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PLATAFORMA
Francisco Rojas

La Plataforma Electoral Federal 2009-2012 del PRI fue producto de consultas realizadas durante más de un año en todo el territorio nacional, con una amplia participación de militantes y simpatizantes del Partido y diversos grupos sociales; recoge el desencanto de la sociedad ante la ineficacia de los gobiernos de la alternancia en aspectos claves como la seguridad y el bienestar social y económico, y plantea una Nueva Vía Mexicana para el Desarrollo, a través de más de 500 propuestas agrupadas en 4 vectores: económico, social, político y relaciones exteriores.

El PRI ejerce la autocrítica como forma de superación. Reconoce las fallas del modelo vigente, propone medidas emergentes para superar la crisis, pero señala también lineamientos de mediano y largo plazo “capaces de relanzar el desarrollo nacional e impulsar un ciclo de transformaciones que generen una nueva vía mexicana para el desarrollo”.

Acorde con las tendencias mundiales, revalora la intervención del Estado para regular las fuerzas del mercado y la libre competencia; utilizar el gasto público, la política monetaria y otras medidas para impulsar el desarrollo y la iniciativa de los particulares; promover la generación de empleo vía el fortalecimiento del mercado interno con políticas industriales y agropecuarias, que recuperen cadenas productivas basadas en nuestras ventajas comparativas; y aprovechar en beneficio de la sociedad la globalización y el libre comercio, así como lo positivo de algunas políticas aplicadas hasta ahora: finanzas públicas sanas que no limiten su capacidad promotora, endeudamiento externo acorde a nuestro nivel económico, y contención de la inflación para no afectar a los más desprotegidos.

Propone cumplir con los objetivos constitucionales vinculando positivamente la política social con la económica, para volver a ofrecer oportunidades de movilidad social y progreso, combatiendo las inequidades causadas por el actual modelo de desarrollo y disminuir la pobreza y la desigualdad, sobre todo de los grupos más vulnerables, lo que implica reorientar los programas sociales vigentes, con instrumentación eficiente y rendición de cuentas para evitar su uso clientelar y electoral; así mismo, plantea programas de largo plazo para cambiar estructuras que profundizan la desigualdad corrigiendo a fondo los sistemas educativo, de salud y seguridad social, la protección del medio ambiente y el desarrollo tecnológico, entre otros.

Advierte que la democracia social implica la redistribución y nuevos equilibrios entre los poderes y los niveles de gobierno, así como el fortalecimiento de la gobernabilidad, amenazada por la inseguridad e indefensión social causadas por el embate del crimen organizado, cuyo combate requiere atacar las manifestaciones violentas, pero también las causas que provocan y alimentan su virulencia, como la pobreza, falta de oportunidades, corrupción e impunidad.

Nuestras fracciones parlamentarias enriquecerán su agenda legislativa con aportaciones surgidas en la campaña. Las tareas son muchas, los retos difíciles, pero el PRI les hace frente con soluciones integrales con visión de futuro, pero que requieren experiencia, firmeza y liderazgo para llevarlas a cabo.

EL UNIVERSAL, 24 de febrero, 2009 http://bit.ly/aQBRID

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CONTRATOS RIESGOSOS
Francisco Rojas

En la discusión de las iniciativas de reforma energética conviene cuidar el tratamiento de los contratos de riesgo, incentivados, de desempeño o como se les denomine. Desde el principio este fue el tema central, la línea de resistencia oficial, el punto de no retorno, además de propiciar la entrada de los particulares en refinación, transporte y almacenamiento sin modificaciones constitucionales, para las cuales no tienen mayoría.

En la iniciativa el PAN, Pemex puede celebrar contratos “con remuneración fija o variable, determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad”; pero, además, exceptuándolo de cumplir con las leyes en la materia y con plena discrecionalidad para fijar sus propias normas, licitar y difundir condiciones de contratación, como si fuera una empresa privada y no un organismo de Estado que maneja un recurso de la Nación.

El PRI acota la discrecionalidad: se fijan una serie de requisitos y condiciones de contratación, se explicita la prohibición constitucional de compartir productos o resultados y se obliga a su difusión y registro; asimismo, se establecen requisitos para la revisión de los precios pactados, siguiendo prácticas ya permitidas por las leyes actuales, para actualizarlos en función de avances tecnológicos, modificaciones de precios o cambios al proyecto ordenados por Pemex.

El PRD mantiene y rigidiza los ordenamientos actuales en materia de obras y servicios puros, donde solo el Estado, vía Pemex, puede contratar con terceros, con las mismas reglas burocráticas que cualquier dependencia.

Así como nos abrumaron con las experiencias noruegas y brasileñas, conviene referirse a Venezuela donde, como relata Carlos Mendoza Potellá, ex director de PDVSA en su ensayo “Petróleo: el motivo del diablo”, las petroleras internacionales, vía empresas mixtas, outsourcing, convenios operativos, alianzas estratégicas y precios de transferencia a modo con filiales y subcontratistas, inflaban costos y reducían ingresos disminuyendo al mínimo sus ganancias y el remanente para el Estado; es decir, las cuentas del Gran Capitán.

Pemex requiere normas modernas de contratación, pero la debilidad de nuestro esquema regulador y fiscalizador, el desmantelamiento de las capacidades técnicas y de administración de proyectos sufrido por Pemex y el sometimiento de controversias a la resolución por instancias internacionales, nos podrían colocar a merced de las grandes compañías que si cuentan con experiencia y enormes recursos técnicos y jurídicos para manejar a su conveniencia contrataciones y resultados y traducirse, en realidad, en una apropiación de la renta petrolera que le corresponde exclusivamente a los mexicanos, sobre todo con la definición de renta que se ha propuesto.

Estamos a tiempo para introducir modificaciones que agilicen la operación de Pemex sin compartir en la práctica la renta petrolera ni el usufructo del mercado. Corresponde a los legisladores y a los mexicanos interesados en el bienestar del país que no imperen los arreglos en lo obscurito. Para el PRI, su Programa de Acción es claro y preciso en la materia.

EL UNIVERSAL, 9 de septiembre, 2008 http://bit.ly/a0ia6H

 

+En iniciativa panista, Pemex queda como si fuera empresa privada

+Iniciativa del PRI explicita las prohibiciones constitucionales

+Estamos a tiempo de reformar sin compartir la renta petrolera

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