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+ El triunfo de Hollande y la reacción responsable de Sarkozy

+ Francia podría atenuar la dureza de las políticas anticrisis

+ Nubarrones en Europa y EU amenazan extenderse en el mundo

+ México no escapa al entorno y la crisis demanda un Estado eficaz

LA LECCIÓN DE LA ELECCIÓN

Francisco Rojas

En punto de las ocho de la noche apareció en la televisión francesa la foto de François Hollande y una cifra: 51.62%: los franceses habían elegido a un nuevo Presidente. Pero lo más encomiable fue que Nicolás Sarkozy, presidente en funciones y candidato perdedor, se presentó 20 minutos después ante sus partidarios para asumir “la responsabilidad de la derrota”. Son los frutos del conteo rápido, la credibilidad en las instituciones y la civilidad democrática.

En una Europa dominada por la idea del adelgazamiento del Estado y por rígidas políticas de austeridad, las propuestas de Hollande de complementar la disciplina fiscal con incentivos para el crecimiento, son una bocanada de aire fresco que abre la expectativa de atenuar la dureza de las medidas impuestas por Alemania y Bruselas para sortear la crisis de la Unión Europea.

El desempleo en el viejo continente afecta a 29 millones de personas, la mayor parte jóvenes y constituye, a juicio de los expertos, una seria amenaza para la convivencia social. Explica las protestas juveniles en muchos países europeos y el dramático ascenso de los suicidios en Grecia. Los recortes draconianos que han lanzado a la calle a millones de españoles, griegos, portugueses, irlandeses e italianos no contribuyen a la recuperación.

La recesión no se limita a Europa; el leit motiv de la elección presidencial en Estados Unidos será el desempleo, y la preocupación es tal que Paul Krugman recomienda atender de inmediato este problema y dejar los ajustes fiscales para la próxima década.

Los nubarrones de Europa y Estados Unidos y la amenaza de contagio a otras economías, incluyendo a México, exigen considerar que la salida no depende solo de la estabilidad macroeconómica, sino de tener un buen gobierno y un sólido Estado de derecho, es decir, las bases de un Estado eficaz.

En México carecemos de esto último, y el desempleo y la pobreza son peores porque afectan a más personas que en España, por ejemplo; son más profundos y se suman a la violencia y la inseguridad acentuadas en este sexenio. Las cifras muestran una situación grave. En 11 años de gobiernos panistas, el crecimiento anual promedio de la economía fue la mitad que el del último gobierno del PRI, a pesar de la fuerte caída de 1995-1996; la informalidad supera con creces los paupérrimos empleos formales creados; la pobreza se ha extendido a la mitad de la población y 21 millones de mexicanos no tienen siquiera para comer. Los miles de muertos, heridos, desaparecidos y desplazados son demasiados para un país pacífico como México.

La solución a estos problemas debería ser el centro del debate político. Enrique Peña Nieto ha impulsado propuestas prácticas; otros candidatos —con la abierta participación de funcionarios del gobierno federal— tratan de ocultar los fracasos del presente con campañas de ataques y una obsesiva fijación en un pasado que se dio en circunstancias diferentes y no podrá repetirse.

Intensificar la violencia verbal propicia la violencia física que ha sembrado luto y desesperación en la sociedad y no contribuye a ganar civilidad. Descalificar de antemano a las instituciones nos llevó a una división y polarización, en la cual no debemos volver a caer. Aprovechar investiduras y recursos públicos con fines electorales es lo último que requiere un México democrático.

Por eso, debemos prestar atención a la lección de civilidad de Francia, no sólo en la elección, sino en actos como el homenaje conjunto de Hollande y Sarkozy a los caídos en el Arco del Triunfo, para mostrar que las diferencias políticas no están encima de los intereses del país ni rompen la unión de los franceses, como no deberían poner en peligro la concordia y la unidad de los mexicanos.

EL UNIVERSAL, 15 mayo, 2012.-

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+ Aprobada la nueva Ley Federal de Competencia Económica

+ Amplios alcances y ventajas de la Ley de Acciones Colectivas

+ Se legisla en favor de la población cada vez más empobrecida

PROTECCION AL CONSUMIDOR

Francisco Rojas
Con la determinación de proteger a la población en un mercado en el que han proliferado las prácticas monopólicas y la indefensión del consumidor, el Congreso de la Unión aprobó dos importantes recursos legales.

El Senado de la República ratificó el jueves la propuesta de los diputados para reformar la Ley Federal de Competencia Económica, el Código Federal Penal y el Código Fiscal de la Federación. Las reformas posibilitan que la Comisión Federal de Competencia garantice la neutralidad de sus decisiones y evite presiones cuando actúe en la investigación de casos que involucran a poderosos grupos económicos.

El mismo día, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado sobre la Ley de Acciones Colectivas, que protegerá los derechos individuales y colectivos de los consumidores en las áreas económica, de servicios, financiera y ambiental. Las personas podrán actuar en grupos de 30 ciudadanos o más contra empresas que afecten sus intereses como consumidores o causen daños al medio ambiente. Esta ley reducirá la desventaja de los individuos aislados frente a las grandes empresas en el mercado.

Los beneficios de la Ley de Acciones Colectivas no se limitan a quienes hagan una demanda, sino que se extienden a todos los afectados. Este recurso podrá ser usado también por entidades como las procuradurías Federal del Consumidor, de Protección al Ambiente, de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia.

Con las nuevas facultades que se otorgan a las instancias responsables de la competencia y la regulación en el país, se trata de evitar los abusos y escaladas de precios que llevan a cabo las empresas monopólicas en detrimento de una población cada vez más empobrecida y sin defensas institucionales. Así, el Estado garantiza un mejor funcionamiento de la economía y fortalece la competencia libre y justa.

Con ese objeto se fortalecen los mecanismos para que la Comisión Federal de Competencia pueda determinar si uno o varios agentes económicos han acumulado el poder sustancial conjunto en el mercado, para afectar las condiciones de competencia efectiva y fijar precios o restringir el abasto de bienes y servicios.

Asimismo, la nueva legislación prohíbe que un adquirente concentre bienes para disminuir, dañar o impedir la libre concurrencia; también consolida la política de verificación para que se puedan requerir informes y documentos que se consideren relevantes para las indagatorias.

Entre las ventajas de esta normatividad destaca la protección a los grupos de menores ingresos que son víctimas de la voracidad de las empresas comercializadoras de productos agropecuarios y que, aprovechando la escasez de éstos, a niveles nacional e internacional, han desatado el alza de precios de los principales productos de la canasta básica.

Los legisladores estamos también de acuerdo en la necesidad de imponer sanciones más fuertes a los agentes económicos que incurran en prácticas monopólicas, con una gradualidad acorde a la gravedad de la falta: la mayor de ellas equivalente al 10% de los ingresos del agente económico que no cumpla con la ley.

También se impondrán multas a quienes declaren falsamente, propicien prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, en rangos que van del 8 al 10 por ciento de los ingresos o equivalentes desde 175 mil hasta 200 mil veces el salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, independientemente de las responsabilidades penales a que haya lugar.

De igual manera se sancionará con prisión de tres a diez años, y con multas de mil a tres mil días de salario mínimo a quien fije, concierte o manipule el precio de venta o compra de productos, obligue a no producir o comercializar bienes, divida segmentos del mercado y acuerde posturas o abstenciones en licitaciones públicas.

Las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica propiciarán una mejor coordinación entre las autoridades de competencia y las instancias reguladoras y favorecen la competitividad, la productividad y el crecimiento económico, mientras que la Ley de Acciones Colectivas fortalecerá la capacidad de las personas para la defensa de sus intereses. Esta legislación no afecta injustamente a nadie; al contrario, protege a los consumidores de los abusos monopólicos como corresponde a un Estado democrático y equitativo. De esta manera, los legisladores priistas cumplimos con nuestro mandato para proteger de abusos a la población del país.

EL UNIVERSAL , 3 mayo, 2011.-

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+ Iniciativa panista:  reducir a Pemex a solo productor de crudo

+ Se niegan recursos a la empresa y se quiere invertir fuera

+ Nociva visión minimalista y gerencial del Estado mexicano

+ Se pretende entregar la refinación petrolera a particulares

+ Ya en 2008 perdieron el debate ideológico, pero insisten

TERQUEDAD
Francisco Rojas

Ante la inminente caída de la producción de petróleo y la declinación de las reservas probadas, es oportuno el reclamo de Carlos Romero Deschamps, de que es absurdo pretender que Pemex compita en el mercado mundial cuando se le niegan los recursos para su desarrollo, se designa a directivos carentes del perfil y la experiencia adecuados y se propugna la participación privada como “panacea salvadora de esa industria, mientras se subutilizan sus capacidades”.

En la reciente celebración del aniversario de la expropiación petrolera, el líder de los petroleros advirtió ante el presidente Calderón que los rezagos en el mantenimiento y capacidades de las plantas, ductos y almacenamiento del Sistema Nacional de Refinación han provocado pérdidas y que el gasto por importación de petrolíferos “ya compita con el valor de la exportación de crudo”.

Posteriormente, en lo que pareció una respuesta a lo anterior, el director de la Paraestatal apoyó una propuesta de modificación constitucional presentada por senadores panistas, para permitir que los particulares refinen, transporten, almacenen y distribuyan petrolíferos, diciendo que era bueno “tener a alguien más para no depender solo de Pemex”.

Dicha propuesta, presentada irónicamente el pasado 18 de Marzo, pretende la modificación del párrafo IV del artículo 28 constitucional para excluir de las áreas estratégicas reservadas al Estado todo lo referente al petróleo y demás hidrocarburos, así como a la petroquímica básica, exceptuando expresamente la exploración y extracción de petróleo crudo; es decir, reducir a Pemex a productor de crudo únicamente y, dentro de esta visión minimalista y gerencial del Estado, formalizar y generalizar su responsabilidad exclusivamente como administrador de contratos.

Pemex tiene un régimen fiscal confiscatorio y se le niega el uso de sus recursos propios para invertir en áreas fundamentales. Pero además, los gobiernos panistas se han encargado de desmantelar la planta técnica del organismo, sustituyendo personal veterano con panistas inexpertos que no conocen la industria petrolera; a lo que se agrega el abandono de la investigación que desarrollaba el Instituto Mexicano del Petróleo y la desaparición de las pocas firmas de ingeniería mexicanas.

Esto ha provocado que PEMEX carezca de los cuadros experimentados en cantidad suficiente, con las capacidades gerenciales y administrativas que requieren las nuevas tecnologías y los retos cada vez más difíciles a que se enfrenta la industria petrolera en el mundo.

Por supuesto, en la iniciativa referida, se le dejan a Pemex las actuales instalaciones de refinación que, faltaba más, ¡no se privatizan! aunque los terrenos de Hidalgo seguramente albergarían una refinaría transnacional y en Tuxpan ya está todo listo para instalar una terminal marítima que compita ventajosamente con la actual del organismo.

Así, con el tiempo, “sin privatizar y manteniendo la soberanía y la rectoría del Estado”, al decir de los senadores proponentes, las instalaciones morirían de inanición y una vez debilitado el organismo, se confirmarían la supuesta incompetencia del Estado para administrar empresas y la tesis de que la única alternativa para la Nación es ceder a particulares el dominio sobre los recursos petroleros y permitir que ellos, y no el Estado, tomen las decisiones estratégicas para el país.

Es patética y alarmante a la vez la persistencia ideológica de los panistas por privatizar a Pemex; basta recordar los contratos de servicios múltiples, el contrato para el mantenimiento de ductos y los contratos incentivados, en todos los cuales, con el barniz de que son para la prestación de servicios, se delega en los contratistas funciones reservadas constitucionalmente al Estado y se les traspasa en distintas formas gran parte de la renta petrolera que le correspondería a la Nación.

Ahora se pretende descaradamente entregar a los particulares la refinación, la petroquímica básica y la cadena de valor aguas abajo. Los argumentos y los personajes son los mismos que los del 2008, cuando se discutía la Reforma Energética, y que no prosperaron gracias a que perdieron el debate de las ideas y a la movilización de importantes sectores. No hay duda que los compromisos asumidos y la desesperación por conservar el poder los lleva a cometer los mismos desatinos. De persistir en su intento, se volverán a encontrar con el repudio de la mayoría de la población y la firme oposición de los legisladores nacionalistas.

EL UNIVERSAL 5 ABRIL, 2011.-

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+ En lugar de concordia, dinamitan puentes de entendimiento

+ Acciones del Gobierno y su partido, polarizan a la sociedad

+ Juegan a la política como si fuera torneo de  frases publicitarias

FRACTURA SOCIAL

Francisco Rojas

El 4 de julio se ha vuelto obsesión del gobierno, su partido y anexos. Instituciones debilitadas, gobernabilidad disminuida, Estado de derecho agredido desde el poder. Desafortunadamente, esto es parte de la realidad que vive el país. Quienes debían abonar al ejercicio democrático, al acuerdo, a la conciliación, a la permanente búsqueda de soluciones a los graves problemas que enfrentamos, dinamitan los puentes de entendimiento entre los diversos actores sociales, políticos y económicos, y obstruyen la relación entre gobernantes y gobernados.

Las acciones del gobierno y su partido han polarizado a la sociedad y ahondado las graves divisiones que se empezaron a perfilar desde hace 10 años. Las elecciones locales en 14 entidades federativas el 4 de julio, incluyendo 12 gubernaturas, han potenciado la desesperación del Ejecutivo ante el descontento social por la falta de resultados positivos en los temas más importantes de la agenda nacional como el desempleo, la pobreza y la inseguridad.

Mientras fue oposición, el PAN consideró que la democracia era una bandera política de gran utilidad; ahora le parece inaceptable que, gracias al impulso del PRI, se hayan construido instituciones que reflejan la pluralidad de la sociedad mexicana. El gobierno y su partido tienen una concepción maniquea de los mexicanos: ellos son los buenos y quienes disienten de su ideología y critican responsablemente los resultados de sus acciones, son los malos.

Hagamos un alto en el camino y esforcémonos para entender el país que tenemos al inicio del siglo XXI; hay que repensar la sociedad y su conducción y tomar medidas serias, eficaces y de corto y largo plazos para volver a unirnos en torno a lo que a todos nos interesa, que es la recuperación de condiciones civilizadas de vida y desarrollo.

Ya no tenemos tiempo para jugar a la política como si fuera un torneo de frases publicitarias. Las condiciones nacionales e internacionales son adversas, por eso debemos tomar las decisiones más acertadas para proteger a los estratos sociales que están en condiciones vulnerables, como los pobres y las clases medias, y para impulsar a la mediana y pequeña industrias, que son fuertes generadoras de empleo, ingreso, demanda efectiva y mercado interno.

Hay que respetar a los ciudadanos en las contiendas políticas y plantearles propuestas para que ellos, informados, elijan con libertad, en vez de aventarles despliegues mediáticos y medidas fiscales electoreras de última hora. Es también vergonzoso pretender el voto ciudadano por medio del espionaje telefónico, conversaciones adulteradas y prácticas de “guerra sucia”, que fracturan a la sociedad y persiguen preparar el camino para reclamos postelectorales.

Podemos y debemos volver a ser la sociedad que a lo largo de varias décadas fue tejiendo acuerdos hasta culminar con una reforma electoral consecuente con la pluralidad política. Está en nuestra historia la demostración de que somos capaces de unirnos no para cualquier fin, sino para definir y alcanzar objetivos comunes.

Tenemos diferencias —las tienen todas las sociedades libres—, pero eso no nos hace enemigos ni nos impide discutir seriamente nuestros problemas y las posibles vías de solución e identificar aspiraciones comunes a toda la sociedad, como la construcción de una economía fuerte y creciente, la recuperación de la seguridad pública y la moderación de la desigualdad social, entre muchos más.

EL UNIVERSAL, 29 junio 2010 http://bit.ly/9dQdnD

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  • Puntos sobre las íes: el PRI frente a la Extinción de Dominio
  • Los riesgos e improcedencias de  la iniciativa rechazada
  • Cómo está eso: Si no estás conmigo, estás contra mi
  • EXTINCION DE DOMINIO
    Francisco Rojas
    ¿Le gustaría que la policía derribara la puerta de su casa para realizar un cateo sin orden judicial con base en suposiciones, con los posibles abusos y decomiso de objetos de valor sustraídos como  “prueba del delito”?;  esto quería legalizar el Gobierno panista con una iniciativa que el Congreso rechazó el año pasado.

    La iniciativa de Ley para la Extinción de Dominio del Gobierno contiene barbaridades jurídicas semejantes a la anterior; por ejemplo:

    Si usted renta su casa y en ella se comete algún delito de los tipificados como de delincuencia organizada, puede ser incautada y sujeta al proceso de extinción de dominio, es decir a la pérdida de los derechos de propiedad, basado en que usted pudo haber tenido conocimiento del uso que se le daba al bien sin denunciarlo oportunamente ante el ministerio público, con la posibilidad de que lo arraiguen como presunto cómplice de los delincuentes.

    Para librarse de lo anterior, usted enfrentaría varios problemas.  

    Primero, probar que actuó de buena fe, que no sabía del uso que se le daría al bien y que no tuvo conocimiento oportuno de lo que sucedía. Cabe aclarar que al que le toca probar la mala fe es al ministerio público y no al ofendido;  en cambio, a la autoridad le bastaría presentar el testimonio de un testigo protegido para iniciar el proceso;  es decir, al ciudadano le tocaría la carga de la prueba y la presunción de inocencia se convertiría en culpabilidad.

    Segundo, suponiendo sin conceder, que hubiera tenido noticias de que algo ilegal sucedía con dicho bien, ¿se atrevería a presentar la denuncia ante el ministerio público con la fama de que alrededor de esos círculos es común el nexo con los delincuentes, con lo cual podría poner en peligro su vida o la de sus familiares?

    Tercero, en caso de que no se atreviera a denunciar y esperara la terminación del contrato para obtener una orden judicial de desahucio,  ¿Cree que el lanzamiento se realizaría sin consecuencias para usted?

    Cuarto, si en la causa penal no se prueba la culpabilidad de los presuntos delincuentes, es posible que después de muchas gestiones le devuelvan el bien con el clásico  “usted perdone”  y sin derecho a indemnización y pago de daños y perjuicios. ¿Complicado, no?  pues bien, como esas hay otras “linduras” en la Iniciativa.

    Por ello, el PRI y otros partidos se opusieron a aprobarla incondicionalmente, a pesar de los chantajes y provocaciones de ciertos dirigentes panistas.  

    A fin de destrabar el impasse, la fracción parlamentaria del PRI en el Senado presentó en Comisiones una serie de enmiendas, que de ser aprobadas por el Congreso, equilibrarían el proceso a fin de salvaguardar derechos fundamentales de los ciudadanos tales como: la garantía de audiencia, la carga de la prueba rescatando la presunción de inocencia, el derecho a la indemnización, la responsabilidad de la Institución del ministerio público para evitar que este instrumento se use para amenazar o extorsionar a los ciudadanos, incorporar elementos de certeza y seguridad jurídica para impedir que el bien se pueda extinguir con meros “indicios”  o  “presunciones”, asegurar la transparencia, el derecho a la información y la rendición de cuentas, entre otros.

    En la lucha contra el narcotráfico debemos colaborar todos, sin dudas ni regateos;  es un asunto de supervivencia como sociedad democrática y civilizada;  atañe a la soberanía como país;  y requiere del rescate de la credibilidad y fortaleza de las instituciones.  

    Por ello, no se vale imitar a Bush con posiciones maniqueas de “si no estás conmigo, estás contra mí”  y menos dar pie al autoritarismo y a estados de excepción de facto.

    Si el Presidente de la República desea, con razón, que lo apoyen todos los sectores en este combate, debe actuar como Jefe de Estado y no permitir que líderes de su partido rebajen la lucha a una mera contienda electoral de buenos y malos, enlodando el proceso con mentiras y provocaciones en un afán cortoplacista de recuperar votos, azuzando la discordia, polarizando la discusión y contribuyendo a la inestabilidad política y social, en un momento en el que se conjugan las amenazas del crimen organizado, con el resentimiento popular originado por desigualdades sin corregir y la peor crisis económica que hayamos visto.

    EL SOL DE MEXICO y Diarios de la OEM, 30 de marzo 2009
     

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  • Ahora resulta que “el PRI es un peligro para México”
  • Tareas distractoras ante la devastación del Tsunami Financiero
  • Cada vez es más grande la lista de tareas incumplidas
  • ESTRATEGIA PANISTA
    Francisco Rojas

    Es clara la estrategia panista; las escasas decisiones del Presidente Calderón están tamizadas por la obsesión de no ser arrasado en las elecciones de julio, olvidándose que fue electo, aunque fuera por una minoría, como Presidente de todos los mexicanos y no como jefe de campaña de su partido.

    Las aparentes infidencias de Ruiz Mateos, las programadas provocaciones de Germán Martínez, las “patrióticas” declaraciones gubernamentales y otros hechos supuestamente aislados, obedecen a un plan diseñado y llevado a la práctica para tal efecto, utilizando el recurso que fuere y movilizando aliados y socios.

    Los enemigos están identificados: el PRI es ahora “el peligro para la nación”, atribuyéndole todos los males y tratando de desacreditarlo a como dé lugar; las reales o supuestas “agresiones” de los estadounidenses, son utilizadas para despertar la sensibilidad nacionalista del pueblo y tratar de ganar simpatías para los valientes panistas, que envueltos en la bandera nacional cual niños héroes, están prestos a sacrificarse por la patria.

    Ahora se entiende el silencio oficial ante el tsunami financiero que se nos venía encima. Queda claro que han tratado de desviar la atención de lo verdaderamente importante como son el desempleo y el deterioro del nivel de vida que ya son inocultables, agravados por la devaluación del peso, la escasez de crédito y el cierre creciente de fuentes de trabajo.

    Atrás quedaron los programas anticíclicos y el uso del gasto público para reactivar la economía, proteger el empleo y el mercado interno; el gran programa de infraestructura se diluyó porque dependía mayormente de la inversión privada; la otra gran obra anunciada, la nueva refinería, se ha venido posponiendo con fines electorales y el deliberado propósito de dividir a los gobernadores priistas.

    En la lucha contra el narcotráfico no importan los resultados, el objetivo es ganar apoyos destacando la valentía del Ejecutivo para emprender una lucha a la que lanzaron al Ejército sin los debidos recursos de inteligencia, jurídicos y tecnológicos, en una precipitada decisión para legitimar una endeble gobernabilidad.

    Con los gobiernos panistas, las muertes violentas superan las habidas en toda la historia conocida; pero eso sí, la culpa la tiene el PRI.

     De allí la extrema sensibilidad y las airadas reacciones cuando funcionarios del vecino país se atreven a poner en duda la estrategia seguida y declaran su temor a que la situación se salga de control, sobre todo cuando la violencia se ha incrementado y el reto del narcotráfico es abierto, provocando renuncias, cerrando servicios y movilizando bases sociales de marginados.

    Los panistas, en su desesperación electoral,  han hecho caso omiso del respeto a la Ley en materia política y electoral, permitiendo y hasta propiciando la intromisión de una parte del clero para que le indiquen a sus feligreses cómo deben votar y al Congreso qué leyes deben aprobar, violando el artículo 130 Constitucional.

    Por ello, le han echado la culpa al PRI de que el Gobierno se sienta inerme porque no se aprueben leyes que contienen flagrantes violaciones a las garantías individuales con trasfondos fascistoides que pondrían en peligro el patrimonio y la vida de los ciudadanos; el PRI no puede cohonestar normas subjetivas que generan imprecisiones y riesgos, que cambian el espíritu de la presunción de inocencia por la de culpabilidad, que quitan irresponsablemente obligaciones que son del Estado atribuyéndoselas a los gobernados tales como la carga de la prueba y la procedencia a partir de “dichos”, “indicios” y “presunciones” de la existencia del delito y de la actuación de mala fe de los terceros; que se deje sin hacer responsable a la autoridad por haber procedido indebidamente y no se repare el daño y además se indemnice a los injustamente afectados.

    No es posible permitir que quede en manos de autoridades menores la extinción del dominio, debe ser el procurador quien indelegablemente  actúe para garantizar el pleno apego a derecho y responda de ello.

    No olvidemos que logró frenarse la intentona del Gobierno que posibilitaba a cualquier agente del ministerio público pudiera disponer el allanamiento de los hogares de los mexicanos sin orden judicial.

    EL SOL DE MEXICO  y Diarios de la OEM, 23 de marzo, 2009

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  • Ni opacidad ni ocultamiento de los verdaderos problemas económicos
  • Ricos y poderosos pagarán más impuestos, reducciones a otros causantes
  • Políticas firmes y trascendentes ante la crisis… De Obama en Estados Unidos
  • CONTRASTES
    Francisco Rojas

    “Nos proponemos acabar una era de irresponsabilidad, opacidad y ocultamiento de los verdaderos problemas de la economía; en lo fiscal, los ricos y poderosos pagarán más impuestos, reduciéndolos para la mayoría de la población y el gasto público se reorientará para acabar con las desigualdades dando preferencia a la calidad de la salud, la educación y la independencia energética;” “se acabaron las asignaciones directas, el dinero del pueblo no irá a parar a los bolsillos de contratistas en proyectos que no funcionan”.

    No, no se altere, esto no sucede en México, son declaraciones del Presidente Obama.

    Aquí todo sigue igual: la ineficacia para gobernar, los discursos que sustituyen a los hechos, la falta de inteligencia para combatir al crimen organizado y la espera para que pase la fase depresiva del ciclo económico, al fin que no hay mal que dure 100 años.

    Por el contrario, el PRI propone una nueva vía mexicana para el desarrollo, mediante políticas públicas orientadas a cumplir los objetivos del Proyecto Nacional establecido en la Constitución, reivindicando la rectoría del Estado, renovando el sistema político en los ámbitos de la representación social, fortaleciendo el Estado de Derecho y aprovechando lo positivo de las políticas aplicadas hasta ahora: finanzas públicas sanas, sin detrimento de la capacidad promotora del Estado; endeudamiento externo congruente con nuestro nivel económico; inflación controlada; y globalización y libre comercio a favor de nuestro mercado interno y de la sociedad.

    Plantea medidas para enfrentar la emergencia utilizando congruente y activamente políticas públicas y acciones administrativas para preservar el empleo, mantener el consumo, proteger el patrimonio popular y garantizar mínimos de bienestar, cambiando paradigmas, reorientando políticas, modificando tendencias y fortaleciendo la capacidad reguladora del Estado mediante modificaciones legales y acuerdos con los factores de la producción.

    La seguridad nacional está amenazada por la crisis económica y la falta de seguridad pública. Contra el crimen organizado México ha luchado siempre solo, como si el problema no fuera internacional.

    La mutación de traficantes a dueños de territorios, decididos a enfrentar violentamente a quien ose retarlos, a que alude el presidente Calderón, se acrecentó cuando los capos externos empezaron a pagar con mercancía, ampliando así el consumo interno; no detectarlo y combatirlo eficazmente fue una de las omisiones de Fox cuando, además, desertó casi la mitad del Ejército por no prestársele suficiente atención y se debilitaron los aparatos de inteligencia, requisito indispensable para la lucha contra el crimen organizado; según el Senador Creel, los responsables de aquella época son los mismos en este Gobierno.

    No caeremos en provocaciones ni aceptamos etiquetas; el PRI seguirá apoyando sin regateos la lucha contra el crimen organizado; promoveremos cambios en la justicia penal, reorganizar las policías, fortalecer labores de inteligencia, evaluar la organización de la Guardia Nacional y dotar a las Fuerzas Armadas de los instrumentos jurídicos, financieros y tecnológicos suficientes, para que no se constituyan en nuestra última línea de defensa.

    EL UNIVERSAL, 10 de marzo, 2009 http://bit.ly/93Bopj

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