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+ El triunfo de Hollande y la reacción responsable de Sarkozy

+ Francia podría atenuar la dureza de las políticas anticrisis

+ Nubarrones en Europa y EU amenazan extenderse en el mundo

+ México no escapa al entorno y la crisis demanda un Estado eficaz

LA LECCIÓN DE LA ELECCIÓN

Francisco Rojas

En punto de las ocho de la noche apareció en la televisión francesa la foto de François Hollande y una cifra: 51.62%: los franceses habían elegido a un nuevo Presidente. Pero lo más encomiable fue que Nicolás Sarkozy, presidente en funciones y candidato perdedor, se presentó 20 minutos después ante sus partidarios para asumir “la responsabilidad de la derrota”. Son los frutos del conteo rápido, la credibilidad en las instituciones y la civilidad democrática.

En una Europa dominada por la idea del adelgazamiento del Estado y por rígidas políticas de austeridad, las propuestas de Hollande de complementar la disciplina fiscal con incentivos para el crecimiento, son una bocanada de aire fresco que abre la expectativa de atenuar la dureza de las medidas impuestas por Alemania y Bruselas para sortear la crisis de la Unión Europea.

El desempleo en el viejo continente afecta a 29 millones de personas, la mayor parte jóvenes y constituye, a juicio de los expertos, una seria amenaza para la convivencia social. Explica las protestas juveniles en muchos países europeos y el dramático ascenso de los suicidios en Grecia. Los recortes draconianos que han lanzado a la calle a millones de españoles, griegos, portugueses, irlandeses e italianos no contribuyen a la recuperación.

La recesión no se limita a Europa; el leit motiv de la elección presidencial en Estados Unidos será el desempleo, y la preocupación es tal que Paul Krugman recomienda atender de inmediato este problema y dejar los ajustes fiscales para la próxima década.

Los nubarrones de Europa y Estados Unidos y la amenaza de contagio a otras economías, incluyendo a México, exigen considerar que la salida no depende solo de la estabilidad macroeconómica, sino de tener un buen gobierno y un sólido Estado de derecho, es decir, las bases de un Estado eficaz.

En México carecemos de esto último, y el desempleo y la pobreza son peores porque afectan a más personas que en España, por ejemplo; son más profundos y se suman a la violencia y la inseguridad acentuadas en este sexenio. Las cifras muestran una situación grave. En 11 años de gobiernos panistas, el crecimiento anual promedio de la economía fue la mitad que el del último gobierno del PRI, a pesar de la fuerte caída de 1995-1996; la informalidad supera con creces los paupérrimos empleos formales creados; la pobreza se ha extendido a la mitad de la población y 21 millones de mexicanos no tienen siquiera para comer. Los miles de muertos, heridos, desaparecidos y desplazados son demasiados para un país pacífico como México.

La solución a estos problemas debería ser el centro del debate político. Enrique Peña Nieto ha impulsado propuestas prácticas; otros candidatos —con la abierta participación de funcionarios del gobierno federal— tratan de ocultar los fracasos del presente con campañas de ataques y una obsesiva fijación en un pasado que se dio en circunstancias diferentes y no podrá repetirse.

Intensificar la violencia verbal propicia la violencia física que ha sembrado luto y desesperación en la sociedad y no contribuye a ganar civilidad. Descalificar de antemano a las instituciones nos llevó a una división y polarización, en la cual no debemos volver a caer. Aprovechar investiduras y recursos públicos con fines electorales es lo último que requiere un México democrático.

Por eso, debemos prestar atención a la lección de civilidad de Francia, no sólo en la elección, sino en actos como el homenaje conjunto de Hollande y Sarkozy a los caídos en el Arco del Triunfo, para mostrar que las diferencias políticas no están encima de los intereses del país ni rompen la unión de los franceses, como no deberían poner en peligro la concordia y la unidad de los mexicanos.

EL UNIVERSAL, 15 mayo, 2012.-

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+ Aprobada la nueva Ley Federal de Competencia Económica

+ Amplios alcances y ventajas de la Ley de Acciones Colectivas

+ Se legisla en favor de la población cada vez más empobrecida

PROTECCION AL CONSUMIDOR

Francisco Rojas
Con la determinación de proteger a la población en un mercado en el que han proliferado las prácticas monopólicas y la indefensión del consumidor, el Congreso de la Unión aprobó dos importantes recursos legales.

El Senado de la República ratificó el jueves la propuesta de los diputados para reformar la Ley Federal de Competencia Económica, el Código Federal Penal y el Código Fiscal de la Federación. Las reformas posibilitan que la Comisión Federal de Competencia garantice la neutralidad de sus decisiones y evite presiones cuando actúe en la investigación de casos que involucran a poderosos grupos económicos.

El mismo día, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado sobre la Ley de Acciones Colectivas, que protegerá los derechos individuales y colectivos de los consumidores en las áreas económica, de servicios, financiera y ambiental. Las personas podrán actuar en grupos de 30 ciudadanos o más contra empresas que afecten sus intereses como consumidores o causen daños al medio ambiente. Esta ley reducirá la desventaja de los individuos aislados frente a las grandes empresas en el mercado.

Los beneficios de la Ley de Acciones Colectivas no se limitan a quienes hagan una demanda, sino que se extienden a todos los afectados. Este recurso podrá ser usado también por entidades como las procuradurías Federal del Consumidor, de Protección al Ambiente, de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia.

Con las nuevas facultades que se otorgan a las instancias responsables de la competencia y la regulación en el país, se trata de evitar los abusos y escaladas de precios que llevan a cabo las empresas monopólicas en detrimento de una población cada vez más empobrecida y sin defensas institucionales. Así, el Estado garantiza un mejor funcionamiento de la economía y fortalece la competencia libre y justa.

Con ese objeto se fortalecen los mecanismos para que la Comisión Federal de Competencia pueda determinar si uno o varios agentes económicos han acumulado el poder sustancial conjunto en el mercado, para afectar las condiciones de competencia efectiva y fijar precios o restringir el abasto de bienes y servicios.

Asimismo, la nueva legislación prohíbe que un adquirente concentre bienes para disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia; también consolida la política de verificación para que se puedan requerir informes y documentos que se consideren relevantes para las indagatorias.

Entre las ventajas de esta normatividad destaca la protección a los grupos de menores ingresos que son víctimas de la voracidad de las empresas comercializadoras de productos agropecuarios y que, aprovechando la escasez de éstos, a niveles nacional e internacional, han desatado el alza de precios de los principales productos de la canasta básica.

Los legisladores estamos también de acuerdo en la necesidad de imponer sanciones más fuertes a los agentes económicos que incurran en prácticas monopólicas, con una gradualidad acorde a la gravedad de la falta: la mayor de ellas equivalente al 10% de los ingresos del agente económico que no cumpla con la ley.

También se impondrán multas a quienes declaren falsamente, propicien prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, en rangos que van del 8 al 10 por ciento de los ingresos o equivalentes desde 175 mil hasta 200 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, independientemente de las responsabilidades penales a que haya lugar.

De igual manera se sancionará con prisión de tres a diez años, y con multas de mil a tres mil días de salario mínimo a quien fije, concierte o manipule el precio de venta o compra de productos, obligue a no producir o comercializar bienes, divida segmentos del mercado y acuerde posturas o abstenciones en licitaciones públicas.

Las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica propiciarán una mejor coordinación entre las autoridades de competencia y las instancias reguladoras y favorecen la competitividad, la productividad y el crecimiento económico, mientras que la Ley de Acciones Colectivas fortalecerá la capacidad de las personas para la defensa de sus intereses. Esta legislación no afecta injustamente a nadie; al contrario, protege a los consumidores de los abusos monopólicos como corresponde a un Estado democrático y equitativo. De esta manera, los legisladores priistas cumplimos con nuestro mandato para proteger de abusos a la población del país.

EL UNIVERSAL , 3 mayo, 2011.-

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+ Iniciativa panista:  reducir a Pemex a solo productor de crudo

+ Se niegan recursos a la empresa y se quiere invertir fuera

+ Nociva visión minimalista y gerencial del Estado mexicano

+ Se pretende entregar la refinación petrolera a particulares

+ Ya en 2008 perdieron el debate ideológico, pero insisten

TERQUEDAD
Francisco Rojas

Ante la inminente caída de la producción de petróleo y la declinación de las reservas probadas, es oportuno el reclamo de Carlos Romero Deschamps, de que es absurdo pretender que Pemex compita en el mercado mundial cuando se le niegan los recursos para su desarrollo, se designa a directivos carentes del perfil y la experiencia adecuados y se propugna la participación privada como “panacea salvadora de esa industria, mientras se subutilizan sus capacidades”.

En la reciente celebración del aniversario de la expropiación petrolera, el líder de los petroleros advirtió ante el presidente Calderón que los rezagos en el mantenimiento y capacidades de las plantas, ductos y almacenamiento del Sistema Nacional de Refinación han provocado pérdidas y que el gasto por importación de petrolíferos “ya compita con el valor de la exportación de crudo”.

Posteriormente, en lo que pareció una respuesta a lo anterior, el director de la Paraestatal apoyó una propuesta de modificación constitucional presentada por senadores panistas, para permitir que los particulares refinen, transporten, almacenen y distribuyan petrolíferos, diciendo que era bueno “tener a alguien más para no depender solo de Pemex”.

Dicha propuesta, presentada irónicamente el pasado 18 de Marzo, pretende la modificación del párrafo IV del artículo 28 constitucional para excluir de las áreas estratégicas reservadas al Estado todo lo referente al petróleo y demás hidrocarburos, así como a la petroquímica básica, exceptuando expresamente la exploración y extracción de petróleo crudo; es decir, reducir a Pemex a productor de crudo únicamente y, dentro de esta visión minimalista y gerencial del Estado, formalizar y generalizar su responsabilidad exclusivamente como administrador de contratos.

Pemex tiene un régimen fiscal confiscatorio y se le niega el uso de sus recursos propios para invertir en áreas fundamentales. Pero además, los gobiernos panistas se han encargado de desmantelar la planta técnica del organismo, sustituyendo personal veterano con panistas inexpertos que no conocen la industria petrolera; a lo que se agrega el abandono de la investigación que desarrollaba el Instituto Mexicano del Petróleo y la desaparición de las pocas firmas de ingeniería mexicanas.

Esto ha provocado que PEMEX carezca de los cuadros experimentados en cantidad suficiente, con las capacidades gerenciales y administrativas que requieren las nuevas tecnologías y los retos cada vez más difíciles a que se enfrenta la industria petrolera en el mundo.

Por supuesto, en la iniciativa referida, se le dejan a Pemex las actuales instalaciones de refinación que, faltaba más, ¡no se privatizan! aunque los terrenos de Hidalgo seguramente albergarían una refinaría transnacional y en Tuxpan ya está todo listo para instalar una terminal marítima que compita ventajosamente con la actual del organismo.

Así, con el tiempo, “sin privatizar y manteniendo la soberanía y la rectoría del Estado”, al decir de los senadores proponentes, las instalaciones morirían de inanición y una vez debilitado el organismo, se confirmarían la supuesta incompetencia del Estado para administrar empresas y la tesis de que la única alternativa para la Nación es ceder a particulares el dominio sobre los recursos petroleros y permitir que ellos, y no el Estado, tomen las decisiones estratégicas para el país.

Es patética y alarmante a la vez la persistencia ideológica de los panistas por privatizar a Pemex; basta recordar los contratos de servicios múltiples, el contrato para el mantenimiento de ductos y los contratos incentivados, en todos los cuales, con el barniz de que son para la prestación de servicios, se delega en los contratistas funciones reservadas constitucionalmente al Estado y se les traspasa en distintas formas gran parte de la renta petrolera que le correspondería a la Nación.

Ahora se pretende descaradamente entregar a los particulares la refinación, la petroquímica básica y la cadena de valor aguas abajo. Los argumentos y los personajes son los mismos que los del 2008, cuando se discutía la Reforma Energética, y que no prosperaron gracias a que perdieron el debate de las ideas y a la movilización de importantes sectores. No hay duda que los compromisos asumidos y la desesperación por conservar el poder los lleva a cometer los mismos desatinos. De persistir en su intento, se volverán a encontrar con el repudio de la mayoría de la población y la firme oposición de los legisladores nacionalistas.

EL UNIVERSAL 5 ABRIL, 2011.-

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+ En lugar de concordia, dinamitan puentes de entendimiento

+ Acciones del Gobierno y su partido, polarizan a la sociedad

+ Juegan a la política como si fuera torneo de  frases publicitarias

FRACTURA SOCIAL

Francisco Rojas

El 4 de julio se ha vuelto obsesión del gobierno, su partido y anexos. Instituciones debilitadas, gobernabilidad disminuida, Estado de derecho agredido desde el poder. Desafortunadamente, esto es parte de la realidad que vive el país. Quienes debían abonar al ejercicio democrático, al acuerdo, a la conciliación, a la permanente búsqueda de soluciones a los graves problemas que enfrentamos, dinamitan los puentes de entendimiento entre los diversos actores sociales, políticos y económicos, y obstruyen la relación entre gobernantes y gobernados.

Las acciones del gobierno y su partido han polarizado a la sociedad y ahondado las graves divisiones que se empezaron a perfilar desde hace 10 años. Las elecciones locales en 14 entidades federativas el 4 de julio, incluyendo 12 gubernaturas, han potenciado la desesperación del Ejecutivo ante el descontento social por la falta de resultados positivos en los temas más importantes de la agenda nacional como el desempleo, la pobreza y la inseguridad.

Mientras fue oposición, el PAN consideró que la democracia era una bandera política de gran utilidad; ahora le parece inaceptable que, gracias al impulso del PRI, se hayan construido instituciones que reflejan la pluralidad de la sociedad mexicana. El gobierno y su partido tienen una concepción maniquea de los mexicanos: ellos son los buenos y quienes disienten de su ideología y critican responsablemente los resultados de sus acciones, son los malos.

Hagamos un alto en el camino y esforcémonos para entender el país que tenemos al inicio del siglo XXI; hay que repensar la sociedad y su conducción y tomar medidas serias, eficaces y de corto y largo plazos para volver a unirnos en torno a lo que a todos nos interesa, que es la recuperación de condiciones civilizadas de vida y desarrollo.

Ya no tenemos tiempo para jugar a la política como si fuera un torneo de frases publicitarias. Las condiciones nacionales e internacionales son adversas, por eso debemos tomar las decisiones más acertadas para proteger a los estratos sociales que están en condiciones vulnerables, como los pobres y las clases medias, y para impulsar a la mediana y pequeña industrias, que son fuertes generadoras de empleo, ingreso, demanda efectiva y mercado interno.

Hay que respetar a los ciudadanos en las contiendas políticas y plantearles propuestas para que ellos, informados, elijan con libertad, en vez de aventarles despliegues mediáticos y medidas fiscales electoreras de última hora. Es también vergonzoso pretender el voto ciudadano por medio del espionaje telefónico, conversaciones adulteradas y prácticas de “guerra sucia”, que fracturan a la sociedad y persiguen preparar el camino para reclamos postelectorales.

Podemos y debemos volver a ser la sociedad que a lo largo de varias décadas fue tejiendo acuerdos hasta culminar con una reforma electoral consecuente con la pluralidad política. Está en nuestra historia la demostración de que somos capaces de unirnos no para cualquier fin, sino para definir y alcanzar objetivos comunes.

Tenemos diferencias —las tienen todas las sociedades libres—, pero eso no nos hace enemigos ni nos impide discutir seriamente nuestros problemas y las posibles vías de solución e identificar aspiraciones comunes a toda la sociedad, como la construcción de una economía fuerte y creciente, la recuperación de la seguridad pública y la moderación de la desigualdad social, entre muchos más.

EL UNIVERSAL, 29 junio 2010 http://bit.ly/9dQdnD

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  • Puntos sobre las íes: el PRI frente a la Extinción de Dominio
  • Los riesgos e improcedencias de  la iniciativa rechazada
  • Cómo está eso: Si no estás conmigo, estás contra mi
  • EXTINCION DE DOMINIO
    Francisco Rojas
    ¿Le gustaría que la policía derribara la puerta de su casa para realizar un cateo sin orden judicial con base en suposiciones, con los posibles abusos y decomiso de objetos de valor sustraídos como  “prueba del delito”?;  esto quería legalizar el Gobierno panista con una iniciativa que el Congreso rechazó el año pasado.

    La iniciativa de Ley para la Extinción de Dominio del Gobierno contiene barbaridades jurídicas semejantes a la anterior; por ejemplo:

    Si usted renta su casa y en ella se comete algún delito de los tipificados como de delincuencia organizada, puede ser incautada y sujeta al proceso de extinción de dominio, es decir a la pérdida de los derechos de propiedad, basado en que usted pudo haber tenido conocimiento del uso que se le daba al bien sin denunciarlo oportunamente ante el ministerio público, con la posibilidad de que lo arraiguen como presunto cómplice de los delincuentes.

    Para librarse de lo anterior, usted enfrentaría varios problemas.  

    Primero, probar que actuó de buena fe, que no sabía del uso que se le daría al bien y que no tuvo conocimiento oportuno de lo que sucedía. Cabe aclarar que al que le toca probar la mala fe es al ministerio público y no al ofendido;  en cambio, a la autoridad le bastaría presentar el testimonio de un testigo protegido para iniciar el proceso;  es decir, al ciudadano le tocaría la carga de la prueba y la presunción de inocencia se convertiría en culpabilidad.

    Segundo, suponiendo sin conceder, que hubiera tenido noticias de que algo ilegal sucedía con dicho bien, ¿se atrevería a presentar la denuncia ante el ministerio público con la fama de que alrededor de esos círculos es común el nexo con los delincuentes, con lo cual podría poner en peligro su vida o la de sus familiares?

    Tercero, en caso de que no se atreviera a denunciar y esperara la terminación del contrato para obtener una orden judicial de desahucio,  ¿Cree que el lanzamiento se realizaría sin consecuencias para usted?

    Cuarto, si en la causa penal no se prueba la culpabilidad de los presuntos delincuentes, es posible que después de muchas gestiones le devuelvan el bien con el clásico  “usted perdone”  y sin derecho a indemnización y pago de daños y perjuicios. ¿Complicado, no?  pues bien, como esas hay otras “linduras” en la Iniciativa.

    Por ello, el PRI y otros partidos se opusieron a aprobarla incondicionalmente, a pesar de los chantajes y provocaciones de ciertos dirigentes panistas.  

    A fin de destrabar el impasse, la fracción parlamentaria del PRI en el Senado presentó en Comisiones una serie de enmiendas, que de ser aprobadas por el Congreso, equilibrarían el proceso a fin de salvaguardar derechos fundamentales de los ciudadanos tales como: la garantía de audiencia, la carga de la prueba rescatando la presunción de inocencia, el derecho a la indemnización, la responsabilidad de la Institución del ministerio público para evitar que este instrumento se use para amenazar o extorsionar a los ciudadanos, incorporar elementos de certeza y seguridad jurídica para impedir que el bien se pueda extinguir con meros “indicios”  o  “presunciones”, asegurar la transparencia, el derecho a la información y la rendición de cuentas, entre otros.

    En la lucha contra el narcotráfico debemos colaborar todos, sin dudas ni regateos;  es un asunto de supervivencia como sociedad democrática y civilizada;  atañe a la soberanía como país;  y requiere del rescate de la credibilidad y fortaleza de las instituciones.  

    Por ello, no se vale imitar a Bush con posiciones maniqueas de “si no estás conmigo, estás contra mí”  y menos dar pie al autoritarismo y a estados de excepción de facto.

    Si el Presidente de la República desea, con razón, que lo apoyen todos los sectores en este combate, debe actuar como Jefe de Estado y no permitir que líderes de su partido rebajen la lucha a una mera contienda electoral de buenos y malos, enlodando el proceso con mentiras y provocaciones en un afán cortoplacista de recuperar votos, azuzando la discordia, polarizando la discusión y contribuyendo a la inestabilidad política y social, en un momento en el que se conjugan las amenazas del crimen organizado, con el resentimiento popular originado por desigualdades sin corregir y la peor crisis económica que hayamos visto.

    EL SOL DE MEXICO y Diarios de la OEM, 30 de marzo 2009
     

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  • Ahora resulta que “el PRI es un peligro para México”
  • Tareas distractoras ante la devastación del Tsunami Financiero
  • Cada vez es más grande la lista de tareas incumplidas
  • ESTRATEGIA PANISTA
    Francisco Rojas

    Es clara la estrategia panista; las escasas decisiones del Presidente Calderón están tamizadas por la obsesión de no ser arrasado en las elecciones de julio, olvidándose que fue electo, aunque fuera por una minoría, como Presidente de todos los mexicanos y no como jefe de campaña de su partido.

    Las aparentes infidencias de Ruiz Mateos, las programadas provocaciones de Germán Martínez, las “patrióticas” declaraciones gubernamentales y otros hechos supuestamente aislados, obedecen a un plan diseñado y llevado a la práctica para tal efecto, utilizando el recurso que fuere y movilizando aliados y socios.

    Los enemigos están identificados: el PRI es ahora “el peligro para la nación”, atribuyéndole todos los males y tratando de desacreditarlo a como dé lugar; las reales o supuestas “agresiones” de los estadounidenses, son utilizadas para despertar la sensibilidad nacionalista del pueblo y tratar de ganar simpatías para los valientes panistas, que envueltos en la bandera nacional cual niños héroes, están prestos a sacrificarse por la patria.

    Ahora se entiende el silencio oficial ante el tsunami financiero que se nos venía encima. Queda claro que han tratado de desviar la atención de lo verdaderamente importante como son el desempleo y el deterioro del nivel de vida que ya son inocultables, agravados por la devaluación del peso, la escasez de crédito y el cierre creciente de fuentes de trabajo.

    Atrás quedaron los programas anticíclicos y el uso del gasto público para reactivar la economía, proteger el empleo y el mercado interno; el gran programa de infraestructura se diluyó porque dependía mayormente de la inversión privada; la otra gran obra anunciada, la nueva refinería, se ha venido posponiendo con fines electorales y el deliberado propósito de dividir a los gobernadores priistas.

    En la lucha contra el narcotráfico no importan los resultados, el objetivo es ganar apoyos destacando la valentía del Ejecutivo para emprender una lucha a la que lanzaron al Ejército sin los debidos recursos de inteligencia, jurídicos y tecnológicos, en una precipitada decisión para legitimar una endeble gobernabilidad.

    Con los gobiernos panistas, las muertes violentas superan las habidas en toda la historia conocida; pero eso sí, la culpa la tiene el PRI.

     De allí la extrema sensibilidad y las airadas reacciones cuando funcionarios del vecino país se atreven a poner en duda la estrategia seguida y declaran su temor a que la situación se salga de control, sobre todo cuando la violencia se ha incrementado y el reto del narcotráfico es abierto, provocando renuncias, cerrando servicios y movilizando bases sociales de marginados.

    Los panistas, en su desesperación electoral,  han hecho caso omiso del respeto a la Ley en materia política y electoral, permitiendo y hasta propiciando la intromisión de una parte del clero para que le indiquen a sus feligreses cómo deben votar y al Congreso qué leyes deben aprobar, violando el artículo 130 Constitucional.

    Por ello, le han echado la culpa al PRI de que el Gobierno se sienta inerme porque no se aprueben leyes que contienen flagrantes violaciones a las garantías individuales con trasfondos fascistoides que pondrían en peligro el patrimonio y la vida de los ciudadanos; el PRI no puede cohonestar normas subjetivas que generan imprecisiones y riesgos, que cambian el espíritu de la presunción de inocencia por la de culpabilidad, que quitan irresponsablemente obligaciones que son del Estado atribuyéndoselas a los gobernados tales como la carga de la prueba y la procedencia a partir de “dichos”, “indicios” y “presunciones” de la existencia del delito y de la actuación de mala fe de los terceros; que se deje sin hacer responsable a la autoridad por haber procedido indebidamente y no se repare el daño y además se indemnice a los injustamente afectados.

    No es posible permitir que quede en manos de autoridades menores la extinción del dominio, debe ser el procurador quien indelegablemente  actúe para garantizar el pleno apego a derecho y responda de ello.

    No olvidemos que logró frenarse la intentona del Gobierno que posibilitaba a cualquier agente del ministerio público pudiera disponer el allanamiento de los hogares de los mexicanos sin orden judicial.

    EL SOL DE MEXICO  y Diarios de la OEM, 23 de marzo, 2009

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  • Ni opacidad ni ocultamiento de los verdaderos problemas económicos
  • Ricos y poderosos pagarán más impuestos, reducciones a otros causantes
  • Políticas firmes y trascendentes ante la crisis… De Obama en Estados Unidos
  • CONTRASTES
    Francisco Rojas

    “Nos proponemos acabar una era de irresponsabilidad, opacidad y ocultamiento de los verdaderos problemas de la economía; en lo fiscal, los ricos y poderosos pagarán más impuestos, reduciéndolos para la mayoría de la población y el gasto público se reorientará para acabar con las desigualdades dando preferencia a la calidad de la salud, la educación y la independencia energética;” “se acabaron las asignaciones directas, el dinero del pueblo no irá a parar a los bolsillos de contratistas en proyectos que no funcionan”.

    No, no se altere, esto no sucede en México, son declaraciones del Presidente Obama.

    Aquí todo sigue igual: la ineficacia para gobernar, los discursos que sustituyen a los hechos, la falta de inteligencia para combatir al crimen organizado y la espera para que pase la fase depresiva del ciclo económico, al fin que no hay mal que dure 100 años.

    Por el contrario, el PRI propone una nueva vía mexicana para el desarrollo, mediante políticas públicas orientadas a cumplir los objetivos del Proyecto Nacional establecido en la Constitución, reivindicando la rectoría del Estado, renovando el sistema político en los ámbitos de la representación social, fortaleciendo el Estado de Derecho y aprovechando lo positivo de las políticas aplicadas hasta ahora: finanzas públicas sanas, sin detrimento de la capacidad promotora del Estado; endeudamiento externo congruente con nuestro nivel económico; inflación controlada; y globalización y libre comercio a favor de nuestro mercado interno y de la sociedad.

    Plantea medidas para enfrentar la emergencia utilizando congruente y activamente políticas públicas y acciones administrativas para preservar el empleo, mantener el consumo, proteger el patrimonio popular y garantizar mínimos de bienestar, cambiando paradigmas, reorientando políticas, modificando tendencias y fortaleciendo la capacidad reguladora del Estado mediante modificaciones legales y acuerdos con los factores de la producción.

    La seguridad nacional está amenazada por la crisis económica y la falta de seguridad pública. Contra el crimen organizado México ha luchado siempre solo, como si el problema no fuera internacional.

    La mutación de traficantes a dueños de territorios, decididos a enfrentar violentamente a quien ose retarlos, a que alude el presidente Calderón, se acrecentó cuando los capos externos empezaron a pagar con mercancía, ampliando así el consumo interno; no detectarlo y combatirlo eficazmente fue una de las omisiones de Fox cuando, además, desertó casi la mitad del Ejército por no prestársele suficiente atención y se debilitaron los aparatos de inteligencia, requisito indispensable para la lucha contra el crimen organizado; según el Senador Creel, los responsables de aquella época son los mismos en este Gobierno.

    No caeremos en provocaciones ni aceptamos etiquetas; el PRI seguirá apoyando sin regateos la lucha contra el crimen organizado; promoveremos cambios en la justicia penal, reorganizar las policías, fortalecer labores de inteligencia, evaluar la organización de la Guardia Nacional y dotar a las Fuerzas Armadas de los instrumentos jurídicos, financieros y tecnológicos suficientes, para que no se constituyan en nuestra última línea de defensa.

    EL UNIVERSAL, 10 de marzo, 2009 http://bit.ly/93Bopj

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    PLATAFORMA
    Francisco Rojas

    La Plataforma Electoral Federal 2009-2012 del PRI fue producto de consultas realizadas durante más de un año en todo el territorio nacional, con una amplia participación de militantes y simpatizantes del Partido y diversos grupos sociales; recoge el desencanto de la sociedad ante la ineficacia de los gobiernos de la alternancia en aspectos claves como la seguridad y el bienestar social y económico, y plantea una Nueva Vía Mexicana para el Desarrollo, a través de más de 500 propuestas agrupadas en 4 vectores: económico, social, político y relaciones exteriores.

    El PRI ejerce la autocrítica como forma de superación. Reconoce las fallas del modelo vigente, propone medidas emergentes para superar la crisis, pero señala también lineamientos de mediano y largo plazo “capaces de relanzar el desarrollo nacional e impulsar un ciclo de transformaciones que generen una nueva vía mexicana para el desarrollo”.

    Acorde con las tendencias mundiales, revalora la intervención del Estado para regular las fuerzas del mercado y la libre competencia; utilizar el gasto público, la política monetaria y otras medidas para impulsar el desarrollo y la iniciativa de los particulares; promover la generación de empleo vía el fortalecimiento del mercado interno con políticas industriales y agropecuarias, que recuperen cadenas productivas basadas en nuestras ventajas comparativas; y aprovechar en beneficio de la sociedad la globalización y el libre comercio, así como lo positivo de algunas políticas aplicadas hasta ahora: finanzas públicas sanas que no limiten su capacidad promotora, endeudamiento externo acorde a nuestro nivel económico, y contención de la inflación para no afectar a los más desprotegidos.

    Propone cumplir con los objetivos constitucionales vinculando positivamente la política social con la económica, para volver a ofrecer oportunidades de movilidad social y progreso, combatiendo las inequidades causadas por el actual modelo de desarrollo y disminuir la pobreza y la desigualdad, sobre todo de los grupos más vulnerables, lo que implica reorientar los programas sociales vigentes, con instrumentación eficiente y rendición de cuentas para evitar su uso clientelar y electoral; así mismo, plantea programas de largo plazo para cambiar estructuras que profundizan la desigualdad corrigiendo a fondo los sistemas educativo, de salud y seguridad social, la protección del medio ambiente y el desarrollo tecnológico, entre otros.

    Advierte que la democracia social implica la redistribución y nuevos equilibrios entre los poderes y los niveles de gobierno, así como el fortalecimiento de la gobernabilidad, amenazada por la inseguridad e indefensión social causadas por el embate del crimen organizado, cuyo combate requiere atacar las manifestaciones violentas, pero también las causas que provocan y alimentan su virulencia, como la pobreza, falta de oportunidades, corrupción e impunidad.

    Nuestras fracciones parlamentarias enriquecerán su agenda legislativa con aportaciones surgidas en la campaña. Las tareas son muchas, los retos difíciles, pero el PRI les hace frente con soluciones integrales con visión de futuro, pero que requieren experiencia, firmeza y liderazgo para llevarlas a cabo.

    EL UNIVERSAL, 24 de febrero, 2009 http://bit.ly/aQBRID

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    LA HIDRA
    Francisco Rojas
    Los líderes que asistieron al pasado cónclave en Davós atestiguaron la debacle de la supremacía del libre mercado y su capacidad de autoregulación.

    Preocupados porque el sistema financiero internacional no caiga en una crisis sistémica, acordar nuevas reglas del juego y adoptar políticas anticíclicas para preservar el empleo y reactivar la economía mundial, exhumaron las teorías de Keynes y sacaron del desván los principios de la intervención del Estado para resolver estos problemas.

    Lo anterior no ha sido fácil de asimilar por aquellos formados durante los últimos 25 años conforme a los principios del Consenso de Washington en prestigiadas “madrasas” de occidente.

    Estos influyentes y poderosos fundamentalistas del libre mercado, se asemejan a una hidra de mil cabezas, incrustados en puestos claves de gobiernos, instituciones financieras nacionales e internacionales, centros de enseñanza, empresas, medios de comunicación, partidos políticos, círculos de intelectuales y hasta organizaciones religiosas.

    Por naturaleza son resistentes a los cambios históricos, se oponen a que la intervención del Estado vaya más allá de lo necesario para salvar a los negocios, se resisten aceptar otros paradigmas y son incapaces de vislumbrar las acciones necesarias para impulsar el desarrollo económico.

    A Davós asistieron sólo dos presidentes latinoamericanos: el de Colombia y el de México, ambos de derecha. El Presidente Calderón reconoció por fin que nuestro país se enfrentará a una pulmonía y presumió que su equipo está bien calificado para sacar al país de la crisis.

    Su fraternal encuentro con Zedillo, le permitió a éste presumir la autoría del rescate bancario más caro de la historia, 20% del PIB, que todavía estamos pagando los contribuyentes.

    Lo que no se mencionó fue el rescate de bancos que no lo necesitaban y los negocios que se hicieron al amparo del Fobaproa. Tampoco se aclaró que el préstamo por 50 mmdd que nos hicieron en 1995 para el rescate bancario y su secuela del acuerdo con el FMI de 1999, implicó dar de garantía la exportación del petróleo y compromisos para privatizar la generación eléctrica, la petroquímica, la distribución y transporte del gas natural, los ferrocarriles, los aeropuertos y la banca.

    Por su parte Fox continuó cumpliendo los compromisos de privatización y eliminó las restricciones para la entrada de capital extranjero; es así como ahora el 80% de la banca comercial está extranjerizada, insólito en la mayoría de los países, preocupada únicamente por obtener utilidades para apoyar las ganancias de sus casas matrices.

    El financiamiento de la banca comercial a los sectores productivos disminuyó del 31% del PIB en 1994 al 9% en 2007; la banca de desarrollo fue prácticamente desmantelada disminuyendo su financiamiento productivo del 4% al 0.6% del PIB en el mismo período; y todavía nos preguntamos por qué no crecemos y somos competitivos.

    Por ello, una de las medidas indispensables es rescatar la orientación del ahorro interno y utilizar los instrumentos gubernamentales para hacer accesible el financiamiento a los productores, disminuyendo además las tasas de interés y las abusivas comisiones para hacer más competitiva a la planta productiva nacional.

    EL UNIVERSAL, 10 de febrero, 2009 http://bit.ly/bn8obn

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  • Tercer plan anticrisis insuficiente y huele a electorero
  • Programas de apoyos pueden minar reservas internacionales
  • La crisis, una oportunidad para ajustar el rumbo nacional
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    ¿RUMBO?
    Francisco Rojas

    La presentación del tercer plan anti crisis del Gobierno desató muchas críticas sobre su insuficiencia, estrechez de miras, lo poco novedoso y el hecho de que sus efectos paliativos se concentran en el primer semestre, lo que le da un tufillo electorero.

    El tardío reconocimiento oficial de la gravedad de la situación económica, no obstante, es un avance considerando el largo silencio y que durante el año pasado se adoptaron decisiones parciales y aparentemente inconexas como el apoyo a los quebrantos financieros de algunas empresas, se permitió que continuara sin control el crédito al consumo, principalmente en tarjetas de crédito y se siguieron utilizando medidas arancelarias tradicionales que desprotegen a los productores nacionales, como si el mundo no se estuviera pertrechando para proteger sus intereses.

    En el nuevo programa los apoyos serán para empresas favorecidas, posiblemente sean insuficientes y pueden absorber gran parte de nuestras reservas internacionales.

    No nos asusta que se respalden actividades clave, pero habrá que preguntarse a cambio de qué, con qué criterios, a quiénes y cómo se medirá el cumplimiento de compromisos. Ya sufrimos experiencias de programas discrecionales en esquemas de empresas quebradas y propietarios ricos.

    El programa es coyuntural y no se nota la intención de resolver problemas estructurales, que se han convertido en una bomba de tiempo.

    No hubo pronunciamientos con visión de largo plazo que denotaran un cambio en el rol del Estado para la regulación del mercado; no hubo compromisos explícitos del sector privado; la preservación del empleo se concentra en empresas exportadoras; la banca de desarrollo continuará otorgando factoraje a las cadenas de servicios y agencias automotrices; el crédito para el campo se seguirá concentrando en pocos estados y en agricultores ricos; no hubo planteamientos para adecuar al sector financiero para promover realmente el desarrollo económico; carece de medidas para modificar el crecimiento y destino del gasto público; tampoco hay cambios en los paradigmas en educación y desarrollo tecnológico.

    Tenemos que concientizar que la recesión será de larga duración, que nos enfrentamos a una nueva concepción de la economía y que muchas políticas tendrán que cambiar pragmáticamente.

    El cambio que requiere el país no puede esperarse del actual Gobierno; la crisis no se aprovechará como oportunidad para ajustar el rumbo y salir de la misma con una visión del Estado y un modelo económico actualizados, tendencia que ya se apunta en el resto del mundo, por mucho que los poderosos centros financieros quieran aferrarse a las recetas de siempre. No podríamos esperar otra cosa; un acto de contrición como el de Alan Greenspan hubiera sido inconcebible.

    El PRI lleva en su nombre lo institucional; pero una cosa es la defensa de las instituciones y otra el apoyo incondicional a quienes las rigen o dejarles el campo libre a los iluminados de la protesta permanente. Tenemos que retomar nuestro rumbo; nuestros documentos básicos nos marcan el camino.

    La sociedad espera respuestas y soluciones con visión de Estado y sentido social. Sabemos gobernar, contamos con la experiencia necesaria, lo creado durante muchos años así lo demuestra.

      EL UNIVERSAL, 13 de enero, 2009 http://bit.ly/bH4HZJ

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  • En año electoral, los temas son Economía, Alimentos e Inseguridad
  • Desempleo, pérdida de ingreso y sentimientos de indefensión social
  • Necesaria supervisión estricta de intermediarios financieros
  • RETOS PARA 2009
    Francisco Rojas
    Otra vez el PRI demostró ser la fuerza política más importante, organizada y con raigambre en todo el territorio. Se mantuvieron posiciones y se recuperaron localidades significativas. La numeralia de los municipios y diputaciones locales ganados así lo demuestran, al igual que la recuperación de espacios que detentaban otras fuerzas políticas.

    La certeza de que el PRI sabe gobernar y que cuenta con rumbo moderno y definido se acrecienta cada día más, sobre todo frente a la indecisión y falta de liderazgo de la derecha, así como el desorden y fragmentación de otras agrupaciones.

    Las metas trazadas en el último Consejo Político del PRI son factibles de alcanzar y la plataforma electoral tendrá que considerar varios factores. En primer lugar, 2009 será un año crítico en donde el tema central será la calidad de vida, deteriorada por la recesión económica, la crisis alimentaria y la inseguridad, aspectos en donde el Gobierno no presentará buenas cuentas.

    Obviamente, también existen otras preocupaciones locales y regionales importantes, a las que hay que atender, pero el desempleo, la pérdida de ingresos y de patrimonio, la baja en el nivel de vida y el sentimiento de indefensión social frente a la violencia desatada por el crimen organizado serán predominantes, desafortunadamente sin solución en el corto plazo.

    En segundo lugar, los diputados federales, aparte de tener aceptación local y conocer la problemática del distrito y región, integrarán una legislatura que, como pocas, se enfrentará a la necesidad de acciones trascendentes, modificando Leyes o evaluando la aplicación de medidas administrativas.

    Por ejemplo: manejar presupuestos de “economía en recesión” con déficits temporales; vigilar el ejercicio oportuno y adecuado del gasto anticíclico; abocarse a una reforma fiscal que simplifique y facilite el cobro de ingresos fiscales; revisar la política de subsidios agrícolas para otorgar apoyos directos y no al ingreso de los que más tienen; federalizar los avalúos catastrales para quitarles presión a los municipios y aumentar sus ingresos.

    Probablemente habrá que modificar las facultades del Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria para que intervengan activamente en aspectos como: el desarrollo económico y el financiamiento interno, incluyendo el de los déficits presupuestales temporales; la regulación y supervisión más estricta de los intermediarios financieros; obligar a la banca comercial a financiar la producción; tornar competitivas las tasas de interés y abaratar los servicios bancarios; igualar las obligaciones y condiciones operativas de la banca extranjera con la nacional; armar programas de rescate de deudores.

    Asimismo, estarán en la agenda otros temas como la revitalización de la banca de desarrollo; la revisión de la política arancelaria para proteger el mercado interno; la puesta en práctica de las reformas energética y de seguridad; la reforma laboral; los festejos del bicentenario y el centenario.

    Los retos de los próximos legisladores serán importantes. Tendrán en sus manos la oportunidad de reorientar el rumbo del país, para aprovechar las oportunidades de la globalización y del mercado en favor de la sociedad, haciendo más equitativo el desarrollo económico.

    EL UNIVERSAL 30 de diciembre, 2008 http://bit.ly/9jqMsy

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    +No existe liderazgo ni se ven medidas conexas

    +Cuatro conjuntos de propuestas para mitigar daños

    +Indispensable regulación y transparencia financiera

    EL EMPLEO
    Francisco Rojas

    En la primera campaña presidencial de Bill Clinton un asesor acuñó la frase: “es la economía, estúpido”, para resaltar la principal preocupación del electorado. Ahora, en el mundo, la palabra clave es “empleo”. Los índices de desocupación crecen a pasos agigantados; los despidos se incrementan y los gobiernos desempolvan políticas anticíclicas para generar empleo sin descuidar, en algunos casos, las perspectivas de largo plazo a través de la educación y las innovaciones tecnológicas.

    En México, parece que la tónica es el silencio, posiblemente para no alarmar a una sociedad a la que consideran ignorante de lo que sucede. No existe liderazgo ni se ven medidas conexas que respondan a un plan integral; en vez de cuidar a pequeños y medianos productores, que son los que generan el mayor empleo, a los que no apoya la banca comercial ni la de desarrollo y que ven cerrase el financiamiento de proveedores, proponen bajar aranceles dizque para proteger al consumidor. Jamás podremos competir con una China que está depreciando su moneda y bajando el precio de sus productos y fletes marítimos para proteger sus mercados.

    Si se logran abandonar paradigmas, resabios ideológicos y actuar con pragmatismo, que aún no se aprecia en los dirigentes políticos, empresariales y sindicales, se podría convocar a un gran acuerdo nacional en torno a cuatro vertientes:

    1. Utilizar la política fiscal para reactivar la economía, generar empleos y mantener el consumo, partiendo de la base que es más importante el monto, destino y eficiencia del gasto público que el origen de los recursos; financiar de manera adecuada el rescate de empresas, las funciones ampliadas de la banca de desarrollo y el combate a la pobreza; revisar la política de subsidios agrícolas reorientándolos a infraestructura y a los apoyos directos y no al ingreso de los que más tienen, como hasta ahora; federalizar los avalúos catastrales, a través del INEGI, para eliminar presiones locales y aumentar los ingresos de los municipios; evaluar la incidencia del IETU sobre las empresas en época de crisis.

    2. Financiar a los productores, incluyendo el sector agrícola, mediante cambios regulatorios para ampliar y abaratar el crédito de la banca comercial y la de desarrollo a la que hay que fortalecer; alinear y reorientar todos los programas oficiales de apoyo, exigiendo a la banca comercial canalizar recursos a este fin.

    3. Cuidar el mercado interno, protegiéndolo de competencias desleales; revisar tratados con países con los que somos deficitarios; financiar a productores orientados al mercado interno, tal como se hace con los exportadores; rescatar a deudores con incapacidad temporal de pago.

    4. Fortalecer la supervisión, regulación y transparencia del sistema financiero, para cuidar el manejo de riesgos y el flujo de información; abaratar las operaciones bancarias; obligar a los bancos extranjeros a cotizar en Bolsa, para igualar condiciones y ejercer una mayor supervisión; etc.

    Son muchas las tareas pendientes y habrá que evaluar la factibilidad y el cronograma de las medidas sugeridas. El problema es mundial y durante mucho tiempo no podremos esperar auxilios externos. Tendremos que hacerlo nosotros con inteligencia, prudencia y patriotismo. El esfuerzo es de todos.

    EL UNIVERSAL, 16 de diciembre, 2008  http://bit.ly/bv7FrM

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  • Aún impredecibles los efectos de la recesión
  • Necesario revisar el papel del Banco de México
  • En EU, la prioridad es recuperar empleos perdidos
  • LA SITUACIÓN ECONÓMICA
    Francisco Rojas

    Podríamos decir que un fantasma recorre el mundo: el de la desconfianza y el miedo de los ahorradores e inversionistas en el sistema financiero internacional y en la capacidad
    de los gobernantes para ponerse de acuerdo y adoptar las medidas adecuadas para inyectarle liquidez y reactivar la economía.

    La crisis financiera, que se veía venir, ya contaminó a la economía real. Los expertos no se ponen de acuerdo en la profundidad y duración de la recesión; mientras unos dicen que se asemejará a la de 1929, otros confían en la pronta capacidad de recuperación de la economía estadounidense, como sucedió en las tres crisis anteriores. Las peticiones de rescate de bancos y empresas se multiplican y se teme que los recursos sean insuficientes si no se frena el temor, antes de que se convierta en pánico.

    Los despidos y la espiral descendente que arrastran al consumo y la producción, están creciendo con repercusiones mundiales. Japón ya se declaró oficialmente en recesión; Francia y Alemania no se ponen de acuerdo en el monto y alcance de las medidas a adoptar.

    Quizá por eso el Presidente electo Obama, aunque se inclinó por reciclar un experto equipo económico moderado, de centro, que pareciera afín a las recetas financieras tradicionales, señaló que sin descuidar el crecimiento a largo plazo, su objetivo era enfrentar el desempleo creando millones de nuevos trabajos y se resistió a rescatar a la industria automotriz sin un programa de reconversión a cambio.

    En México la crisis ya se presentó por el lado de la economía real más que por el financiero, a causa de la caída de las exportaciones, la inversión extranjera directa, las remesas, el turismo, etc.; pero no sabemos el estado real de los bancos y de muchas empresas, que ya no podrán fondearse en el exterior y a las que habría que apoyar para no obstruir los circuitos financiero-económicos y agravar el desempleo; tampoco sabemos qué haremos si no se alcanzan las metas y supuestos presupuestales; y desconocemos la naturaleza, proporción y plazo de las coberturas petroleras; etc.

    Tenemos que adoptar lo que Paul Krugman denomina como la “economía de la depresión”, en donde “las reglas usuales de la política económica ya no son aplicables”. En otras palabras, ahora se requieren políticas audaces, prontas y efectivas que reactiven la economía por la vía del gasto público, el financiamiento a los productores, el cuidado del mercado interno, el fomento a las exportaciones y otras acciones apropiadas a este contexto.

    Por ello es necesario, entre otras medidas financieras, revisar el papel del Banco de México y analizar si también, como ocurre en otros países, debe ocuparse del desarrollo económico, abrir la llave del crédito interno para la producción y poder financiar déficits presupuestales temporales, circunstancia prevista en la Ley de Presupuesto para casos excepcionales como el actual.

    El problema es mundial y parece que cada país tendrá que salvarse a sí mismo. Por ello, no podemos permitirnos la inacción y la opacidad y que nos gane la lucha ideológica; hay que ser pragmáticos. El objetivo debe ser evitar la conjunción de la depresión económica con la inseguridad pública, para no caer en problemas sociales y políticos.

    EL UNIVERSAL, 2 de diciembre, 2008 http://bit.ly/be80FE

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    QUEREMOS CREER

    Francisco Rojas

    Queremos creer que las medidas anticíclicas adoptadas por el gobierno activarán la economía, combatirán el desempleo y no servirán solamente para salvar a empresas que se dedicaron a especular con derivados.

    Queremos creer que significará un giro en la política gubernamental si se acepta lo que dice el presidente Sarkozy de que “la economía de mercado es el mercado regulado, el mercado al servicio del desarrollo, al servicio de la sociedad, al servicio de todos. No es la ley de la jungla, no son beneficios exorbitantes para unos y sacrificios para todos los demás”.

    Queremos creer que este nuevo enfoque resistirá el predominio de los que aseguran que el mercado se autorregula, que la crisis es coyuntural y la recesión pasajera, preconizando que el Estado no debe intervenir para regular intermediarios financieros que no cumplen con los términos originales de las concesiones que los obligarían a financiar la producción y no sólo el consumo. Queremos creer que el presupuesto aprobado es el adecuado y que se mantendrán los supuestos conforme a los cuales se elaboró, esperando que los acontecimientos no fuercen drásticos ajustes.

    Queremos creer que el presidente electo Obama se olvidará del trato dado a su rival y que preferirá ocuparse primero del asunto migratorio para que no regresen miles de compatriotas y sigamos recibiendo remesas y, luego, atender la crisis financiera mundial, la recesión económica y cumplir sus promesas electorales.

    Queremos creer que el reciente anuncio de Pemex de que en 2009 se firmarán contratos millonarios con las principales empresas internacionales para desarrollar Chicontepec, en donde, supuestamente, el costo del barril de petróleo obtenido es superior al precio de venta internacional, e insistir en explorar ahora los recursos prospectivos de las aguas profundas es una precipitación, ya que cuando en otros países se cancelan o difieren proyectos caros e inciertos, ante la baja del precio del petróleo, aquí se da la impresión de que urge regularizar situaciones y cumplir compromisos, en vez de aplicar los escasos recursos a desarrollar reservas en las conocidas áreas marinas y terrestres del sureste, donde hay más certidumbre y los costos y tiempos de desarrollo son menores.

    Queremos creer que la posibilidad que se abrió para que una misma empresa haga los estudios y participe mediante invitación restringida en el concurso, si aporta innovaciones tecnológicas, y además se declaren dichos contratos como confidenciales, no lleva dedicatoria a los grandes consorcios. Queremos creer que estas acciones serán cuidadosamente revisadas por el nuevo Consejo de Administración y la Secretaría de Energía, con visión de Estado y actitud nacionalista.

    Queremos creer que los reglamentos que expedirá el Ejecutivo para complementar las recientes reformas energéticas se apegarán a la letra y espíritu del legislador y no se utilizará “la letra chiquita” para rescatar lo que no pudieron lograr que se aprobara en el Congreso.

    Queremos creer que existen salidas y que hay una luz en el camino. Queremos creer que en nosotros está la solución recordando nuestra historia, acudiendo a nuestros verdaderos valores, favoreciendo a la mayoría de los mexicanos y no sólo a unos cuantos.

    EL UNIVERSAL, 18 de noviembre, 2008  http://bit.ly/a3u3Mq

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    ¿AHORA?

    Francisco Rojas

    Ya fue aprobada la reforma energética con el consenso mayoritario de las fuerzas políticas, en una demostración de prudencia y pragmatismo frente al grave entorno externo e interno.

    Se ratificó la decisión política fundamental de no privatizar la industria integrada, ni compartir la renta petrolera o el usufructo del mercado interno, impidiendo las burdas intentonas en refinación, ductos, almacenamientos y contratos de producción compartida; se liberó parcialmente a Pemex del yugo hacendario, aunque sus cuantiosas disponibilidades —que ahora sí se reconocieron— se destinarán a la recompra de pidiregas y no a la inversión; se logró una mayor participación del Congreso en la ratificación de consejeros y la formulación de la estrategia energética; se delimitaron las atribuciones de los formuladores de la política, los reguladores y el operador; se establecieron nuevos criterios y mecanismos para incluir a las energías alternativas y financiar la transición energética, etcétera.

    Todo lo anterior se alcanzó gracias a la presión social y a la posición mayoritaria de los priístas, manifestada en los documentos básicos aprobados en Aguascalientes, sacando las discusiones de los oscuros conciliábulos y aireando los temas más evidentes.

    Aunque el articulado y espíritu de las nuevas leyes se oponen contundentemente a la privatización, subsisten aún falta de transparencia y frases imprecisas en las exposiciones de motivos, que podrían dar pie a la hora de litigios o controversias constitucionales a interpretaciones legaloides sobre la intención del legislador; en ese sentido, afortunadamente se pudo impedir que deslizaran en la cámara revisora redacciones más permisivas. Como en todo proceso legislativo, las leyes son perfectibles y estaremos vigilantes para que así sea.

    Ahora toca aprobar el Presupuesto de Egresos para 2009 y verificar si existe la visión de Estado y el deseo de proteger el bienestar de las mayorías o si privarán los intereses parroquiales y de corto plazo. Hasta ahora las autoridades financieras y económicas han reaccionado tardíamente frente a los acontecimientos con medidas que parecen insuficientes para paliar el vendaval.

    El año entrante se agudizarán la falta de liquidez y créditos a las empresas, el alza en los costos, el regreso masivo de migrantes, la caída de las remesas, la disminución de las exportaciones y demás factores que incidirán en el desempleo y la caída de la demanda interna, por lo que a las medidas anunciadas por el gobierno habría que añadirles programas francamente anticíclicos que generen empleo en las zonas y sectores más necesitados. Además de regulaciones más estrictas, debe facultarse a las autoridades para canalizar el ahorro interno que manejan los intermediarios financieros para financiar la producción y reducir el costo de los servicios que prestan.

    Ahora viene la etapa crítica de la reforma energética, que es hacerla realidad con trabajo, productividad y amor a la camiseta, vigilando que la burocracia y las nuevas facultades no ahoguen a Pemex. Asimismo, debemos cuidar que el presupuesto de egresos y las medidas financieras sirvan efectivamente para afrontar la crisis, acompañadas de austeridad en el gasto corriente e incentivos a la inversión y el empleo.

    EL UNIVERSAL, 4 de noviembre, 2008  http://bit.ly/cbXJ8q

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    FAENA

    Francisco Rojas
    Sin liga aparente con lo que sucedía en el Senado con la Ley Orgánica de Pemex, en una faena rápida y silenciosa, Hacienda logró que la Cámara aprobara casi por unanimidad modificaciones en la Ley Federal de Presupuesto para desactivar las bombas de tiempo de la autonomía financiera y la asunción del pasivo de Pidiregas de Pemex, crear dos comités en su Consejo de Administración, cambiar reglas del juego para los excedentes petroleros y eliminar trabas a la contratación de grandes empresas.

    Respecto a la autonomía financiera, efectivamente sus inversiones no se contabilizarán en la meta de balance presupuestario del sector público para no competir con otras asignaciones en épocas de ajuste, pero según la exposición de motivos del Ejecutivo, sus ingresos y gastos seguirán formando parte de la Ley de Ingresos de la Federación y del Presupuesto de Egresos Federal; sus inversiones estarán sujetas al techo gubernamental que fije Hacienda y si requieren financiamiento, se sujetarían a la Ley de Deuda Pública, al programa financiero global y al marco macroeconómico; además, el superávit de Pemex, sin considerar las inversiones, tendrá que ser igual al déficit del resto del sector público.

    Para no absorber el pasivo contingente de Pidiregas, cuyo uso se intensificó en el sexenio de Fox al quitarle a Pemex sus utilidades y obligarlo a endeudarse hasta para pagar impuestos, ahora serán deuda presupuestaria a cargo del Organismo, pudiendo disminuirlos con sus disponibilidades.

    Sin embargo, derivado de las modificaciones fiscales y los altos precios del petróleo, Pemex había acumulado cuantiosas disponibilidades, que estaban congeladas y ya eran difíciles de ocultar, y las había venido utilizando para recomprar deuda.

    Según informa Pemex, al 8 de junio del presente había destinado el equivalente de $270 mil millones para tal fin y que continuarían con esta clase de operaciones durante el resto del año. ¿Por qué no se usaron antes dichas disponibilidades para invertir en refinerías, ductos o exploración? ¿Esperaban el resultado de la Reforma?

    No obstante la inequidad que representa manejar información privilegiada, ahora las empresas que hayan realizado estudios para determinar especificaciones de construcción, presupuestos, materiales, equipos, procesos, así como otros elementos para contratar un proyecto, podrán participar en la licitación del mismo en “igualdad de circunstancias” con otras compañías.

    Con lo anterior, la mesa está servida para las grandes empresas, ya que en la Ley Orgánica de Pemex se pretende asignar contratos directamente o mediante invitación restringida a empresas que aporten innovaciones tecnológicas o con las que se tengan convenios de intercambio tecnológico, tales como Shell y Petrobras, entre otras.

    Estamos conscientes que las circunstancias de la economía internacional y nacional requieren respuestas inmediatas para crear empleos, reactivar la demanda interna y paliar los efectos de la crisis financiera y la recesión económica y que la reforma energética es parte de estas medidas; pero eso no significa atropellar procesos legislativos, poner en riesgo meses de negociación, ni descuidar la ”letra chiquita” en los arreglos a que lleguen los distintos partidos políticos.

    EL UNIVERSAL, 21 DE OCTUBRE, 2008 http://bit.ly/cpYrHy

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  • La crisis financiera global marca oportunidades para México
  • Reforma petrolera debe verse en el contexto de la situación mundial
  • Las debilidades regulatorias ocasionan los grandes quebrantos
  • CUIDADO
    Francisco Rojas
    El Universal

    Está próximo el dictamen legislativo sobre las diversas iniciativas de reforma energética. Ha trascendido que muchas de las propuestas gubernamentales no prosperarán, principalmente las relativas a refinación, transporte y almacenamiento de petrolíferos; por contra, se le otorga mayor autonomía y recursos a Pemex y flexibilidad en materia de contratación, que algunos opinan permitiría regularizar situaciones de facto.

    Según se sabe, la mayoría rechaza los contratos de riesgo de producción compartida, Sharing Production Contracts, por que implicarían modificaciones constitucionales al estar ligados a reservas, producción o precios de venta. Otros pretenden posibilitar la celebración de cierta clase de contratos de riesgo de servicio, Risk Service Contracts, para toda clase de obras o servicios, mediante términos indefinidos, cláusulas imprecisas y otras rendijas legales.

    La retribución del riesgo en estos contratos está en la determinación de los costos, en donde las grandes empresas pueden inflarlos a su conveniencia, ya que cuentan con mayor experiencia y recursos técnicos y jurídicos que Pemex, alegando avances tecnológicos, nueva información surgida en la ejecución del proyecto etc., máxime si se les permite, además, revisiones, sugerencias y otras formas de modificar términos y montos de los contratos. Tantas indefiniciones impedirían establecer un precio cierto, lo cual podría prestarse incluso a corrupción.

    Pemex requiere formas modernas de contratación y de gestión; pero hay presiones para darle una amplia y completa discrecionalidad para que norme sus adquisiciones, obras y contratos, anteponiendo a lo dispuesto por las leyes vigentes, lo que el Consejo de Administración o un Comité determinen al respecto, en lugar de modificarlas para adecuarlas a las necesidades del Organismo. Además, no se garantiza la plena transparencia de dichos actos, disminuyendo la intervención del Legislativo y de la Sociedad en su prevención o corrección.

    Esto es peligroso dada la debilidad de nuestras disposiciones regulatorias y sistemas de control y fiscalización. Ya se tuvo la experiencia del Fobaproa y lo que nos sigue costando; y ahora vemos que en el origen de la crisis financiera de los Estados Unidos están, entre otras, la debilidad de las regulaciones y la falta de control ocasionados por el fundamentalismo económico de suponer que el mercado se autoregula, combinada con la avaricia y el lucro de los actores financieros. Repetir estas situaciones en Pemex, de discrecionalidad y huecos legales, es arriesgarnos a perder el control de una institución clave para todos los mexicanos.

    La recesión económica que ya resentimos en la pérdida de exportaciones, remesas, turismo, inversiones y escasez y encarecimiento del crédito, acrecentarán el desempleo, la merma de ingresos y la intranquilidad social. Debemos evitar crear una situación riesgosa aprovechable por quienes quieren ver debilitadas o inermes a las Instituciones; cuidado con victorias pírricas que pueden arrojarle más gasolina a la hoguera.

    Es el momento de reorientar la política económica y social abandonando recetas superadas y forjar un pacto nacional en torno a objetivos claros y precisos, para evitar mayores problemas políticos y económicos.

    EL UNIVERSAL, 7 de octubre, 2008 http://bit.ly/cSIbuo

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    NUBARRONES
    Francisco Rojas

    Se han acumulado graves sucesos que deben ponernos sobre alerta y adoptar decisiones sensatas para defender las instituciones y nuestra forma de vida. Por una parte, la crisis financiera estadunidense y, por la otra, la escalada de violencia ¿nos tendrán atrapados ambos fenómenos en un callejón cuya salida sea a largo plazo y para la cual aparentemente no estamos preparados?

    Los Estados Unidos parecen no haber aprendido de las crisis de los bonos chatarra, de Enron y ahora las hipotecarias; a pesar del enorme rescate planteado, es posible que no se logre evitar arrastrar al mundo a una crisis financiera y a una recesión generalizada.

    En México ya resentimos sus efectos menos divisas por disminución de remesas, exportaciones y turismo; cierre de fuentes de trabajo, migración de personas y capitales, caídas en la Bolsa de Valores; restricciones crediticias; pérdida de recaudación; etc., aunado a repuntes en la inflación.

    Los atentados en Morelia muestran el despiadado propósito de aumentar la apuesta para desmoralizar a la población y obligar al Estado a disminuir su voluntad de combatir a los transgresores de la Ley y prevenir la liga entre el crimen organizado y la política.

    De otro, hay quienes opinan que lo que se pretende es obligar al Gobierno a asumir medidas radicales y autoritarias. De cualquier manera son hechos condenables desde cualquier punto de vista y requieren de toda nuestra solidaridad y firmeza institucional para rechazarlos y combatirlos.

    Frente a estos nubarrones cabe preguntarse si la política económica plasmada en la iniciativa de presupuesto es la adecuada para enfrentar lo que se avecina y si las medidas adoptadas son las apropiadas para contrarrestar la ola de violencia e impedir el sentimiento de indefensión y el resquebrajamiento del tejido social.

    Parece ser que se mantiene la misma política hacendaria de siempre. Aunque hay incrementos en seguridad y el gasto social, otra vez las previsiones para el campo e infraestructura fueron insuficientes, dejando en los legisladores la responsabilidad de cubrir huecos, sin que puedan modificar el precio del petróleo, calculado como lo previene la Ley.

    ¿Es justificable en momentos de recesión no aumentar las inversiones en el campo, la infraestructura y el sector energético y se privilegien renglones como el pago anticipado de la deuda externa, como sucedió con la reciente compra de reservas por Dlls. 8 mil millones que se usaron para desendeudarse y no para financiar una nueva refinería o carreteras que tanto urgen, por ejemplo?

    En situaciones críticas cabe preguntarse si el equilibrio presupuestal y esterilizar recursos a Pemex son las respuestas adecuadas, cuando posiblemente sería el momento de incentivar la demanda, crear empleos y activar a la economía.

    Frente a la violencia estamos firmes en lograr la unidad de los mexicanos y defender nuestras instituciones; suscribimos plenamente los llamados para acompañar las acciones de corto plazo, con medidas estructurales para fortalecer al Estado de Derecho, reforzar la cultura y jerarquía de valores y lograr que el Estado cumpla con su obligación primaria de garantizar seguridad y tranquilidad a todos los mexicanos, siempre que sepamos a dónde vamos y qué debemos hacer.

    EL UNIVERSAL, 23 de septiembre, 2008 http://bit.ly/cHMKW5

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  • Examina Rojas unidad partidista, en el contexto de situación nacional
  • Desesperanza y frustración afectan  la convivencia de los mexicanos
  • Asamblea del PRI: unidad, oposición responsable y defensa petrolera
  • UNIDAD
    Francisco Rojas

    Nuestra historia y la de muchos países, muestra que cuando ciertos intereses rompen la unidad interna y atizan los factores de ingobernabilidad logran sus propósitos particulares.

    Nos enfrentamos a una grave polarización y crecientes signos de ingobernabilidad manifestados por la imparable delincuencia e inseguridad pública; una economía estancada; una política social incapaz de detener el deterioro de los indicadores de educación, salud, seguridad social y empleo; reducción de los niveles de alimentación, insuficiencia de vivienda y servicios urbanos; e incapacidad para preservar el medio ambiente y protegernos de los efectos del cambio climático.

    También hay consensos en el sentido de que la problemática que vivimos está llevando al país a una crisis de valores. La desesperanza y la frustración afectan los valores individuales y de convivencia colectiva.

    Son crecientes la indiferencia ante lo público, la intolerancia a lo diverso, el rechazo a lo social como negación de lo justo y el pragmatismo para el provecho inmediato. Tal situación nos está conduciendo a un mayor deterioro de la convivencia nacional.

    Los partidos políticos no escapan de este contexto y experimentan divisiones internas.

    Por eso son importantes las acciones emprendidas para mantener la unidad interna del PRI, anteponiendo intereses superiores a los particulares, sumando experiencias, capacidades y esfuerzos para superar la 2ª derrota electoral consecutiva, muestra de lo que provocan mezquindades y egoísmos.

    El PRI, consciente que un partido dividido no puede ser opción de gobierno por no despertar esperanzas ni concitar voluntades, se presentó en su reciente Asamblea de Aguascalientes con Principios Básicos y un Programa de Acción renovados, logrando un clima de unidad y equilibrios internos indispensables para fortalecer la democracia partidista y enfrentar con éxito y cohesión los retos políticos y electorales venideros.

    El PRI se sabe partido actualizado, de oposición constructiva, que propone políticas de Estado que trasciendan períodos sexenales con una visión nacionalista, revolucionaria, social y democrática, con rectoría del Estado y creciente participación de los sectores social y privado, en un mundo interdependiente, globalizado y cambiante.

    Un aspecto amalgamador del PRI fue el rechazo de la inmensa mayoría de sus militantes a los intentos privatizadores del petróleo; el Programa de Acción ratifica y moderniza nuestros principios rectores en materia energética como un asunto prioritario de seguridad nacional; no podía permitirse que cuando muchos países defienden sus intereses estratégicos, aquí se pretendiera introducir procedimientos subrepticios para ceder en la práctica la planeación y operación de Pemex, el control del mercado y el usufructo de la renta petrolera a particulares.

    Así, los energéticos continuarán bajo la propiedad y rectoría del Estado, manejados por empresas públicas nacionales. Acorde con los Arts. 25, 27 y 28 Constitucionales, el petróleo, su exploración, extracción, industrialización y comercialización deben beneficiar exclusivamente a los mexicanos.

    Nuevamente el petróleo se convierte en factor de unidad en el PRI y, logrando la unidad del Partido, tenemos razones fundamentadas para lograr la unidad nacional en este tema.

    EL UNIVERSAL, 26 agosto, 2008 http://bit.ly/bAZLTE

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    +Revelador dato en informe de la paraestatal a la SEC
    +Reservas probadas no desarrolladas: hay más del doble
    +Necesarias negociaciones diplomáticas sobre aguas profundas
    BALANCE
    Francisco Rojas
    La reciente iniciativa del PRI frenó intentos privatizadores manteniendo el contenido y alcance de la industria petrolera integral, impidiendo que los particulares realizaran actividades de refinación, transporte y almacenamiento de petrolíferos, creando la nueva figura de organismos descentralizados de carácter estratégico, dándole mayor autonomía a Pemex, ratificando por el Senado a los consejeros profesionales como servidores públicos, etc.

    Sin embargo, a pesar de los importantes avances, la iniciativa debería complementarse: eliminar el régimen de excepción en materia de obras públicas y adquisiciones; revisar articulados que posibilitan contratos de riesgo; ampliar la transparencia y máxima publicidad de las acciones de Pemex; sustituir el actual sistema de precios de transferencia; acotar discrecionalidad en el reparto de excedentes petroleros; darle integridad, lógica y bases legales al sistema de control y vigilancia; etc.

    Además, debe quedar claro que hay soluciones a mitos sobre Pemex:

    • Pemex sí tiene recursos; a mediados de junio informó a la Securities and Exchange Commission (SEC), que había destinado de sus disponibilidades 26 mil millones de dólares para la recompra de Pidiregas, en posible adición al superávit primario por 162 mil millones de pesos, que tiene congelado.
    • Urge revitalizar al Instituto Mexicano del Petróleo y asociarse con otros institutos de enseñanza superior para cerrar la brecha tecnológica; mientras, se pueden contratar asesorías y empresas dedicadas a la generación de proyectos.

     Conforme cifras oficiales, el 70% de los recursos potenciales y reservas se encuentran en el litoral, aguas someras y tierra, principalmente en el sureste, por lo que no es prudente concentrar esfuerzos en el corto plazo en aguas ultraprofundas. Asimismo, se informó a la SEC que existen 4 mil 700 millones de barriles de petróleo de reservas probadas aún no desarrolladas, 50% más de la cifra oficial, además de las probables y posibles, y lo que se incremente con recuperación mejorada.

    • La moratoria con el gobierno norteamericano se refiere únicamente al polígono occidental (Hoyo de Dona); están pendientes acuerdos respecto al polígono oriental que colinda con Cuba; el área de Cinturón de Plegado Perdido; los límites marítimos con Cuba; y los terrestres con Belice y Guatemala.México deberá solicitar urgentemente la negociación de un protocolo sobre el tratado de límites marítimos de 1978, ratificado en junio de 2000. Además, suscribir el memorando de entendimiento que la reguladora Minerals and Management Service, de Estados Unidos, ha promovido con Pemex sobre información técnica y de intercambio de datos de los posibles yacimientos compartidos, cuya existencia no ha sido debidamente comprobada.

      Los diplomáticos deben proponer alternativas para extender dicha moratoria o encontrar la forma de explotar conjuntamente dichos yacimientos, en caso de existir, mediante convenios apropiados que no abran posibilidades de extender el trato especial a otros situados plenamente en el lado mexicano.

    • Para aumentar de inmediato la capacidad de refinación se puede recurrir a proyectos llave en mano y acelerar las reconfiguraciones, habilitar parte de trenes petroquímicos y mejorar la calidad del crudo que se le entrega a Refinación.

     Podemos lograr una Reforma Energética integral con visión de futuro, seguridad energética y el disfrute de la renta petrolera para los mexicanos.

    EL UNIVERSAL, agosto 12, 2008 http://bit.ly/cma4Vp

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