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Posts Tagged ‘Banco Mundial’

+ Despierta suspicacia la intentona de crear una Fiscalía

+ México, lugar 98 en el índice de percepción de corrupción

+ Hace falta  una reforma integral y restaurar valores éticos

CORRUPCIÓN

Francisco Rojas

La corrupción no puede disociarse de la impunidad; ambas perversiones debilitan el Estado de Derecho y se han exacerbado en los años del panismo. Entre 2001 y 2010, México pasó del lugar 51 al 98 entre los países con mayor Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y según el reporte Governance Indicators 1996-2008 del Banco Mundial, el país logró una calificación de apenas 50 sobre cien, inferior a las de Bahamas (91), Chile (87) y Costa Rica (68).

 Como lo exhiben a diario los medios, la corrupción, la impunidad y el abuso que las prohíja, no son exclusivas de la vida pública; son vicios también de los particulares de distintos estratos sociales, pero sobre todo de las elites. Atribuirlos sólo a los servidores públicos es una falsedad que debilita las instituciones nacionales.

 Abatir estos fenómenos requiere una política que incluya no sólo la revisión de las leyes, sino otras acciones que atiendan a la recuperación de la cultura y los valores cívicos y éticos, a los contenidos y calidad de la educación y a la restauración del tejido social.

 Para que esa política funcione, debe haber coherencia entre sus distintos elementos y precisión de tiempos y metas. Las medidas deben estar dirigidas a erradicar la corrupción y la impunidad y no ser utilizadas con fines electorales o para la persecución de adversarios políticos, pues la arbitrariedad es una de las modalidades más devastadoras del binomio corrupción-impunidad.

 El desgaste del sistema de seguridad pública y justicia se ha agravado tanto, que es previsible que el próximo Gobierno y la siguiente Legislatura, cualquiera sea su composición partidista, promuevan una reforma integral y profunda en estos temas, incluyendo el combate a la corrupción y la impunidad.

 Por eso desconcierta que se trate de legislar sobre estos aspectos proponiendo crear una Fiscalía Nacional contra la Corrupción y un Registro Nacional de Situación Patrimonial de Servidores Públicos, cuando falta un mes para la clausura del actual período de sesiones y tres meses para las elecciones de un nuevo gobierno y un nuevo Congreso.

 Perturba que se siga asumiendo que los problemas se resuelven con nuevas leyes, que incluso se contradicen con otras, en vez de aplicar correctamente las existentes, y que se pretenda crear instituciones que se sobreponen a las actuales, en vez de fortalecer las que ya se tienen.

 Los evidentes errores técnico-jurídicos de esta iniciativa, sugieren que fue dictada por la ocurrencia y no por la reflexión reposada. Es apenas creíble que esté hecha para investigar y perseguir los “delitos de corrupción” y el uso de recursos financieros de procedencia ilícita, cuando ninguna ley define el concepto de corrupción y las conductas tipificadas como penales, como son el peculado, la desviación de recursos públicos, la alteración de documentos públicos“, el tráfico de influencias y la “usurpación de funciones”, entre otras, se abordan en otras leyes y se persiguen por otras instancias.

 Por otra parte y no menos importante, es el inmenso poder que se otorgaría al titular de la Fiscalía que desbordaría los linderos de la Federación y violentaría la autonomía de los poderes estatales y municipales, lo que trastocaría uno de los atributos de la República Mexicana, contenidos en los artículos 40 y 115 de nuestra Carta Magna.

 El combate a las prácticas corruptas y a la impunidad no es un asunto que deba circunscribirse a cárceles y carceleros. Acabemos con el denominado “populismo punitivo” y con la creencia de que con más burocratismo se van a combatir con eficacia estas lacras. El sentido común y la sensatez sugieren que acciones como las reformas constitucionales en materia de justicia, no pueden iniciarse al cuarto para las doce sin generar suspicacias.

EL UNIVERSAL, 3 abril, 2012.-

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+ Debemos romper inercias que impiden  el crecimiento

+ Ante la amenaza de recesión, asumir actitud proactiva 

+ Características de las Asociaciones Público-Privadas 

( En el Foro de Asociaciones Público Privadas ,  en Monterrey, N.L.,  con la presencia del licenciado Rodrigo Medina Cruz,   Gobernador constitucional del estado de Nuevo León y del licenciado  Gerardo Rodríguez Regordosa, subsecretario de Hacienda y Crédito Público):

  Los desafíos que México ha venido enfrentando en las últimas décadas, han cobrado aún mayor relieve en el contexto de la crisis financiera y económica internacional del 2008  y de la presente desaceleración de las economías de los Estados Unidos y otros países.

Una desaceleración estructuralmente vinculada a la recesión de aquel año, cuyos prolongados efectos pueden convertirse en una segunda y aún más grave recesión, a decir de no pocos analistas.

Frente a ello es preciso asumir una actitud y una conducta proactivas y conducirnos de manera responsable, jerarquizando nuestras prioridades y echando mano de lo mejor de nosotros mismos como país.

En el Congreso, ha sido nuestra preocupación permanente impulsar medidas que relancen la economía nacional, para enfrentar de manera eficaz las necesidades y demandas de las grandes mayorías.

Para afrontar la crisis y los rezagos estructurales del país, hemos insistido en forma recurrente que es fundamental estimular y consolidar el mercado interno;  crear y fortalecer las condiciones que permitan recuperar los empleos perdidos y crear nuevos y mejor remunerados; apoyar y fortalecer a las PyMES de menor tamaño que son las que generan el mayor volumen de empleos;  invertir en infraestructura para impulsar la diversificación económica del país, expandir el comercio, e impulsar la vocación productiva de las regiones, los estados y los municipios.

Precisamente la celebración de este foro debe responder a tamaño desafío, en la comprensión de que es preciso impulsar el crecimiento y el desarrollo del país, sobre todo en un contexto de desaceleración económica y de posible recesión.

El antecedente de este Foro fue uno realizado en la Ciudad de México, en marzo de este mismo año, en el que se reunieron empresarios, académicos, expertos, funcionarios, ex funcionarios y legisladores en la Cámara de Diputados.

Ello con el fin de que, en un clima de evidente pluralidad de valiosas opiniones y en virtud del intenso intercambio de puntos de vista, se enriqueciera el análisis y la discusión que habrían de sostener en aquel momento los miembros de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, para analizar la minuta recibida del Senado.

Todo este rico intercambio de ideas, previsiblemente culminará con una nueva discusión y análisis y, en su caso, con la aprobación y promulgación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas.

Los proyectos de Asociación Público-Privadas son una tendencia mundial promovida por Banco Mundial, la  OECD  y el  FMI,  ya que ofrecen ciertas ventajas entre las que destacan, la posibilidad de solventar restricciones presupuestales o financieras temporales;  adelantar la oferta de servicios indispensables y la utilización de capacidades y experiencia de muchos participantes privados, movilizando fuerzas productivas que, de otra manera, continuarían inertes.

Dichas asociaciones son una realidad en el país desde hace muchos años y, por medio de ellas, se han impulsado grandes proyectos de infraestructura.

De hecho en algunos estados existen leyes que regulan este tipo de asociaciones y en los que, al igual que en el Distrito Federal, se han emprendido proyectos de infraestructura impulsados por medio de esta figura.

Con esta Ley se pretende dar certeza jurídica, a nivel federal, a los empresarios que participen en dichas asociaciones, realizando las adecuaciones jurídicas que permitan su cabal funcionamiento.

El Artículo  25  de la Constitucional, establece que, en el marco de la rectoría del Estado, concurrirán al desarrollo económico el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

Las áreas estratégicas reservadas al Estado mexicano por la Constitución, se mantienen resguardadas en este proyecto de ley.

Asistentes al Foro

EQUILIBRAR LOS RIESGOS ENTRE LAS PARTES

Uno de los objetivos que plantea la iniciativa de la Ley de Asociaciones Público Privadas radica en equilibrar los riesgos entre las partes asociadas, es decir, entre el Estado y los agentes económicos privados.

Asimismo, se garantiza que las obras de infraestructura realizadas bajo este esquema de asociación, se mantengan en el sector público, en beneficio de la sociedad, en beneficio de las comunidades del país.

Entre las conclusiones derivadas del primer foro, se encuentran:

Primero, para salvaguardar el sentido estratégico que en última instancia deben atender este tipo de asociaciones y las inversiones comprometidas, los proyectos deberán responder a una priorización clara y transparente en correspondencia directa con los lineamientos, las estrategias y los programas consignados en el Plan Nacional de Desarrollo.

Segundo, el Congreso de la Unión debe imponer un límite a los compromisos adquiridos, con el fin de no comprometer irresponsablemente los niveles de gasto y los ingresos futuros del gobierno.

Tercero, la Cámara de Diputados, al autorizar el Presupuesto de Egresos de la Federación, debe cuidar que los proyectos que se incluyan en el mismo, en un renglón especial, tengan asegurada su fuente futura de pago para evitar que se repita lo sucedido con los PIDIREGAS.

Cuarto, que la Auditoría Superior de la Federación tenga el mandato pleno para fiscalizar el ejercicio de los recursos federales y evaluar los resultados obtenidos de los proyectos que se contraten.

Señoras y señores, amigos todos:

En la última década el país ha perdido competitividad y no ha podido superar tasas mediocres de crecimiento, en un contexto de intensa competencia entre países.

Es preciso romper con las inercias que impiden que México responda a sus crecientes desafíos.

Como parte de una visión integral de las estrategias, los recursos y las acciones con que debemos enfrentar nuestros retos, los legisladores hemos impulsado reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de Acciones Colectivas y otras que están en proceso, como la Ley General de la Economía Social y Solidaria.

Así, la Ley de Asociaciones Público Privadas debe redundar en el desarrollo del país, estableciendo la posibilidad de impulsar grandes obras de infraestructura y de servicios.

Más allá de quien gobierne, el Estado mexicano estará obligado a impulsar obras y servicios que verdaderamente contribuyan al desarrollo nacional, mediante el uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos.

Sólo de tal manera será posible que México de nueva cuenta imprima un impulso vigoroso al crecimiento que haga posible un desarrollo que garantice niveles dignos de vida a los mexicanos.

Muchas gracias.

(En el Foro también estuvieron en el presidium: licenciado Eugenio Garza Herrera, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios; Contador Público Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial;  Senador Eloy Cantú Segovia, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República y,  Diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados).

DISCURSO, Monterrey, N.L., 27 septiembre, 2011.- 

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+ La mexicana, una de las sociedades más desiguales del mundo

+ Paradójico: más pobres, pese a mayor gasto social del gobierno

+ Para el CONEVAL hay  50.6 millones en pobreza patrimonial

+ Fallas en 45 % de los programas sociales de la federación

+ El salario mínimo real ha perdido 6.60 por ciento en 2011

+ Datos del encarecimiento de alimentos y de combustibles

* 53 % de menores de 18 años viven en pobreza multidimensional

+ Penúltimo lugar en la OCDE  como país con peor calidad de vida

+ En 2010, primer lugar mundial en migrantes: 11 millones 900 mil 

El diputado Carlos Flores Rico, vice coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, presentó en nombre de la fracción el fascículo DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA, dentro del análisis “10 Años de panismo. Resultados” y dijo que el eslogan de los gobiernos panistas “Para Vivir Mejor” es solo un recurso publicitario para ocultar el fracaso que se ha tenido en política social, que ha logrado acentuar la desigualdad en el país.

 Los siete pecados capitales de la política social del Presidente Calderón son: Asistencialismo (demagogia), Centralismo (burocracia e injusticia), Ineficiente (tarda, duplica, sub-ejerce), Clientelar (manipulación electoral), Excluyente (discrimina organizaciones sociales), No transparente (discrecional) y Cuantiosa (onerosa e insuficiente).

 Ello,  tiene a México con más de 60 millones de mexicanos inmersos en la pobreza, con una cada vez más acentuada desigualdad, con un poder adquisitivo precario y un encarecimiento de los precios que tanto castiga a los salarios. Los rubros que contiene el documento son: Introducción, Pobreza e ingresos de las familias, Remesas, Desarrrollo humano, Educación, Ciencia y Tecnología, Salud, Seguridad Social, Medio ambiente y, Administración del agua.

Pobreza e ingresos de las familias

  • Según las cuentas públicas de 2005 a 2009, en ese periodo se ejercieron recursos, incluyendo el gasto federalizado, por 6 billones 307 mil millones de pesos en desarrollo social. No obstante, el número de pobres se incrementó en 10.1 millones de personas entre 2006 y 2009; para este último año había 54.8 millones de mexicanos que no contaban con un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas.
  • Según el documento “América Latina, Más Allá de la Crisis”, elaborado por el Banco Mundial, de 2008 a 2009, año de la crisis económica mundial, se agregaron a la pobreza 4.2 millones más de mexicanos, los cuales, adicionados a los reportados por el CONEVAL en 2008, para el año 2009 el total era de 54.8 millones.
  • Por tanto, de 2006 a 2009 se han sumado a la pobreza 10.1 millones de  mexicanos, incremento equivalente a la suma total de la población de 9 entidades del país (Durango, Zacatecas, Quintana Roo, Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Campeche, Colima y Baja California Sur); esa cifra es comparable, además, a la suma de la población total de cuatro países (Uruguay, Panamá, Jamaica y Trinidad y Tobago).

Entre 2006 y 2009, cada día 7 mil mexicanos se incorporaron a la pobreza; cada hora, 292; y cada minuto, 5.

En noviembre de 2009, el premio Nobel de Economía en 2001, Joseph E. Stiglitz, afirmó que el desempeño de México en el manejo de la crisis económica mundial fue uno de los peores en el mundo y, en cambio, naciones como Australia y Brasil fueron los que mejor la enfrentaron.

  • Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), México es líder en pobreza. En el periodo 2006-2008 la situación mejoró en América Latina, no así en nuestro país.

En su documento “Panorama Social de América Latina 2009”, el organismo regional señala que entre 2008 y 2009, países como Brasil, Panamá, Perú, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina lograron disminuir la pobreza. México fue el único país latinoamericano donde aumentó.

  • La última información disponible del CONEVAL sobre la pobreza multidimensional de México se refiere a 2008. En septiembre de 2010, el CONEVAL emitió un comunicado de prensa donde se informa que el INEGI brindará la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) al público en general –y al CONEVAL- el 15 de julio de 2011. Con esta información, el CONEVAL realizará la medición multidimensional de la pobreza a nivel nacional y por entidad federativa correspondiente al año 2010, así como la pobreza por ingresos a nivel nacional y dará a conocer los resultados supuestamente el 29 de julio de 2011.

Según el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2009 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)[1], al comparar a México con los países miembros de la OCDE y otras economías emergentes, se observa que persiste en el país una alta concentración del ingreso, pues de acuerdo con el “Informe sobre Desarrollo Humano 2009” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mientras el decil más rico concentra el 37.9 por ciento del ingreso, el más pobre apenas alcanza el 1.8 por ciento, con un coeficiente de Gini[2] de 0.481, cuando el promedio de esos indicadores para los países de la OCDE es de 26.2 por ciento, 2.9 por ciento y 0.333, respectivamente, lo que se traduce en marcados contrastes; de hecho, México se ubica entre las sociedades más desiguales del mundo.

  • Según el “Informe Regional Sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010 de las Naciones Unidas, la violencia que padece México por el combate al crimen organizado impactará en el aumento de la desigualdad.

La población en pobreza tiene menos elementos para protegerse de la violencia y disminuye su capacidad de acceder a servicios en lugares con altos índices de criminalización.

  • Según la ASF, los programas específicos de subsidio no se destinaron exclusivamente a la población en condiciones de pobreza y marginación; y se presentaron serias deficiencias en el padrón de beneficiarios del Programa Oportunidades. También indica que el ingreso medio diario de la población mexicana más pobre es inferior a un dólar.
  • Según el último informe de la ASF, en el periodo 2004-2009, el padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades creció a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 0.8 por ciento, al pasar de 5.0 a 5.2 millones de familias; mientras que el presupuesto creció a una TMCA de 14.4 por ciento, al pasar de 24 mil 261 millones de pesos en 2004 a 46 mil 698 millones en 2009, cifra que obedece principalmente a la entrega de nuevos apoyos monetarios por 11 mil millones de pesos a las familias beneficiarias.

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, enfocado a romper el ciclo intergeneracional de la pobreza, atendió en 2009 a 23.6 millones de personas, que representan el 46.6 por ciento de los 50.6 millones de mexicanos reportados por el CONEVAL en pobreza patrimonial. La evaluación realizada mostró que del total de 6.7 millones de casos recertificados entre 2001 y 2009, sólo el 8.1 por ciento transitó al Esquema Diferenciado de Apoyo para preparar su salida del programa y únicamente el 1.7 por ciento superó la condición de pobreza.

  • Según la Evaluación de los Programas Federales 2009-2010 que elabora el CONEVAL, cerca de cuarenta y cinco de los principales programas federales del área de desarrollo social presentan fallas y debilidades; entre los programas operados con mayor deficiencia se encuentran: Procampo, Alianza para el Campo, Proárbol, Primer Empleo, Apoyo y Fomento al Empleo, Productividad, Enciclomedia, Desayunos Escolares, Fondo Apoyo a Pymes, IMSS Oportunidades, Fonart, Vivienda Rural, Escuelas de Calidad y el Sistema Nacional de Investigadores.

En estos programas es constante la ausencia de mecanismos de medición que permitan conocer si las acciones que se realizan son efectivas; la inexistencia o inexactitud de cifras de población objetivo limita la focalización de subsidios e incluso hay carencia de diagnósticos previos sobre determinada problemática, con el fin de contar con un panorama completo que promueva la eficacia en la planeación.

  • Según la organización civil Gestión Social y Cooperación (GESOC), el 62 por ciento de programas de subsidio a cargo del gobierno federal obtuvo puntajes reprobatorios en el índice de desempeño.
  • La capacidad adquisitiva de la población ha disminuido drásticamente, como puede verse en los siguientes casos:
  • Desempleo. El desempleo en México es un factor que incide drásticamente en el deterioro de la calidad de vida de la gente. Con base en datos del INEGI, actualmente existen en el país 2.58 millones de personas desempleadas, 12.66 millones se encuentran laborando en el sector informal,  3.63 millones están subocupadas, y 3.06 millones no reciben remuneración por su trabajo.

Por otro lado, los nuevos empleos que se han generado en la presente administración panista, son de mala calidad y mal pagados.

  • Deterioro del salario mínimo. En lugar de aumentar el salario mínimo real, éste ha perdido valor, al caer en un 6.60 por ciento para el año 2011 con respecto al año 2000. En el periodo 2007-2011 fue cuando se castigó en mayor medida el salario de los trabajadores.
  • Encarecimiento de la Canasta Básica.  Según el reporte más reciente sobre el “Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP)” que elabora el CONEVAL, el ingreso per cápita necesario para adquirir la canasta básica de alimentos, tanto urbana como rural,  aumentó en un 53.88 y 56.40 por ciento para cada una, en los últimos 7 años.

La serie del (ITLP) muestra trimestralmente la tendencia de la proporción de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral de los hogares. Entre 2008 y el primer trimestre de 2011, la dificultad para adquirir una canasta básica en zonas urbanas creció casi en un 25 por ciento, mientras que en las zonas rurales sólo fue del 5 por ciento, lo que nos indica que el incremento de la pobreza se ha dado más en las zonas urbanas que en las rurales.

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De 2002 a 2010, el precio del aceite aumentó 173.80 por ciento, el kilogramo de azúcar 200 por ciento, el kilogramo de frijol 170 por ciento, el kilogramo de huevo 132.60 por ciento, el kilogramo de arroz 312.50 por ciento, el kilo de tortilla 216.60 por ciento.

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  • Gas LP. Según la Secretaría de Energía (SENER) en el año 2001 una persona pagaba en promedio 170 pesos por un cilindro de gas LP de 30 kg, ahora debe pagar 305 pesos, 79 por ciento más.
  • Electricidad. Diversas fallas de administración global del sistema eléctrico, aunadas a la incapacidad de reducir las pérdidas de diverso origen, explican que el precio medio de la energía eléctrica para uso doméstico haya crecido al doble durante las recientes administraciones, según la SENER.
  • Diesel. El precio del litro de Diesel, insumo importante para el transporte, la agricultura y la industria ha tenido un aumento de 114.2 por ciento en el periodo 2000 a marzo de 2011, según la SENER.
  • Los precios del litro de las gasolinas Magna y Premium en el año 2000 eran de 5.27 y 5.91 pesos, respectivamente; a marzo de 2011 son 9.00 y 10.22, lo que representa un aumento de 71 y 73 por ciento, respectivamente.

En el año 2000, las familias mexicanas gastaban 316 pesos en llenar un tanque de 60 litros con gasolina magna; actualmente gastan 530 pesos.

  • En el reporte “La niñez y la Adolescencia en el Contexto de la Crisis Económica Global: el Caso de México”, elaborado por el CONEVAL y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),  el 53 por ciento de los mexicanos menores de 18 años viven en condiciones de pobreza multidimensional, cifra que en la población en general es de 42 por ciento.

“La pobreza multidimensional implica que los niños viven en hogares con bajo ingreso, además de presentar carencias sociales como el acceso a la alimentación, a la educación, a la seguridad social, a los servicios de salud, o la vivienda digna y a servicios básicos”.

Según el estudio, el 28.8 por ciento de los niños, poco más de 11 millones, se consideran vulnerables por carencia social, mientras que sólo el 13.3 por ciento, 5.2 millones, presentan un nivel adecuado de bienestar económico.

Estos datos muestran que incluso antes de los efectos de la crisis económica, las niñas, los niños y los adolescentes enfrentaban una mayor pobreza y vulnerabilidad que la población general. No obstante, el reporte indica que la crisis acentuó dicha vulnerabilidad.

  • Recientemente, la OCDE presentó el “Índice de Mejor Vida”, el cual mide el grado de satisfacción y de bienestar de los habitantes de 34 economías del mundo. Según este índice, México presenta una serie de deficiencias y carencias en materia de condiciones laborales, satisfacción de vida, medio ambiente, gobierno, comunidad, salud, vivienda, balance empleo-vida personal, ingreso, educación, y seguridad, que lo colocan como uno de los países que tiene la peor calidad de vida,  quedando en el penúltimo lugar, sólo por arriba de Turquía.

[1] Para la revisión de la Cuenta Pública de 2009, la Auditoría Superior de la Federación practicó 945 auditorías, de las cuales 269 fueron negativas.

[2] El Coeficiente de Gini normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 corresponde a la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

Remesas

  • En los últimos años aumentaron los niveles de remesas porque cientos de miles de personas no encontraron opciones laborales en el país y se vieron obligadas a emigrar. En 2003 las remesas alcanzaron aumentos trimestrales de más del 60 por ciento.

Debido a las restricciones impuestas por el gobierno estadounidense y a los efectos de la recesión, las remesas han disminuido de 26 mil 050 millones de dólares en 2007 a 21 mil 271 millones de dólares en 2010.

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  • Según el documento Migration and Remittances 2011 elaborado  por el Banco Mundial, México habrá sido en 2010 el país con mayor migración a nivel mundial, al registrar 11 millones 900 mil connacionales (10.7 por ciento de la población total) que habrán salido del territorio nacional en busca de mejorar sus condiciones de vida, superando a países como la India, Rusia y China.

DOCUMENTO INTEGRO   V. DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA

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+ Impericia del gobierno produjo caída y estancamiento económico

+ El PAN, abdicó  del papel del Estado como rector del crecimiento

+ Derroche  de los ingresos más cuantiosos, en una década

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó el primer fascículo de  10 Años de Panismo, Resultados, en el que afirma hay  estancamiento y  una década perdida de gobierno, en la que la economía se desplomó hasta sus niveles más bajos en ocho décadas, lo cual imposibilitan el bienestar social.

 El documento  México: País sin Crecimiento y sin Empleo,  fue presentado el 31 de mayo de 2011 por el vice coordinador, diputado  Oscar Levín Coppel, quien manifestó que la caída del ingreso per cápita real, el aumento del desempleo en todas sus variantes, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y de la competitividad, así como el incremento de la pobreza, son un fracaso de los gobiernos panistas:

1.1 

I. México: País sin Crecimiento y sin Empleo

En el año 2000, después de la severa crisis de 1995, el primer gobierno de la alternancia recibió una economía que crecía al 6 por ciento anual en un marco de estabilidad macroeconómica, pero el retiro del Estado como rector y promotor directo del crecimiento, conjugado con la impericia del nuevo equipo de gobierno truncó la tendencia y condujo a la caída y el estancamiento de la economía.

En efecto, de acuerdo con las cifras oficiales del INEGI, la tasa media anual de crecimiento de la economía en los años recientes ha sido de 1.71 por ciento al tiempo que la población, según el último censo, creció en promedio 1.4 por ciento anual, lo que mantiene prácticamente estancado el producto por habitante. Al considerar el esquema desigual de la distribución del ingreso se entiende por qué se ha deteriorado la calidad de vida y ha aumentado la pobreza en todas sus modalidades en tan corto período.

Hay estancamiento económico y una mayor inequidad social.  Según los últimos datos oficiales, la pobreza aumentó en 6.1 millones de personas. Con información del Banco Mundial, sabemos que el número aumentó en 4 millones de personas para 2010.  No hay empleo, y la única economía que crece es la informal, debido a que no hay otra alternativa de ocupación. ¿A quién conviene este estancamiento?

La estabilidad macroeconómica es necesaria para el buen desarrollo de la economía, pero al ser el único objetivo de este gobierno, se impide el crecimiento, se desalienta la inversión privada, en particular la de pequeñas y medianas empresas y se inhabilita al sector formal de la economía para promover el empleo. Por eso los gobiernos de otros países, incluido el de Estados Unidos, no vacilaron en aplicar políticas anticíclicas para paliar primero y revertir después los efectos de la crisis sobre el empleo, la demanda y el consumo básico de las familias.

En lo que va del siglo XXI, debido fundamentalmente a condiciones internacionales, se han producido los ingresos públicos más cuantiosos de la historia, el 60 por ciento de los cuales proceden del petróleo. Así,  el presupuesto federal casi se ha triplicado, pero ninguno de los problemas torales del país se ha resuelto. La razón es el despilfarro de los recursos públicos, que en vez de destinarse a la inversión en infraestructura –caminos, puertos y aeropuertos, presas, refinerías, escuelas, hospitales, etc.–se han usado para aumentar desmedidamente el gasto corriente improductivo, impulsar los programas asistencialistas, que suelen ser manejados con fines electorales y no sociales, y practicar un federalismo mal entendido.

La banca comercial, que debería ser la correa de transmisión entre el ahorro de la población y la inversión privada, obtiene el grueso de sus utilidades de los intereses por créditos al gobierno, al consumo e hipotecarios, y por las elevadas comisiones a los usuarios. Pese a que la gran mayoría de los bancos son propiedad de instituciones extranjeras, no hay una regulación adecuada que oriente  una parte de los créditos a la producción, lo que ha obligado a las empresas a financiarse con sus proveedores.

Por ello, el crédito de la banca privada para el desarrollo nacional se ha reducido casi a la mitad como proporción del PIB, al pasar de 30 por ciento después de la crisis de 1995 a sólo 17 por ciento en la actualidad.

No existe en México una política industrial y eso explica en gran medida el desmantelamiento de la planta productiva nacional. Por ello, el índice de la actividad industrial es igual al de 2006 y las ramas industriales, que pueden producir el mayor empleo, están estancadas o se han reducido.  La industria de la construcción se contrajo en cerca de 5 por ciento en lo que va del actual gobierno y el número de trabajadores en la industria manufacturera ha caído.

La inversión extranjera directa ha disminuido y las actividades de la industria turística, que se vieron afectadas por la crisis, y por el  mal manejo de la epidemia de la influenza, padecen ahora también los efectos de la inseguridad pública. Así, el número de viajeros a nuestro país pasó de 103 a 79 millones.

La tasa de desempleo abierto, que en 2000 era de 2.30 por ciento, al cuarto trimestre de 2010 fue de 5.40 por ciento, y junto con los desocupados, trabajadores sin salario o en la economía informal y subempleados, suman 45.83 por ciento de la Población Económicamente Activa.

Después de la recesión, y a pesar de las políticas estabilizadoras, ha habido cierta recuperación del empleo, pero en condiciones de precariedad: la mayor parte de los nuevos trabajadores recibe de 1 a 3 salarios mínimos y ha caído el número de personas que ganan más de cinco salarios mínimos. Los salarios en el sector formal de la economía han disminuido en 242 pesos mensuales en términos reales durante el actual gobierno. En estas condiciones, el repunte del empleo no ha significado mejores niveles de vida para la mayor parte de la población.

 En las siguientes páginas aparecen las cifras, tanto de fuentes oficiales del país como de organismos internacionales, que permiten dimensionar los estragos de la economía y sus efectos sobre la vida diaria de las familias mexicanas.

10 Años de Panismo, resultados. Documento completo: http://bit.ly/mi8jYS

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+ Resultados desastrosos en la economía y crece la desigualdad

+ Aumentó en 10 millones el número de pobres: Banco Mundial

+ Por fundamentalismos del mercado no se regula a los bancos

Los gobiernos emanados del PAN han abdicado de la función rectora del Estado, pues los resultados económicos son desastrosos, las desigualdades sociales se han profundizado en estos años, al grado que la población más pobre percibe el 1.4% del ingreso en tanto que el sector más rico concentra el 41% del mismo.

La calidad de vida de las clases medias ha caído en picada y la pobreza en todas sus modalidades ha aumentado desmesuradamente, la realidad concreta, es que la mitad de las familias carecen de recursos para pagar su alimentación, vestido, educación, salud y transporte y millones de personas de las clases medias están en riesgo de caer en alguna de las formas de pobreza:  6.1 millones de personas han caído en la pobreza en estos últimos años, según datos oficiales y de acuerdo con el Banco Mundial, son 10 millones.

Se ha reducido al máximo la capacidad del Estado para impulsar la inversión privada –y con ella la producción y el empleo– y proteger los derechos de los grupos mayoritarios de la población. Las empresas, los trabajadores, los desempleados y las familias se van quedando sin protección.

Cada año el Ejecutivo propone presupuestos restrictivos y, contra la voluntad del Legislativ,  aumenta el gasto corriente improductivo, cancela inversiones y programas, por el fácil medio del “subejercicio presupuestal” y guarda el dinero que debería invertir en fideicomisos que no rinden cuentas a nadie.

Como el gobierno ha renunciado a aplicar una política de fomento industrial, la industria no ha crecido en los últimos años; ramas generadoras de empleo como la construcción y las manufacturas, se han contraído. La inversión extranjera –y en gran medida la nacional– ha disminuido a consecuencia de la recesión y la inseguridad, que han provocado una reducción considerable en la industria turística.

Y por el contrario movido por el fundamentalismo del mercado, el gobierno prácticamente no regula a los bancos, cuya lealtad está con sus matrices externas, y las desmesuradas utilidades que obtienen proceden de comisiones y créditos al gobierno, al consumo e hipotecarios, en vez de destinar el ahorro de los depositantes a créditos a la producción.

Las consecuencias están a la vista: la economía, que en el año 2000 crecía a una tasa anual de 6 por ciento, en los diez años siguientes creció sólo en 1.6 por ciento en promedio y, como la población aumentó en 1.4 por ciento anual, el producto por habitante se estancó.

Eso explica que, a pesar de que los ingresos públicos en esos años fueron los más altos de la historia y se triplicó el presupuesto federal, México haya sido uno de los dos países que peor enfrentaron la recesión de 2009: la economía cayó en 6.1 por ciento en un solo año y todavía no recupera los niveles de 2008.

Estos hechos explican el hartazgo de la sociedad con los gobiernos panistas, que se empeñan en echarle la culpa al mundo o al pasado, a quien le atribuyen todas las maldades posibles para justificar los errores del presente y la falta de visión futura o a modificar estrategias que lejos de solucionar problemas, los agravan.

BOLETÍN, 29 mayo, 2011.-

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+ Bahamas y Namibia, mejor evaluados en Estabilidad Política

+ En vigencia del Estado de Derecho, también mal calificados

+ En su apogeo el índice de percepción de corrupción

GOBERNABILIDAD
• En el último reporte del Banco Mundial Governance Indicators México retrocedió en materia de gobernabilidad. En el rubro de Estabilidad Política y Ausencia de Violencia, en al año 2000 México obtuvo una calificación de 42 puntos sobre 100; en el año 2008 su calificación fue de 24, la más baja en los últimos 12 años, sobre todo si se compara con países como Bahamas (73) y Namibia (81) que resultaron mejor evaluados.

En el rubro Estado de Derecho, parámetro que analiza la confianza en las instituciones judiciales y la calidad de ejecución de sus acciones que tiene sobre el sistema en el país, México obtuvo 42 puntos en el año 2000; mientras que en el 2008 fue calificado con 30, por debajo de países como Bahamas (87), Chile (88), Costa Rica (63) y Kuwait (71).

Corrupción
• Según El Índice de Percepción de Corrupción en México elaborado por Transparencia Internacional, nuestro país ha pasado del lugar 51 en el año 2001 al lugar 98 en el 2010, de entre 178 países, por debajo de Barbados, Chile, Perú, Guatemala, Brasil, Costa Rica Uruguay, Botswana, Taiwán y Colombia.
• En el último reporte del Banco Mundial ya referido, en 2008 México fue calificado con 50 sobre 100 en materia de corrupción.

¿Son logros la pérdida de gobernabilidad, el deterioro del Estado de Derecho y el crecimiento explosivo de la corrupción?

¿10 AÑOS DE LOGROS? Presentación del pronunciamiento del Grupo Parlamentario del PRI, LXI Legislatura, Cámara de Diputados. 28 noviembre, 2010.- http://bit.ly/hsGkRv

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+Algo marcha mal en la sociedad mexicana

+La Gente ya no confía en las instituciones

+Efectos  del binomio violencia-impunidad

VIOLENCIA Y DESCONFIANZA

Francisco Rojas

Más allá de la indignación —en algunos casos genuina y en otros impostada, el vandalismo que culminó con la destrucción de una puerta que data de 1731 y que, irónicamente, es la entrada a la SEP, indica que algo marcha mal en la sociedad y en las instituciones del Estado, cuya primera obligación es garantizar la seguridad de la nación de acuerdo con el orden jurídico vigente.

En su expresión más simple, el Estado es la organización de las personas que habitan en un territorio, tienen un pasado común y acuerdan ciertas normas de comportamiento para vivir en paz y con seguridad. Cuando la gente acata las leyes y las autoridades las hacen cumplir, se dice que existe un Estado de derecho. ¿Esto es lo que se está perdiendo en México? ¿Será por eso que la gente no confía en el gobierno ni en las instituciones, sobre todo de procuración de justicia?

El gobierno de la ciudad es responsable de dar seguridad a los empleados, recintos y bienes de los tres poderes de la Unión que tienen su sede principal en el DF. El gobierno de la República, por su parte, debe preservar el orden, la seguridad y la paz interior con los instrumentos y atribuciones que le otorgan la Constitución y las leyes, incluida la violencia legítima.

Ninguna de las dos instancias de gobierno actuó oportunamente, no hay detenidos ni información verosímil sobre quiénes fueron responsables de la negligencia: ¿la policía capitalina?, ¿el gobierno de la ciudad?, ¿los mandos de la Policía Federal?, ¿la Secretaría de Gobernación? No se sabe; esa información se ha ocultado o se ha pretendido falsificar y minimizar. ¿Olvidó la SEP asumir su responsabilidad y actuó como otras autoridades que prefieren que los problemas estallen antes de prevenirlos? ¿Son propios de un Estado de derecho el incumplimiento de las leyes por las autoridades y su violación por grupos delictivos o cubiertos con disfraces gremiales? ¿Se reduce la democracia a una ficción pasajera, a un autoengaño, cuando grupos y autoridades actúan al margen o en contra de las leyes?

Desde que se trivializó el ejercicio del gobierno y degradó la investidura presidencial, la gente ha perdido su identidad con las instituciones de la república. El binomio delincuencia-impunidad tiene al país sumido en la desconfianza y la población está indefensa ante individuos y grupos capaces de amedrentar a las autoridades que deberían garantizar la seguridad. Cunde por el país la voluntad de los más fuertes y abusivos, como en las sociedades sin ley.

¿Qué está pasando con las leyes que pueden ser violadas impunemente por organizaciones violentas o se tuercen para disolver instituciones que no son gratas al poder en turno? ¿Son las leyes suficientes, completas, y pertinentes o ha dejado de ser funcional el orden jurídico de la nación?

¿Es por los crímenes impunes y la violencia asociada al narco y su combate que se explica por qué México es considerado uno de los países más violentos y con menor estabilidad política, por debajo de Bahamas o Namibia, según el Banco Mundial?, y, ¿por qué la confianza de la gente y los empresarios en las instituciones judiciales de México ha caído de 42 puntos en el año 2000 a 30 en 2008, superado ampliamente por Bahamas, Chile, Costa Rica y Kuwait, entre otros?

¿Somos una población a merced de la delincuencia, indefensa y sin autoridades que nos den la seguridad y justicia a que tenemos derecho? ¿Se ha perdido la confianza en las instituciones y en los funcionarios electos o designados para ejercer la autoridad y hacer cumplir las leyes? ¿Vivimos en un Estado de derecho cuando cualquier grupo de desaforados puede hacer lo que le venga en gana sin temor a la ley o a la autoridad?

La gobernabilidad de un país consiste en preservar la estabilidad política y garantizar la seguridad, generar confianza en las instituciones de justicia y hacer valer el Estado de derecho. La gobernabilidad actual es precaria porque no se está cumpliendo con esos requisitos, y no porque exista una supuesta “generación del no” que impida cambios en las leyes, cuando las que hay no se aplican. ¿Habrán olvidado algunos el juramento pronunciado al asumir sus cargos de cumplir y hacer cumplir las leyes?

 EL UNIVERSAL, 15 de junio 2010 http://bit.ly/bc9une

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