podrían conducirnos a alguna modalidad de despotismo. Pero quizá el mayor aprendizaje sea que México necesita consolidar y fortalecer su orden institucional. Por eso, mi partido, el PRI, no transige en la defensa de las instituciones de la República.

México necesita un Poder Legislativo fuerte, democrático y prestigiado por sus resultados, que perfeccione su capacidad para legislar, robustezca su función en el equilibrio de Poderes y siga siendo el espacio natural para que la nación dirima sus diferencias. No existe una sociedad democrática donde el Legislativo es débil, rechaza la autocrítica o es víctima de sus inercias burocráticas. La opción, como lo muestra la historia, es la dictadura.

La Cámara de Diputados tiene la atribución exclusiva de analizar, discutir y dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, vale decir, el destino de los recursos públicos. La Constitución la faculta para analizar la Cuenta Pública, que es un documento esencial de la rendición de cuentas. El buen uso de los recursos, sin embargo, no se limita a fiscalizar su destino final, trasciende al cumplimiento de los programas comprometidos por el Ejecutivo.

La siguiente legislatura deberá construir el entramado constitucional y legislativo necesario para enfrentar los serios problemas del México contemporáneo: la recuperación de una política económica que impulse la inversión, la producción, el empleo y el mercado interno; la corrección de las distorsiones en la distribución del ingreso, que han alcanzado niveles aberrantes, y el restablecimiento de la paz interior fundada en el respeto a la ley, el combate a la delincuencia y la corrección de los factores que la propician: la pobreza, la desesperanza y la carencia de oportunidades.

EL UNIVERSAL, 1 mayo, 2012.-

 

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 + Año 2012: cambio de gobierno, pero también de expectativas

+ La energía puede volver a ser motor para el crecimiento

+ México debe prepararse muy bien para explotar este energético

SHALE GAS”, UNA POSIBILIDAD

Francisco Rojas

2012 podría ser un año de inflexión para México, no sólo porque con el cambio de gobierno se avizoran políticas más eficaces de seguridad, desarrollo económico, empleo, educación y equidad social, sino también por la perspectiva de que la industria de la energía en el país podría volver a ser la fuente de riqueza para el crecimiento de la economía.

Según estudios de la Secretaría de Energía y de agencias internacionales, México cuenta con importantes reservas de shale gas (gas de lutitas o esquistos), un energético que hasta ahora no se ha aprovechado en el país, y cuya explotación generaría empleos permanentes en el sector formal de la economía.

Hay diversas estimaciones de las reservas nacionales de shale gas. El Departamento de Energía de EU las calcula en 681 billones de pies cúbicos en la continuación de la formación Eagle Ford, que hace frontera con ese país, y en otras cuencas. Con información geológica y geoquímica precaria, Pemex las estima entre 250 y 450 billones de pies cúbicos.

El uso de shale gas para fines domésticos e industriales tiene ventajas sobre los refinados del petróleo crudo, tanto porque su costo es menor como porque emite menos dióxido de carbono a la atmósfera, pero su explotación plantea diversos retos, como la necesidad de hacer estimaciones más precisas de las reservas, así como las complejidades de la perforación.

Uno de los problemas a resolver es el transporte del agua, a la que deben agregarse ciertos químicos para fracturar la roca y liberar el gas, ya que en la región donde se cree que están los yacimientos no hay suficiente agua.

La explotación del shale gas demanda fuertes inversiones en infraestructura y capacidad de ejecución, así como la adquisición de tecnologías no disponibles en el país. A ello se agrega la necesidad de construir extensas redes de ductos para transportar el gas a los centros de consumo. Las anunciadas inversiones por 10 mil millones de dólares para el Sistema Nacional de Gasoductos podrían ir en esa dirección.

La experiencia de los Estados Unidos enseña que aunque el shale gas es amigable con el medio ambiente, no es enteramente inocuo, por lo que habría que procurar el uso de tecnologías para la reutilización del agua y mantener una adecuada supervisión para reducir la emisión de gases durante la explotación. Por su parte, la mayoría de los países europeos han tomado una actitud cautelosa respecto a la viabilidad económica y ambiental de este tipo de gas.

Para Pemex, el gas natural compite con el crudo, que ha sido más rentable, por lo que se ha privilegiado su producción, al grado de que se han quemado y emitido a la atmósfera volúmenes importantes de gas asociado.

Los presupuestos y las habilidades de Pemex son limitados, y si se desea avanzar en la exploración y explotación de shale gas habrá que definir las prioridades. Podría requerirse un nuevo esquema jurídico y normativo que facilite y regule su exploración y explotación, así como dotar de mayor autonomía a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a fin de que desarrolle la regulación necesaria para aprobar y supervisar la ejecución de este tipo de proyectos.

México debe aprovechar este energético, pero hay que hacer los estudios geológicos, económicos y ambientales para tener certidumbre de su explotación y prever los cambios que provocaría tanto en la industria energética como en el conjunto de la actividad económica.

La adecuada explotación del shale gas requiere de planeación de corto, mediano y largo plazos para valorar alcances, recursos y metas, como parte de las prioridades nacionales, a fin de evitar costosos errores y catapultar el desarrollo de importantes regiones y actividades económicas del país.

  EL UNIVERSAL, 17 abril, 2012

 

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Funeral de Honor en Palacio Nacional

+ Hazaña de un Presidente que recibó el país al borde del colapso 

+ No permitiré que el país se nos deshaga en las manos, nos decía

+ 1982-88: Renovó estructuras económicas, morales y sociales

+ Entereza, visión de Estado y liderazgo profundamente humanista

Francisco Rojas

Escribo estas líneas lleno de dolor por la pérdida de uno de los hombres más rectos y uno de los amigos y maestros más generosos que he conocido. Mi primer encuentro con él fue al iniciarse el decenio de 1970. Desde el principio me manifestó una grata empatía y yo, por mi parte, me quedé impresionado por su inteligencia, asertividad y bonhomía.

 En estos días de luto se ha recordado la hazaña política de un Presidente que recibió al país a punto del colapso, y que con lenguaje sincero logró la confianza de todos los sectores para encabezar la ardua y a veces amarga tarea de devolverle la viabilidad a México.

 Yo también, en los siguientes párrafos, menciono y puntualizo sus grandes desafíos y sus logros más significativos, pero no he podido escribir sobre Miguel de la Madrid de manera impersonal y fría.

 De lo que sí estoy seguro es de que su obra en favor de México apenas ha empezado a ser reconocida y de que su figura será revalorada porque supo actuar con serenidad y visión de Estado en el momento en que la única prioridad nacional era superar una de las crisis más severas con que se haya iniciado cualquier gobierno en nuestro país.

 Si la historia coloca a sus protagonistas en el lugar que en justicia les corresponde, el presidente Miguel de la Madrid será plenamente reconocido.

Desde su campaña política y en los meses previos al cambio de gobierno, De la Madrid tuvo claro que en el siguiente período de gobierno el país tendría que renovar muchas de sus estructuras no sólo económicas, sino también sociales y morales. 

 En su toma de posesión hizo y cumplió un compromiso trascendental ante la nación: “con sacrificios, pero no permitiré que el país se nos deshaga en las manos”. Esta determinación, su austeridad republicana y su absoluta honradez fueron las guías de su mandato.

 En diciembre de 1982, cuando asume el poder, convergían los graves desarreglos de la economía mexicana y los cambios profundos del amanecer de la globalidad. Acuciado por una deuda externa de 87,500 millones de dólares y presionado por el paradigma económico que dejaba atrás al Estado benefactor para ceder la asignación de recursos al mercado, al influjo del presidente Ronald Reagan y la primera ministra Margaret Thatcher, México parecía no tener salidas.

 Con las reservas internacionales agotadas, el país tuvo dificultades para la adquisición de materias primas, partes y hasta alimentos importados; el PIB sufrió una contracción de 4.2% en 1983 y la ligera recuperación económica lograda se revirtió por el desplome  de los precios del petróleo hasta 6 dólares por barril en 1986 y los efectos financieros de la caída del Índice Dow Jones de 22.6% en octubre de 1987.

 Todos los indicadores auguraban una catástrofe. La inflación en 1982 bordeó el 100%, el déficit fiscal alcanzaba el 17% del PIB, el 10% de la población económicamente activa estaba desempleada y la moneda nacional había perdido la mitad de su valor en un solo año. El clima de los negocios se había enrarecido por la expropiación bancaria, las corrientes de capital externo se habían esfumado y el gasto público estaba desbocado.

 A los daños sociales de la debacle económica se agregaron la explosión de gas en San Juanico, el huracán Gilberto, la erupción del Chichonal  y, por si fuera poco,  los terremotos de 1985 que provocaron miles de muertes y tuvieron un costo estimado en unos cinco puntos del PIB.

 Con una clara vocación social, el Presidente emprendió una vasta tarea de recuperación, reconstrucción y construcción de viviendas afectadas por los sismos de 1985, para beneficio de más de 100 mil familias en apenas 24 meses que, además, reactivó la economía y el empleo.

 Para salir adelante se necesitaba una gran entereza del pueblo y un liderazgo firme pero profundamente humano, como el que ejerció Miguel de la Madrid. México tuvo que hacer cambios estructurales de gran calado: adoptó un proyecto económico más afín con la competencia y la globalización; se adhirió al GATT, antecedente de la Organización Mundial de Comercio y renegoció la deuda externa.

 En lo interno, propició el retorno de los capitales privados al sector financiero, desincorporó buena parte de las empresas públicas, aligeró la burocracia y restableció la confianza de los inversionistas, al tiempo que impulsó a la industria micro, pequeña y mediana y el movimiento cooperativo; para impulsar el turismo se creó el complejo  de las Bahías de Huatulco.

 Miguel de la Madrid fue un conciliador nato; mediante los Pactos Nacionales concitó voluntades para reactivar la economía. A pesar de los problemas tan delicados que vivíamos, logró que el gobierno, los trabajadores y los empresarios se reunieran alrededor de una mesa para tomar acuerdos. El gobierno redujo el gasto público;  los trabajadores moderaron sus demandas salariales y los empresarios volvieron a invertir.

 Como el gran constitucionalista que fue, Miguel de la Madrid promovió el capítulo económico de la Carta Magna con reformas a los artículos 25 y 28 en el que se definen los sectores estratégicos y prioritarios; el sistema de Planeación democrática previsto en el artículo 26; la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; las reformas al artículo 115 para darle mayores potestades y facultades a los municipios; los cambios al artículo 89 que elevan los principios de la política exterior mexicana a rango constitucional.

 El nuevo proyecto nacional exigía instituciones también nuevas, como la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, precursora de la transparencia y la rendición de cuentas, piezas esenciales de la democracia. Esa secretaría representó el primer esfuerzo institucional de la historia para combatir la corrupción y establecer nuevas bases sobre las responsabilidades de los servidores públicos siguiendo el pensamiento juarista. 

 Con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, México se internó en la protección al medio ambiente y el desarrollo sustentable. El gobierno sentó las bases para la descentralización de los dos ejes de la política social: la Educación y la Salud públicas a los gobiernos de los Estados, constituyó el IMER, el IMCINE, IMSS-COPLAMAR y  el Sistema Nacional de Investigadores. La creación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal devolvió los derechos políticos a los capitalinos.

 En el ámbito internacional, México ratificó sus lealtades esenciales. Con visión latinoamericanista, junto con los gobiernos de Venezuela, Colombia y Panamá, formó el Grupo de Contadora que propugnó el desarrollo económico y social de Centroamérica como la única solución moralmente válida a los conflictos armados que asolaban la región.

Vuelvo al ámbito personal que procuré inhibir para dejar constancia, en los párrafos precedentes, del tamaño de los retos y la dimensión de la obra política de Miguel de la Madrid. Hacia mediados de los años 1970, me invitó a ser su asesor en la subsecretaría de Hacienda y allí empezó una relación de trabajo que duró 15 años y una relación de amistad que duró hasta el último día de su vida.

 Fui su asesor en la Subsecretaría de Hacienda y Coordinador de Gestión en la Secretaría de Programación y Presupuesto; en su campaña política organicé las reuniones de Prioridades Nacionales. Al asumir la Presidencia me encargó fundar la SECOGEF y luego me designó Director General de PEMEX.

 Miguel de la Madrid fue un mexicano de dimensión histórica que supo imponerse a las adversidades desde su infancia; abrevó en la sabiduría de grandes maestros del Derecho y, con bonhomía, paciencia y conocimientos formó una camada de jóvenes profesionistas que marcarían el destino de México en los años subsecuentes.

 Mi vida pública habría sido otra sin la confianza que siempre me dispensó y el gran estímulo que me dio para mi formación como servidor público con visión de Estado. Es mucho lo que le debo y no tengo más que agradecimientos por su generosidad, por haberme permitido servirle a él y al país.

A su viuda, doña Paloma Cordero, a sus hijos Margarita, Enrique, Miguel, Federico y Gerardo y, a su familia en general, les hago patente mi respeto y mis más hondas condolencias por esta pérdida irreparable.

Descanse en Paz. 

Miguel de la Madrid. Colima, 1934-Distrito Federal, 2012

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+ Despierta suspicacia la intentona de crear una Fiscalía

+ México, lugar 98 en el índice de percepción de corrupción

+ Hace falta  una reforma integral y restaurar valores éticos

CORRUPCIÓN

Francisco Rojas

La corrupción no puede disociarse de la impunidad; ambas perversiones debilitan el Estado de Derecho y se han exacerbado en los años del panismo. Entre 2001 y 2010, México pasó del lugar 51 al 98 entre los países con mayor Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y según el reporte Governance Indicators 1996-2008 del Banco Mundial, el país logró una calificación de apenas 50 sobre cien, inferior a las de Bahamas (91), Chile (87) y Costa Rica (68).

 Como lo exhiben a diario los medios, la corrupción, la impunidad y el abuso que las prohíja, no son exclusivas de la vida pública; son vicios también de los particulares de distintos estratos sociales, pero sobre todo de las elites. Atribuirlos sólo a los servidores públicos es una falsedad que debilita las instituciones nacionales.

 Abatir estos fenómenos requiere una política que incluya no sólo la revisión de las leyes, sino otras acciones que atiendan a la recuperación de la cultura y los valores cívicos y éticos, a los contenidos y calidad de la educación y a la restauración del tejido social.

 Para que esa política funcione, debe haber coherencia entre sus distintos elementos y precisión de tiempos y metas. Las medidas deben estar dirigidas a erradicar la corrupción y la impunidad y no ser utilizadas con fines electorales o para la persecución de adversarios políticos, pues la arbitrariedad es una de las modalidades más devastadoras del binomio corrupción-impunidad.

 El desgaste del sistema de seguridad pública y justicia se ha agravado tanto, que es previsible que el próximo Gobierno y la siguiente Legislatura, cualquiera sea su composición partidista, promuevan una reforma integral y profunda en estos temas, incluyendo el combate a la corrupción y la impunidad.

 Por eso desconcierta que se trate de legislar sobre estos aspectos proponiendo crear una Fiscalía Nacional contra la Corrupción y un Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos, cuando falta un mes para la clausura del actual período de sesiones y tres meses para las elecciones de un nuevo gobierno y un nuevo Congreso.

 Perturba que se siga asumiendo que los problemas se resuelven con nuevas leyes, que incluso se contradicen con otras, en vez de aplicar correctamente las existentes, y que se pretenda crear instituciones que se sobreponen a las actuales, en vez de fortalecer las que ya se tienen.

 Los evidentes errores técnico-jurídicos de esta iniciativa, sugieren que fue dictada por la ocurrencia y no por la reflexión reposada. Es apenas creíble que esté hecha para investigar y perseguir los “delitos de corrupción” y el uso de recursos financieros de procedencia ilícita, cuando ninguna ley define el concepto de corrupción y las conductas tipificadas como penales, como son el peculado, la desviación de recursos públicos, la alteración de documentos públicos“, el tráfico de influencias y la “usurpación de funciones”, entre otras, se abordan en otras leyes y se persiguen por otras instancias.

 Por otra parte y no menos importante, es el inmenso poder que se otorgaría al titular de la Fiscalía que desbordaría los linderos de la Federación y violentaría la autonomía de los poderes estatales y municipales, lo que trastocaría uno de los atributos de la República Mexicana, contenidos en los artículos 40 y 115 de nuestra Carta Magna.

 El combate a las prácticas corruptas y a la impunidad no es un asunto que deba circunscribirse a cárceles y carceleros. Acabemos con el denominado “populismo punitivo” y con la creencia de que con más burocratismo se van a combatir con eficacia estas lacras. El sentido común y la sensatez sugieren que acciones como las reformas constitucionales en materia de justicia, no pueden iniciarse al cuarto para las doce sin generar suspicacias.

EL UNIVERSAL, 3 abril, 2012.-

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+ Un acuerdo sobre explotación petrolera en tiempo electoral

+ Los riesgos que implica para la inequidad en contra de México

+ Mejor conviene que la decisión la tomen los futuros gobiernos

YACIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS

Francisco Rojas

En los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos, el país con mayores recursos tecnológicos y económicos podría extraerlos no sólo del subsuelo debajo de su territorio, sino también del que pertenece a otros países; esta posibilidad es conocida por la opinión pública como “efecto popote”. Hasta ahora no hay datos ciertos de que esto haya sucedido en México.

 En el año 2000 se suscribió con Estados Unidos un tratado para delimitar la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México más allá de las 200 millas náuticas y una moratoria para la explotación de yacimientos transfronterizos en el llamado “Hoyo de Dona” que expiró en enero de 2011, y fue renovado hasta 2014, según se informó, para permitir la celebración y ratificación de este nuevo acuerdo.

 En tal sentido, el 20 de febrero las cancilleres de los dos países firmaron un tratado sobre la exploración y explotación de los hidrocarburos en yacimientos transfronterizos en el Golfo de México, enviado al Senado ocho días después, y cuyas repercusiones jurídicas, económicas y políticas son importantes, de muy largo plazo, pero que no están suficientemente claras, pues se trata de un acuerdo-marco del cual se derivarían acuerdos entre Pemex y las empresas privadas sobre unificación de yacimientos, distribución de costos, responsabilidades y beneficios, cuyo contenido ya no sería del conocimiento previo del Senado, y podrían entrar en conflicto con las restricciones constitucionales y establecer precedentes para otro tipo de explotaciones en regiones distintas a las fronterizas.

  Con el tratado se establecería una relación inequitativa entre Pemex, que está estrictamente regulado, y empresas internacionales en cuyas actividades no intervienen sus gobiernos. Además, para resolver cuestiones de gran calado, el tratado establece plazos perentorios que quizá Pemex no pueda cumplir por limitaciones técnicas o administrativas, por lo que da amplias facultades a un “tercero experto”, cuyas decisiones podrían estar encima de los intereses soberanos de México.

 Por supuesto que está en el interés de los dos países convenir asuntos esenciales como la protección de yacimientos compartidos, su ritmo de exploración y explotación, quién hará los trabajos, cómo se distribuirán costos y beneficios. Pero el tratado debe ser consistente con el interés nacional y los principios de política exterior establecidos en el artículo 89 constitucional, por lo que el gobierno debe proveer al Senado de toda la información detallada sobre lo que se pretende acordar y las repercusiones para el país. Es probable que lo mismo haga el Senado estadunidense.

 El texto firmado por la Cancillería sería un tratado internacional en toda la forma sólo para México, ya que para Estados Unidos sería un acuerdo ejecutivo de alcance federal aprobado por el Capitolio. Nuestro país debería someterse a los preceptos de la Convención de Viena de 1969, según los cuales no podríamos retirarnos aunque adujéramos que contraría a la Constitución, mientras que aquel país lo podría hacer con mayor facilidad. Por otra parte, los estados y los condados no estarían obligados por el tratado, y podrían legislar en su contra como tal vez lo hiciera Texas, por ejemplo, por temor a daños ambientales derivados de accidentes petroleros.

 No entendemos cuál es la prisa; lo más conveniente para el país es no precipitarse, esperar la reacción del Congreso estadounidense, ya que allá también es año electoral, y aprovechar al máximo el plazo disponible para renegociar cuidadosamente el tratado. Lo ideal sería que se diera oportunidad para que los gobiernos y congresos que tendrán los dos países en 2013 negocien un tratado justo y equitativo de larga duración.

EL UNIVERSAL, 20 marzo, 2012.-

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+ Hay impulsos autoritarios en las altas esferas del poder

+ A veces inventan enemigos para imponer sus políticas

+ Desechemos el encono, el odio y, restablezcamos la paz

CIVILIDAD

Francisco Rojas

En 2012, México vivirá uno de los momentos más delicados de su historia reciente, no sólo por el desmesurado aumento de problemas y agudización de otros, como la violencia criminal, sino por la impericia, corrupción, impunidad e impulsos autoritarios en altas esferas del poder.

 Tenemos retos inmensos en materias tan sensibles como educación, salud, rescate de los más pobres e inserción de los desempleados, subempleados, informales y otros al empleo digno y bien remunerado en la economía formal. Lejos de amainar, la corrupción es cada año más escandalosa, como ha documentado la Auditoría Superior de la Federación.

 La solución no está al alcance de las familias que padecen los problemas; corresponde a gobernantes y legisladores formular y aplicar políticas públicas que atiendan la raíz de las grandes necesidades. Los políticos no podemos eludir esa responsabilidad ni ocuparnos del corto plazo a expensas de soluciones de fondo. Tampoco podemos vivir en el conflicto, convertir diálogo en intercambio de diatribas o ser esclavos de prejuicios y obsesiones que siembran resentimiento cuando el país reclama civilidad y suma de talentos.

  La historia demuestra que el descrédito, persecución o encarcelamiento de los opositores con la justicia como pretexto, son recursos de los Estados autoritarios para conservar el poder en contra o al margen de la voluntad ciudadana. Una forma de autoritarismo es la intromisión de los gobiernos en las elecciones con la conversión de funcionarios en activistas electorales de facto y el uso de recursos públicos para comprar voluntades. Estos actos son ilegales y violan el derecho de los ciudadanos a elegir libremente gobernantes y legisladores, porque entrañan manipulación de la información y la opinión ciudadana.

 El autoritarismo necesita y prohíja la aceptación social. Para ello crea la percepción de riesgo y caos que induce a parte de la población a clamar por un gobierno de “mano dura” capaz de imponer orden. A la vez, inventa un “enemigo” carente de voluntad y determinación para imponer la disciplina social, que justifique la continuidad de sus políticas.

 En México eso podría explicar que se haya planteado el combate al crimen como “guerra” y que se movilicen los mecanismos formales e informales de propaganda para crear la impresión de que el PRI es el “enemigo”. Con igual intención se recurre a presiones sobre las autoridades electorales, encuestas que falsean la realidad, uso indebido de recursos, persecuciones mediáticas, etcétera.

 Por eso considero saludable el reconocimiento del Presidente, en su discurso del 24 de febrero, de su compromiso de demostrar en los hechos la convicción democrática que manifiesta en las palabras. El PRI confía en que el discurso será honrado y atendido por todos los servidores públicos de su gobierno; también espera que no se incurra más en el uso de recursos públicos con fines electorales ni en otras prácticas que no sólo contradicen el credo democrático, sino que a menudo se colocan en la ilegalidad y eso, en un país que necesita el fortalecimiento del Estado de derecho, es por todos conceptos reprobable.

 México necesita el pronto restablecimiento del tejido social, no sólo por elemental justicia, sino por bien del país. No es justo ni ético continuar debilitando a las instituciones ni erosionando la credibilidad de los actores políticos. Desechemos el encono y el odio fratricida y restablezcamos la paz y la tranquilidad, que son el clamor genuino de la sociedad.

 Es cierto que la gente se ocupa más de sus problemas cotidianos que de los asuntos públicos, pero cada ciudadano sabe que a través del voto puede remover a un grupo político cuando sus resultados son tan desastrosos.

 Como sea, es plausible que, al comprometerse a propiciar la legalidad, libertad, seguridad y serenidad electoral y respetar los resultados, el presidente Calderón haya corregido sus dichos. Los priístas le tomamos la palabra y esperamos que sus promesas no sean traicionadas por hechos futuros.

EL UIVERSAL, 6 marzo, 2012.-

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+ Desde el PAN,  sólo grisura, vaguedades y frases efectistas

+ Fiscalización de la izquierda ¿nuevos Guardias Rojos chinos?

+ Con Franco y Mussolini, el Estado invadió la esfera personal

+ Ante problemas agudizados, el país demanda propuestas claras

REPUBLICA AMOROSA

Francisco Rojas

Ante la concurrencia de problemas agudizados, como la pobreza y la desigualdad, y otros creados o agravados por los gobiernos de la alternancia, como la violencia y el marasmo económico, las campañas deberían servir para discutir las tribulaciones que han marcado lo que va del siglo y las propuestas de partidos y candidatos para superarlas.

 El cambio de gobierno a finales del año será diferente a los anteriores porque coincidirán las emergencias internas —como el encarecimiento de la canasta básica originado en la sequía y en la ausencia de un programa de seguridad alimentaria— con un entorno externo incierto, por la incertidumbre de que la Unión Europea logre detener el derrumbe del euro y del mercado común, y logre, en próximos meses, dar permanencia a los acuerdos sobre límites al déficit y al endeudamiento.

 ¿Cuáles son las ideas de los virtuales candidatos de derecha y izquierda? La ganadora del proceso interno del PAN sólo ha dicho vaguedades y frases efectistas, sea porque así lo aconsejan sus estrategas o porque esa es su real dimensión, como lo apuntara uno de sus contendientes al acusarla de grisura o nulidad en su gestión frente a la diputación panista. Las ideas del candidato de las “izquierdas” están en el libro Nuevo proyecto de nación, escrito por más de 30 autores.

 La “república amorosa”, que aún desconcierta a los propios partidarios de López Obrador, parece emparentada con el capítulo 1 del libro, que propone crear instituciones en las que la “comunidad de ciudadanos participativos tiene real poder político y constituye un poder social” y los ejerce a través de una acción “fiscalizadora (que) vigila y corrige a legisladores y gobernantes cuando éstas (sic) no observan las propuestas (…) de la comunidad participativa”. Estas instituciones operarían “en todos los niveles del orden político (y su función sería) vigilar y castigar a los representantes cuando no cumplen (sic) con sus obligaciones”. Les correspondería, insiste, “escuchar las demandas de los ciudadanos y vigilar a las autoridades públicas con objeto de corregir las desviaciones”.

 El libro no explica las “instituciones participativas”, pero la insistencia en la vigilancia y castigo del pueblo a los representantes y gobernantes recuerda a los Guardias Rojos que en la Revolución Cultural china, iniciada en 1966, fueron facultados para algo parecido: vigilar y castigar a intelectuales y funcionarios del partido, gobierno y ejército que se desviaran hacia las ideas capitalistas.

 La propuesta de la “república amorosa” ha sido objeto de otras interpretaciones. La más frecuente es que es una simulación para maquillar la imagen pendenciera que adquirió López Obrador desde que tomó y amenazó con volar pozos petroleros en Macuspana, Tabasco, y movilizó a centenares de barrenderos de ese estado al Zócalo capitalino, hasta el conflicto poselectoral de 2006 y 2007.

 Otros advierten que la honestidad y la justicia son valores no asimilables al amor, que es un sentimiento profundamente íntimo, ni éste se puede atar a la República, ente social y político por excelencia. Y que cuando se vincularon estos conceptos, el Estado invadió la esfera personal, como en las tiranías de Franco y Mussolini. Preocupa que un candidato prohíje algo parecido para México.

 La imagen camorrista de quien hoy predica el amor es indeleble porque los agravios que lastiman la honra y vituperan a seres queridos “quedan allí siempre”, como dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en entrevista con Joaquín López-Dóriga tras su reencuentro con López Obrador.

 Y es que, ¿cómo creer a quien ha ofendido y enjuiciado con dedo flamígero a los que ahora busca como aliados? ¿Cómo creer que quien mandó al diablo las instituciones ahora sí respetaría a árbitros que siempre ha descalificado? ¿Cómo entender el amor al prójimo de quien lesionó por meses a miles con el secuestro de la avenida Reforma?

 López Obrador aún debe explicar, entre otros, por qué como jefe de Gobierno se rodeó de personajes impresentables, así como el aumento de la delincuencia y la falta de transparencia y rendición de cuentas de muchos de sus actos. Es bueno predicar, pero es mejor hacerlo con el ejemplo.

EL UNIVERSAL, 21 de febrero, 2012.-

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+ Pobreza y desempleo, saldos de la política económica fallida

+ Además de la violencia, aumenta la corrupción y la impunidad

+ Se usan recursos públicos para comprar votos y voluntades 

+ Poder autoritario intenta judicializar  los procesos electorales

 

ESTADO Y JUSTICIA

Francisco Rojas

Ante las difíciles perspectivas de 2012 en materia económica, social, climática y de violencia, y los nubarrones en el ámbito político, el PRIen la Cámara de Diputados impulsará nuevas leyes y reformas a las ya existentes, articuladas por tres ejes: restaurar el Estado de derecho, propiciar un Estado fuerte y eficaz, y combatir la corrupción e impunidad.

El Estado de Derecho en México está erosionado por el aumento de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, que son los saldos vergonzosos de una política económica fallida, que sacrifica el crecimiento en aras de una estabilidad macroeconómica a ultranza. Está debilitado por el deterioro de la cultura de leyes debido, entre otras causas, al clima de violencia que en el país y al aumento de la corrupción y la impunidad.

Se ha socavado el Estado de Derecho porque se confunde al gobierno con partido político y se usan recursos públicos para comprar voluntades y votos. Más aun, cuando se usan las instituciones de justicia para cerrar el paso a un partido distinto o para difamar a personajes cuyas ideas no coinciden con las del partido en el poder.

Se requiere restaurar el Estado de Derecho, y el primer requisito es garantizar las libertades y la consolidación de la democracia. Debemos robustecerlo para recuperar la viabilidad económica y social del país en un clima de paz y tranquilidad, y para construir una sólida cultura de respeto a las leyes y normas, que garantice el imperio de la ley por sobre ambiciones electoreras.

Un paso indispensable hacia la reconducción nacional es el combate eficaz a la corrupción y a la impunidad, que corroen las instituciones y alejan al ciudadano del empeño por labrar su bienestar personal y familiar a través del trabajo honesto. Nada de lo que se haga para alcanzar una sociedad más justa tendrá resultados mientras las conductas delictuosas reciban más incentivos que la capacitación, mérito y esfuerzo personal.

Pero también necesitamos un Estado fuerte, cuya vitalidad no se exprese sólo a través del monopolio de la violencia legítima ni menos en el despilfarro de recursos para mantener la pesada obesidad burocrática. La fuerza del Estado radica en su eficacia para garantizar respeto al orden jurídico, que empieza por los gobernantes.

El Estado es fuerte cuando es eficaz en la ejecución de los planes, programas y acciones concretas en beneficio de la colectividad y muy señaladamente de sus estratos más vulnerables, lo que entraña, entre otras obligaciones, la de impedir que los poderes informales tengan una injerencia indebida en la toma de decisiones que corresponden a las instituciones públicas.

Es fuerte el Estado cuando es eficaz para reducir la desigualdad ancestral que mantiene en la marginación a la mayoría de indígenas, a los campesinos pobres o los estratos marginados que sobreviven en la periferia de ciudades, donde la pobreza degrada la vida y fractura la familia.

Es fuerte el Estado cuando tiene vocación y capacidad para hacer valer la ley sin distingos, lo que significa erradicar excesos y privilegios que ofenden a la sociedad porque suponen el abuso del poder que debe servir a todos por igual. Combatir a fondo estos vicios exige llevar la procuración e impartición de justicia al grado de excelencia, para asegurar que no haya delitos sin sanción ni exista el riesgo de castigar a inocentes.

Pero no puede haber justicia cuando las instituciones que deben procurarla se apartan de la legalidad para convertirse en arietes de un poder autoritario que intenta judicializar los procesos electorales, en los que el gobierno no es parte, sino que debe ser garante de la manifestación libre de la voluntad de todos los ciudadanos.

No hay que confundirse ni confundir. Los adversarios no son enemigos porque las elecciones no son guerras, sino ejercicios democráticos que buscan mejores opciones para el país. Los diputados priístas dialogaremos con todas las fuerzas políticas porque la democracia debe ser incluyente; nos esforzaremos por construir acuerdos para cerrar ciclos legislativos en el último período de sesiones de la LXI Legislatura, aun en medio esta polarización y atentados a las instituciones, que abonan peligrosamente a la ingobernabilidad.

 EL UNIVERSAL, 7 febrero, 2012.- 

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+ Hay propuestas electorales que suenan a Economía Milagro

+ AMLO sustenta plan económico en principios neoliberales

+ ¿Acaso es la reedición de la multiplicación de panes y peces?

ECONOMIA MILAGRO

Francisco Rojas

 La propuesta económica que predica Andrés Manuel López Obrador podría parecer atractiva en algunos objetivos, pero es al parecer insuficiente y contradictoria en su instrumentación. En un ejemplo de que prometer no empobrece, se pronuncia por generar 7 millones de empleos, fortalecer el mercado interno y estimular la inversión privada, uno de cuyos motores sería la inversión pública, pero al mismo tiempo propone una política fiscal sin déficit, sin endeudamiento ni más impuestos, la supresión del IETU y los privilegios fiscales.

 El “nuevo equilibrio macroeconómico” sería excelente si fuera posible, pero sus objetivos son contradictorios. Para que no haya déficit fiscal —propuesta central del neoliberalismo— los gastos deben ser iguales o inferiores a los ingresos. Lograrlo sin más impuestos requiere férrea disciplina en el gasto público, lo que parece buscarse con un “gobierno austero y honesto”, que combatiría la corrupción y reduciría “gastos superfluos”, procurando ahorros por 600 mil millones de pesos, sin aclarar cuáles serían, ni cómo los lograrían; disminuir sueldos y prestaciones a los altos funcionarios no daría semejante monto.

 Para que la economía crezca 6% anual, se generen un millón 200 mil empleos cada año, baje la pobreza en 13 millones de personas y se elimine la pobreza alimentaria, propone que la inversión pública y privada crezcan a tasa anual del 16%, cuando su crecimiento medio anual en este sexenio ha sido de 4.3% y el del sexenio anterior de 3.6%, y fortalecer el mercado interno aumentando salarios; suponemos, pues no lo dice, que todo esto se alcanzaría sin alzas de inflación ni desequilibrios en la balanza de pagos.

 Estos crecimientos anuales de la inversión se han dado en China e India en circunstancias diferentes; aquí se pretende lograrlos con varias medidas inmediatistas como: reducción de precios de insumos clave como la energía y la infraestructura y con grandes proyectos públicos, que implicarían mayor gasto público vía subsidios o inversiones de un fisco que sólo recauda alrededor de 9% del PIB, pese al incremento en las tasas impositivas y la implantación de nuevos gravámenes, principalmente en este sexenio.

 La propuesta incluye eliminar “privilegios fiscales” y eso suena muy bien, pues a cualquier causante le incomoda saber que hay privilegiados; pero si por privilegios se entienden los llamados Gastos Fiscales, la mayor parte de estos, 300 mil millones de pesos, se refieren a: no gravar con IVA alimentos y medicinas, exentar a los trabajadores de bajos salarios y subsidiar la gasolina. Eliminar estos rubros afectaría el ingreso de la población y el mercado interno y elevaría los precios, lo que se contradice con la propuesta.

 Si no hay aumento de impuestos y se deja de sangrar a Pemex para permitirle mayor inversión con recursos propios, no se entiende cómo se financiaría la inversión cuando la banca privada —de la que no se menciona cambio alguno— hace su principal negocio con los créditos al gobierno, al consumo y las comisiones. Tampoco se explicita el papel de la banca de desarrollo ni se menciona su reorganización y reactivación.

 En resumen, aumentar el gasto público para lograr las descomunales tasas de inversión requeridas para crecer a 6% anual y crear los millones de empleos prometidos, disminuir la pobreza, subir salarios, no aumentar impuestos, no endeudarse, no causar inflación ni generar déficits en la balanza de pagos suena a “Economía Milagro”; ¿estaríamos ante una reedición de la multiplicación de los panes y los peces?

 Ciertos objetivos de López Obrador son compartidos por algunas personas, pero no se debe tratar estos temas a la ligera y hacer promesas irresponsables e imposibles de cumplir; recordemos las que se hicieron en este sexenio sobre el empleo y otras áreas, y los resultados logrados. Además, no deben hacerse propuestas serias para la economía haciendo abstracción del incierto panorama internacional, ya que no somos una “isla blindada” inmune a lo que suceda en el resto del mundo. Las propuestas electorales deben ser constructivas, serias y responsables.

EL UNIVERSAL, 24 enero, 2012.-

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Atención a  un solo tema y se ignora  todos los demás

+ Se ha explorado la viabilidad de judicializar la política

+ Por la sequía,  el hambre agrava la pobreza extrema

REDUCCIONISMO

Francisco Rojas

México y los mexicanos vivimos en uno de los periodos más difíciles de la historia posrevolucionaria, no sólo por los factores adversos del exterior, como la crisis financiera internacional de 2008 y reavivada desde la segunda mitad de 2011, sino también por una gestión gubernamental que equivocó sus objetivos y sus métodos.

 El factor común de los desaciertos del gobierno es su visión reduccionista, entendida como la atención exclusiva a un solo tema y la ignorancia de todos los demás. Hace cinco años, el único objetivo era lograr la legitimidad que el nuevo gobierno no había conseguido en las elecciones, y con ese objetivo se declaró la guerra al narco.

 Desde mediados del sexenio el gobierno se volcó hacia una segunda prioridad: impedir que un priísta ocupe la Presidencia de la República. Con tal propósito se han promovido alianzas, a veces fallidas, con la fuerza que durante tres años calificó de “espurio” al presidente, y se ha explorado la viabilidad de judicializar la política.

 Esto ha hecho que el gobierno desatienda otros problemas angustiantes para la sociedad, como la construcción y ejecución de una política económica contracíclica que genere empleos formales y fortalezca el mercado interno. Eso explica que las autoridades no parezcan advertir la gravedad de los problemas del campo y los devastadores efectos que ya tienen sobre las familias campesinas, primero, y sobre el resto de los consumidores, en unos días o semanas más.

 Con bases jurídicas o sin ellas, el gobierno se ocupa de descalificar los esfuerzos de la Cámara de Diputados para crear un fondo de apoyo a los campesinos afectados por la sequía. Pero lo que está en juego no son las facultades de una institución, sino la disponibilidad de alimentos, los precios de la canasta básica y el hambre que agravará la pobreza extrema y el malestar social.

 El 2011 fue catastrófico para el campo mexicano y todo indica que 2012 será peor. A principios de 2011, la población de 11 estados fue víctima de heladas inusuales que arruinaron enormes extensiones de siembra. Ahora, 20 entidades sufren una prolongada sequía que ya ha exigido el despliegue de pipas con agua potable para el salvamento de cientos de miles de personas.

 Estos hechos son dramáticamente reales. Por eso es ocioso que los políticos nos centremos en polémicas sobre atribuciones de uno u otro órganos del Estado o sobre el origen de los recursos, cuando lo que debemos hacer es sumar esfuerzos para acudir de inmediato con las familias campesinas que han perdido sus cosechas, en especial de las que siembran para autoconsumo.

 El problema va a extenderse a las ciudades en poco tiempo, pues las magras existencias de maíz y otros granos presionarán los precios de la canasta básica al alza, y ni siquiera tendremos la posibilidad de comprar alimentos en el exterior, pues naciones como Argentina y EU, los grandes productores, han anunciado que no tendrán suficiente para abastecer la demanda mundial.

 Lo que en este momento importa no es enfrascarnos en discusiones bizantinas sobre quién tiene atribuciones para tomar decisiones, sino que todos hagamos nuestra parte, y la hagamos de inmediato. No se puede esperar que los programas existentes resuelvan problemas que no se pudieron prever; por eso los diputados del PRI hemos instado al Ejecutivo federal a que tome las medidas necesarias y recurra a las fuentes de recursos que estime más convenientes, con tal de mitigar los efectos de la sequía sobre los campesinos y sobre los consumidores en general.

 El objetivo que debe unir a todas las instituciones del Estado y a todos los políticos es hacer lo necesario para que ningún campesino sufra sed ni padezca más hambre, y que los precios de los alimentos básicos se mantengan lo más estables posible, para que no se conviertan en detonadores de la inflación que la voz oficial ha declarado desterrada para siempre.

 Volvamos los ojos a la realidad. Restauremos el tejido social y preservemos la concordia en este año electoral. Fortalezcamos Estado de derecho y gobernabilidad. Protejamos a la gente de amenazas financieras y económicas externas y no olvidemos que México y los mexicanos importan más que los afanes electorales de un partido.

EL UNIVERSAL, 10 enero, 2012.-

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+ En México impera la falta de uso de energías limpias

+ Deterioro ambiental, otro reto además del económico

+ El país demanda un uso más eficiente de energía

ENERGIA YMEDIO AMBIENTE

Francisco Rojas

A los difíciles problemas de impulsar el crecimiento de la economía y mejorar la distribución del ingreso, se agrega el imperativo de revertir el deterioro del medio ambiente, que está llegando al punto de amenazar la supervivencia del ser humano.

 El mundo del siglo XXI se enfrenta a una contradicción: necesita aumentar la producción de alimentos para hacer frente a las necesidades del crecimiento demográfico y a la demanda de algunas economías emergentes de Asia. Pero una mayor producción aumenta la combustión de energéticos que, a su vez, contamina el ambiente, sobrecalienta la atmósfera y altera el clima.

 El origen del problema está en el modelo tecnológico seguido desde de la Revolución Industrial, basado en quema de combustibles fósiles, y en los retos tecnológicos y económicos de la transición hacia fuentes de energía limpias.

 El cambio climático es un fenómeno mundial que exige respuestas de toda la comunidad internacional. Con este propósito, en 1992 se firmaron tres instrumentos en Río de Janeiro: el Tratado del Cambio Climático, la Convención sobre Diversidad Biológica y la Convención para Combatir la Desertificación. Pero ni estos acuerdos ni las posteriores reuniones bienales han logrado revertir el problema, ya que los grandes emisores de bióxido de carbono se resisten a las energías limpias —solar, eólica, geotérmica, hidráulica y bioenergía— tanto por sus altos costos como por los intereses de las grandes compañías petroleras.

 Por el cambio climático, las inundaciones son cada vez más frecuentes y devastadoras y las heladas y sequías son más intensas. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático dice que el problema empeorará, los costos se elevarán y algunas regiones serán cada vez más inhóspitas.

 Por lo que se refiere a México, el panorama no es alentador. La dependencia de los hidrocarburos es de las más altas del mundo: según la Secretaría de Energía, el petróleo aporta el 62% de la energía primaria y el gas natural, el 29%. Sólo el 7% proviene de fuentes energéticas limpias.

 Además, se ha manejado mal la industria petrolera. Los excesos en la explotación de Cantarell y la marcada insuficiencia de las inversiones en exploración, refinación e investigación disminuyeron las reservas y elevarán los costos de producción de hidrocarburos en próximos años.

 Paralelamente, la presión de la población sobre los recursos naturales y la economía es creciente: en sólo 60 años se cuadruplicó la población y las políticas públicas mantienen a la economía estancada, con sus secuelas de desigualdad, pobreza e incapacidad del mercado interno para compensar la contracción de la demanda externa debida a la desaceleración de la economía estadunidense, a la que se destina 85% de nuestras exportaciones.

 La economía mexicana continuará dependiendo del petróleo en el futuro previsible, y eso nos obliga a hacer un uso más eficiente de la energía y a adoptar una estrategia para desarrollar las energías limpias y reducir la emisión de gases.

 México tiene gran potencial de geotermia en sitios que, además, son propicios para el turismo. Las tecnologías para su explotación son sencillas y las inversiones relativamente menores, sobre todo en aplicaciones pasivas como plantas desaladoras y procesos de secado de productos vegetales y animales. El calentamiento del agua para uso comercial y doméstico mediante la energía solar se ha explotado con éxito en muchos países europeos y es una opción en México.

 Para desarrollar las energías limpias el gobierno tiene que impulsar proyectos piloto y brindar apoyo financiero y capacitación para nuevos proyectos, implementar programas de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. La transición a las energías limpias pasa por la energía nuclear. Su desarrollo exige fuertes inversiones a largo plazo, liderazgo y credibilidad en el gobierno y, debido a la percepción de peligro que conlleva, requiere campañas de educación y comunicación.

 Mientras México y el mundo sigan dependiendo de los combustibles fósiles deberán implementar sistemas de captura y confinamiento de carbono (CCC), viables en escala y costo. Estos sistemas serán más necesarios si, como esperamos, la economía superará el estancamiento de once años y retomará el crecimiento sustentable a largo plazo.

EL UNIVERSAL, 27 diciembre, 2011.-

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+ Interdependencia y repercusiones del fenómeno recesivo

+ El mercado interno llamado a ser  recurso compensatorio

+ Partidos: a sumar voluntades contra  pobreza y desigualdad

HACIA 2012

Francisco Rojas

 En vísperas de 2012, el mundo vive tiempos de incertidumbre. Las debilidades del esquema monetario en que se asienta la zona euro, los excesos de algunos gobiernos y las operaciones indebidas de los bancos privados generaron severas crisis financieras, de producción, empleo y consumo en países como Grecia, Portugal y España, e incluso en Italia, y aún no se tiene la certeza de que las medidas acordadas la semana pasada permitan corregir un diseño económico regional que, hoy lo sabemos, estuvo mal concebido desde su origen.

 En el mundo globalizado, las economías están más propensas a contagiarse, y el riesgo es aun mayor debido a las presiones políticas que forzarían al presidente Obama a hacer fuertes recortes a los programas sociales.

 Las perspectivas no son alentadoras. Si los remedios acordados por Alemania y Francia no fueran suficientes, las exportaciones de Estados Unidos y los países asiáticos a Europa se desplomarían, lo que ocasionaría serios perjuicios a sus economías y elevaría las tasas de desempleo y pobreza que afectan en particular a la sociedad estadounidense, lo que a su vez irradiaría hacia el resto del continente.

  En cualquier escenario, la aguda interdependencia internacional extenderá la carga de los problemas económicos de Europa y Estados Unidos hacia el mundo entero a través del comercio exterior y de los movimientos internacionales de capitales. México, que destina al vecino país del norte 85% de sus exportaciones, sería muy vulnerable en un proceso de recesión internacional como ése; por ello nuestro país tiene que aprovechar todo su potencial para preservar en lo posible su economía de las tendencias adversas en el orden global.

 Como lo subrayó en días pasados la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, la estabilidad macroeconómica de nuestro país es una fortaleza apreciable en medio del desconcierto que priva en otras partes del mundo.

 Es muy positivo, pero insuficiente, que hasta ahora no hayamos sufrido un proceso inflacionario galopante o que la devaluación del peso frente al dólar no haya sido ni profunda; la verdadera importancia de estas fortalezas está en saber aprovecharlas para acelerar el crecimiento económico en el entorno internacional adverso que prevalecerá en 2012 cuando menos.

  A partir de la estabilidad, debemos propulsar el crecimiento de la producción, el empleo, el ingreso de las familias y el mercado interno, a fin de enfrentar el fenómeno recesivo mundial. Por ello, para darle certidumbre y tranquilidad al país, en las discusiones de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 2012, los diputados del PRI hicimos ajustes a la propuesta del Ejecutivo federal para asegurar el equilibrio entre ingresos y gastos y, a la vez, fortalecer la inversión pública para que se convierta en un propulsor eficaz de nuevas inversiones privadas, en especial de las pequeñas y medianas industrias, que son las principales generadoras de empleo en la economía formal.

  Más allá de sus legítimas diferencias, los partidos políticos deben sumar voluntades y esfuerzos para enfrentar problemas como la generación de empleo de baja calidad, la pobreza, que afecta a 52% de la población, y la desigualdad que cada día se agudiza. Además de proteger a los trabajadores, debemos también preservar a las clases medias que fueron el gran logro de la industrialización del siglo XX y que ahora, en su estrato popular, están cada vez más cerca de la línea de pobreza urbana, para no agudizar la debilidad de nuestro mercado interno, que debería ser nuestro recurso compensatorio.

 Tenemos problemas que resolver además del crimen organizado, cuyo combate todos acuerpamos, ya que no se puede permitir que la delincuencia subvierta el orden jurídico y afecte a la sociedad, pero tampoco podemos admitir que esa lucha se convierta en el único problema del país y se utilice como pretexto para atacar a fuerzas políticas opuestas y poner en peligro no solo el proceso electoral sino la gobernabilidad, en momentos en que se debe procurar conjuntar esfuerzos y unir voluntades, con visión de Estado, frente a los nubarrones que nos acechan.

EL UNIVERSAL, 13 diciembre, 2011.-

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+ Surge una temeraria lógica de confrontación

+ Distorsión de la historia: los buenos y los malos

+ Se pretende impedir la alternancia a cualquier costo

+ Admirable ejemplo de civismo de los michoacanos

JUGAR CON FUEGO

Francisco Rojas

En los últimos días han ocurrido acontecimientos importantes para la vida del país, ligados entre sí por una temeraria lógica de confrontación electoral. En primer término, la Cámara de Diputados aprobó en tiempo y forma el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, modificando el proyecto enviado por el Ejecutivo, que era centralista, antifederalista, electorero y no protegía al país de las corrientes recesivas externas, mediante el estímulo al crecimiento y al empleo.

 Un segundo hecho se ha dado con una serie de discursos aprovechando cualquier foro, para tratar de impregnar la idea de “los buenos y los malos” distorsionando la historia al identificar a la Revolución Mexicana únicamente con Madero y hacer menciones marginales a figuras centrales como Zapata, Villa, Carranza, Obregón y Calles, por ejemplo.

 Es comprensible que los gobiernos panistas minimicen la esencia popular de la Revolución y desestimen las figuras de quienes lucharon por las garantías sociales y les dieron rango constitucional. Los fundadores del PAN buscaban oponerse a los gobiernos surgidos de la Revolución, y sus herederos actúan en consecuencia.

 Ese mal de origen explica no sólo que se atribuya a Madero todo el mérito de la Revolución, sino que se reduzcan las conquistas del movimiento social a la democracia electoral, cuya evolución, por cierto, fue promovida durante años por los gobiernos del PRI.

 Lo que resulta inaceptable es que se apele a la democracia para justificar la estrategia unívoca de choque contra el crimen organizado, como se hizo al afirmar que México necesita demócratas “que, desde todas las instituciones del Estado, luchen por defender a la sociedad de sus mayores amenazas que representan la violencia, la criminalidad y la impunidad”.

 Otro hecho de gran relevancia fue el proceso electoral ordenado y pacífico de Michoacán, a pesar de la incertidumbre generada por la violencia delincuencial y el precedente de las agresiones arbitrarias a tres decenas de servidores públicos estatales y municipales. Los michoacanos dieron un admirable ejemplo de civismo al resto del país.

 Las elecciones de Michoacán fueron un laboratorio para los comicios federales de 2012. En la campaña del PAN destacaron el derroche de recursos federales a favor de su candidata y la movilización de los delegados de las dependencias federales para inducir el voto, bajo la coordinación de altos funcionarios federales que supervisaron las entregas de dádivas en la entidad.

 Pese a que los partidos derrotados se habían congratulado por el desarrollo pacífico de las campañas, una vez que se dieron a conocer los resultados del PREP y, más tarde, los resultados oficiales, descalificaron el proceso que ellos habían ponderado.

 Particularmente delicado es el discurso falaz y calumnioso que trata de identificar a los gobiernos priístas con el narcotráfico. Las acusaciones, siempre  vagas, han sido constantes desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado, pero al ser usadas como argumentos para descalificar el proceso electoral de Michoacán, dan cuenta del nivel que el panismo se propone dar a las elecciones federales de 2012.

 Es comprensible la desesperación por impedir la alternancia electoral a cualquier costo: no pueden jactarse de haber promovido el crecimiento económico con igualdad, de haber impedido el aumento de la pobreza y menos de haber generado los empleos prometidos. Sólo les queda aferrarse a una estrategia que la realidad y los miles de muertos han derrotado y propiciar la cultura del escándalo, la desinformación y la judicialización del proceso electoral, apoyados por cajas de resonancia que no verifican la autenticidad de una noticia.

 Pero están jugando con fuego. Ni las más fuertes obsesiones por el poder justifican que se invoque al narcotráfico como argumento en la lucha política, pues ello no sólo afecta a todos los partidos y actores políticos, sino que deteriora la credibilidad del sistema electoral mexicano que tanto esfuerzo y dinero le ha costado al país. Si lograran hacer creíbles las imputaciones calumniosas y falaces a base de repetirlas, acabarían por debilitar al Estado nacional como un todo, y eso es algo que no debemos permitir los mexicanos, cualquiera que sea nuestra militancia política. Aún es tiempo de recuperar la sensatez y poner fin a la más sucia de las guerras sucias: la que miente inveteradamente para imputar complicidad y delincuencia a los adversarios políticos.

 EL UNIVERSAL, 29 noviembre, 2011.-

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+ La propuesta del Gobierno ignoraba el difícil entorno mundial

+ Además, era centralista y recortaba  a sectores estratégicos

+ El Congreso lo hace  federalista, redistributivo y contracíclico

GASTO PUBLICO PARA 2012

Francisco Rojas

La orientación de las políticas públicas se refleja en las asignaciones de gasto que plantea el Ejecutivo en su proyecto de Presupuesto de Egresos, sujeto a autorización en la Cámara de Diputados, que representa a toda la nación. El análisis y negociación del presupuesto 2012 implicó múltiples factores que lo hicieron más complejo que en otras ocasiones.

 El proyecto enviado este año por el gobierno del presidente Calderón ignoraba el difícil entorno mundial y las consecuencias que de él pueden derivarse para la economía mexicana y la vida misma de las personas. En aras de privilegiar un mayor equilibrio financiero, ese proyecto dejaba a la economía nacional desprotegida frente a la segunda recesión internacional que está en marcha.

 La del gobierno fue una propuesta percibida como hostil, ya que las previsiones para sectores fundamentales para el bienestar nacional, como campo, educación, salud, inversión pública en carreteras y obras hidráulicas, entre otros, estuvieron muy por debajo de los requerimientos y, en muchos casos, incluso eran menores al presupuesto autorizado para 2011.

 Por ejemplo, la propuesta del Ejecutivo recortaba 6.5% el total de gasto de inversión; en 21.2% al gasto en “comunicaciones y transportes”, un sector fundamental para el crecimiento económico y el bienestar social; también reducía en 19.4% el gasto para el sector agropecuario y pesquero, pese a que en el crecimiento explosivo de la pobreza incide en buena parte el aumento de precios de los alimentos. En cambio, planteaba aumentos en Gobernación, PGR y Seguridad Pública, rubros cuyo presupuesto ha crecido notoriamente en este gobierno, con discutibles resultados.

 Por otro lado, la del gobierno era una propuesta electoral, con aumentos importantes en diversos programas de subsidio directo, tal vez con el objetivo de influir en los sectores más vulnerables y marginados para buscar su respaldo político.

 También era un proyecto centralista, que afectaba a los gobiernos locales al disminuir de forma notoria los fondos federales que sirven para desarrollar proyectos, principalmente de inversión y productivos, en las diversas regiones del país.

 Por estas razones, fue necesario hacer una recomposición a fondo del proyecto, para construir un presupuesto que sustentara una política contracíclica que impulse a la economía nacional y el empleo, con un enfoque federalista; que respaldara al campo por su importancia para la soberanía alimentaria y el bienestar de los trabajadores rurales, y que garantizara que los programas sociales sean usados de forma eficaz con el único objetivo de  incorporar al bienestar a los marginados.

 Estos cambios se complementarán con un nuevo mecanismo financiero para la inversión física en los estados, que se traducirá también en más carreteras, caminos rurales, presas, escuelas y hospitales, entre otros rubros, a fin de promover la economía de diversas zonas del país.

 Nos proponemos con ello impulsar una política económica con aumentos fundamentalmente en el campo mexicano, en el gasto en carreteras y obras hidráulicas, fortalecer programas de educación, salud y obras metropolitanas; apoyar a las comunidades indígenas y rescatar otros programas sociales que habían sido reducidos, pero con reglas claras que buscan evitar que esos programas sean usados con fines electorales.

 El mundo enfrenta cambios muy importantes y avanza a pasos que nos pueden dejar rezagados. En México, los temas que derivan en las discusiones actuales nos enfrentan y dividen, desvían la atención de los problemas estructurales, entorpecen el desarrollo económico y son una barrera en el camino hacia un mayor bienestar social. Por ello, es necesario cambiar el rumbo y mostrar nueva actitud, más constructiva y propositiva. Con el paquete económico surgido del Congreso, daremos un paso importante en ese nuevo rumbo.

 Así, perseguimos que el presupuesto para 2012 tenga un enfoque distinto y que sea federalista, redistributivo y contracíclico. Debemos abandonar lo que nos separa y privilegiar la voluntad política necesaria para alcanzar acuerdos que beneficien a la mayoría de la población; es lo que se espera de nosotros, los legisladores.

EL UNIVERSAL 15 noviembre, 2011.-

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