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Posts Tagged ‘Gasto público’

+ La situación del país también es crítica en materia económica

+ Desde la Arquidiócesis se critica ineptitud para gobernar

+ Se difunden datos irreales que menguan la credibilidad

ESTRATEGIAS FALLIDAS

Francisco Rojas

En casi cuatro años, este gobierno no ha pasado de promesas, convocatorias, mensajes y estrategias fallidas. Es tan evidente la falta de resultados que un prelado de la Arquidiócesis de México declaró que “los panistas no saben gobernar” y que “su inexperiencia, ineptitud y arrogancia los han llevado a cometer muchos errores”.

Ahora, se reconoce que la estrategia para combatir al crimen organizado ha fallado; después de 28 mil muertos y regiones enteras del país asoladas por la violencia, se convoca a la sociedad para que aporte ideas y se haga corresponsable de una decisión que se tomó a solas y, como hoy se acepta, sin información ni preparación adecuada. A mayor abundamiento, se hizo sin evaluar la capacidad, el equipamiento ni la idoneidad de las fuerzas federales, estatales y municipales, quizá por haberse desmantelado durante el sexenio pasado el aparato de inteligencia nacional.

La violencia en el país ha alcanzado niveles sin precedentes en tiempos de paz y, como lo señala la ONU, profundiza la desigualdad, porque los pobres y clases medias no pueden mudarse a zonas seguras ni pagar servicios de protección privada, pierden acceso a los servicios médicos y educativos y la inseguridad dificulta distribuir los recursos de programas sociales.

La estrategia económica también ha fallado: sacrificó la inversión, la producción y el empleo a favor de una “disciplina hacendaria” que ni siquiera blindó la economía, como lo demuestra la caída en 2009 del 6.5% del PIB. Dislocó el mercado interno, aumentó índices de pobreza y depauperó a las clases medias.

La estrategia de impulso al empleo —cualquiera que ésta haya sido— también fracasó. La OCDE advierte que un grupo muy numeroso de mexicanos que perdieron su trabajo intentaron sin éxito obtener otro y se resignaron a vivir de su ahorro, las indemnizaciones recibidas o el apoyo de sus familiares.

Este grupo, los “desalentados”, volverá a demandar empleo cuando se agoten sus ahorros o la capacidad de sus familiares para apoyarlos, y se sumará a los desempleados, subempleados y al sector informal, haciendo visible que la mayoría de los empleos que se han creado están mal remunerados y que cada vez es más difícil el acceso a la salud y la seguridad social.

La supuesta “recuperación” de la economía que el gobierno pregona no será duradera; hay un manejo equívoco y se difunden datos que simplemente no reflejan la realidad de la gente y sólo contribuyen a mermar la credibilidad gubernamental.

Hoy, hasta los más optimistas reconocen que nuestra economía se desacelera y que los indicadores relativos al mercado interno se mueven más lentamente que los del comercio internacional; la débil reactivación ha dependido de economías foráneas, especialmente de EU, cuya recuperación empieza a decaer, como lo advierte la Reserva Federal, lo cual pone en entredicho la estrategia del gobierno basada en la exportación mercantil, sin que se vislumbren propuestas viables de política económica, como no sea volver a aumentar impuestos y mantener el equilibrio macroeconómico a como dé lugar.

Las otras respuestas del gobierno siguen la misma tónica anterior: subejercicios en el gasto público, ineficiencias y retrasos en la ejecución de los programas sociales y de inversión, abandono del campo, una banca de desarrollo ineficaz e insuficiente en sus acciones, una política industrial nula, parálisis ante una banca privada que no otorga créditos productivos, abandono del mercado interno y de la diversificación de mercados internacionales, un sistema económico incompetente, que no funciona.

La situación del país es crítica en materia económica, de seguridad y bienestar social. Tenemos diversas misiones que cumplir para salir adelante, pero la responsabilidad no es igual para todos. No es válido que después de cuatro años se quieran trastocar papeles y se pida a otros que fijen el rumbo y propongan las políticas adecuadas, tratando de corresponsabilizarlos de decisiones tomadas unilateralmente y que han fracasado.

El Legislativo le ha autorizado al Ejecutivo los presupuestos solicitados y más de 25 leyes y disposiciones sobre seguridad, y analizará con toda responsabilidad las que se presenten sobre esa materia

EL UNIVERSAL 10 agosto,2010 http://bit.ly/bNl6mn

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Administración de las finanzas públicas

A través de impuestos y otras vías, la sociedad confía sus recursos al gobierno para que éste cumpla sus funciones, impulse la economía y mejore las condiciones de vida de la gente. La autoridad está obligada a rendir cuentas. La improbidad, la incompetencia y la negligencia en el manejo de esos recursos afectan a todos y deben ser sancionadas.

  • Aún cuando el Congreso ha aceptado las propuestas del gobierno para modificar la legislación tributaria, que producirían un aumento relevante en los ingresos públicos por impuestos, dicho incremento ha sido mínimo: en 2001 los ingresos tributarios no petroleros representaron el 8.9 por ciento del PIB, en tanto que en 2009  fueron de 9.5 por ciento del PIB.  
  • En 2002 se  redujo la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) con el objetivo, planteado por el gobierno federal, de promover el crecimiento económico. Sin embargo, el efecto ha sido muy limitado o nulo, ya que el crecimiento de la economía ha sido de 1.2 por ciento promedio en lo que va de los gobiernos panistas y, en cambio, se mantienen unas finanzas públicas débiles y vulnerables. Los ingresos por dicho impuesto en 2009 fueron sólo de 4.5 por ciento del PIB, algo menores que en 2002.
  • Se ha reformado el Código Fiscal de la Federación para hacer más estricta la fiscalización y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo cual supuestamente aumentaría la eficiencia, disminuiría la evasión y se reflejaría en mayores ingresos tributarios, aumento que claramente ha sido muy limitado: como ya vimos, apenas un 0.6 por ciento del PIB desde que se empezaron a hacer las reformas.  
  • Incluso el Congreso aceptó, con modificaciones, nuevos impuestos propuestos también por el gobierno federal: el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuestos sobre Depósitos en Efectivo (IDE), que recaudan más del 0.5 por ciento del PIB, es decir, casi lo mismo que el aumento total de los ingresos tributarios no petroleros.
  • ¿Dónde está entonces el efecto de las reformas, de la eficiencia en la administración tributaria y de la supuesta menor evasión fiscal?

  • La más reciente revisión de la cuenta pública por parte de la ASF, indica que de 463 mil 800 millones de pesos de créditos fiscales, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) únicamente recuperó 8 mil 900 millones, es decir, un 2 por ciento.
  • Por otro lado, los diversos regímenes especiales, tasas diferenciadas, deducciones de impuestos, estímulos fiscales, entre otros, que se denominan gastos fiscales, implican que el gobierno federal no pueda recaudar más de 500 mil millones de pesos, casi 4 por ciento del PIB. 
  • Con base en cifras oficiales, de 2001 a 2008, se dispuso de enormes excedentes presupuestarios: 720 mil millones de pesos en el periodo 2000- 2006 y 565 mil millones durante el período 2007-2008; del total, más de 600 mil provinieron del petróleo. Casi cuatro quintas partes del total de excedentes se destinaron, por diversas vías, al gasto corriente.
  • El gasto corriente, en lo que va de los gobiernos panistas, ha aumentado en más de 25 por ciento real. En términos nominales, el gasto corriente ha aumentado en ese período en más del doble.

  • Hay un desorden en el gasto público que facilita las acciones discrecionales, la ineficiencia y, tal vez, la corrupción. Según el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de 2008 de la ASF, en un solo ejercicio, 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó reasignaciones de gasto por 9 mil 536 millones de pesos a diversas dependencias, entidades y fideicomisos, aún cuando ya no era factible que dichos recursos fueran devengados. Igualmente, se reasignaron recursos a diversos ramos por 67 mil 500 millones de pesos sin justificar las contingencias correspondientes, y solo con el objetivo de no reflejar subejercicios mayores.  
  • La SHCP y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no concluyeron la implantación del sistema de evaluación del desempeño por lo que no atendieron lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 ¿La mala administración de las finanzas públicas, el incumplimiento de programas, los gastos no aprobados y la carencia de un sistema integral y adecuado de evaluación de resultados contribuyen a vivir mejor?

¿PARA VIVIR MEJOR? link: http://bit.ly/aPf2Zq  pags 14-17

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25 de mayo 2010

…esto de las reformas estructurales, se han vuelto realmente clichés. Evidentemente parte de la reforma hacendaria es lo que ya hemos estado hablando aquí y se ha ido dictaminando.

Parte de la reforma hacendaria es, por ejemplo, la Ley de Competencia Económica. Parte de la reforma hacendaria es la Ley de Banca de Desarrollo.

 Parte de la reforma hacendaria es toda esta parte de la reducción del gasto público, que por cierto necesitamos seguir ahí negociando y seguramente así lo seguiremos haciendo, porque no estamos conformes, ni satisfechos, con el programa que presentó el Gobierno Federal.

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+ Necesario definir entre todos objetivos de largo plazo

+ Promover cambios para el crecimiento sustentable

+ La desigualdad y la intolerancia nos han disgregado

 

LO QUE SIGUE

Francisco Rojas

A partir del monto previsible de los ingresos públicos, la Cámara de Diputados aprobará a más tardar el próximo 15 de noviembre el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010, con vistas a que el gasto público sea un instrumento eficaz para atenuar los efectos de la crisis sobre las familias de los agricultores, trabajadores y pequeños y medianos empresarios del país.

Cada vez hay más indicios de que la recuperación del crecimiento sostenido en el mundo tardará más de lo que se pudo prever hace un año, y que el empleo reaccionará con mayor rezago aún. México no puede influir sobre estas circunstancias, pero sí tiene la opción de fundar la reactivación de su economía en el mercado interno y reconocer que éste sólo podrá fortalecerse mejorando los niveles de ingreso de los distintos estratos de la población y aumentando el empleo: éstas son las dos prioridades nacionales que deben unir los esfuerzos de todos.

El Congreso es responsable de legislar, pero el gobierno y el ejercicio del gasto corresponden al Ejecutivo. Los diputados y senadores, sin embargo, tenemos la obligación de hacer que las tareas legislativas contribuyan a preservar la integridad del país, especialmente en momentos como el actual y a reconstruir las bases del desarrollo económico y social. Nuestro compromiso no termina con la aprobación del paquete fiscal; nos queda por delante promover cambios para el crecimiento sustentable y la corrección de las grandes debilidades del modelo vigente.

En esta perspectiva, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados está resuelto a proponer acciones que faciliten a los gobiernos federal, estatales y municipales la adecuada atención de las demandas sociales, que fortalezcan sus fuentes de recursos y adopten un sistema presupuestario capaz de promover la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

En la discusión presupuestaria, el PRI impulsará: la reducción del gasto corriente de los tres poderes y los organismos autónomos; el aumento de la inversión pública principalmente en carreteras, obras hidráulicas, escuelas y hospitales y su equipamiento; el impulso a la calidad educativa sobre todo a nivel superior, y el fomento de sectores estratégicos como el agropecuario y el de las Pymes.

Estos objetivos no son privativos de una fracción parlamentaria; corresponden a todos los actores políticos y económicos del país, ya que el desafío de la crisis económica no es diferente para quienes piensan de una u otra manera. Por ello el primer requisito ante la adversidad es la participación de todos y la conjunción de ideas, que pueden ser distintas pero deben complementarse por el bien de la nación, pues las mejores soluciones se construyen con la concurrencia de todos. La gran responsabilidad de las actuales generaciones de mexicanos es la concordia, la tolerancia, la búsqueda de acuerdos. Tenemos un conjunto de valores que nos identifican como nación, estamos en medio de una situación económica compleja que a todos afecta y debemos definir, también entre todos, los objetivos inmediatos y de más largo plazo.

El gran obstáculo es la exclusión –empezando por la económica, que se manifiesta en la pobreza y la desigualdad–, pues inhabilita toda intención común. Los apartados de la prosperidad colonial se rebelaron hace 200 años y fueron también los marginados los que, un siglo después, combatieron al régimen porfirista.

Pero no sólo la desigualdad nos ha disgregado; también la intolerancia. Enfrentados unos con otros siempre nos hemos vuelto vulnerables como país; la historia así lo demuestra. Somos, claro, una sociedad heterogénea en lo económico, cultural y social y no debemos permitir que la diversidad nos fracture. La opción no es la uniformidad antinatural de ideas y voluntades; tenemos un destino común y el derecho a construirlo entre todos. Nuestro pasado remoto y cercano es fuente de experiencias y no debe ser motivo de nuevas discordias o recriminaciones, sino la base de nuestros proyectos hacia el futuro.

El comercio y el flujo de capitales se estrechan y los delgados márgenes de la cooperación para el desarrollo tienden a disiparse. En estas circunstancias, México tiene que buscar sus propias soluciones, y no trasplantar remedios surgidos de otros países. Las respuestas que debemos articular no son sencillas ni gratuitas, pero no podemos sentarnos a esperar que los problemas se resuelvan solos; es la hora de actuar conjuntando los esfuerzos de todos los actores.

EL UNIVERSAL, 3 de noviembre 2009  http://bit.ly/aolyc5

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+ Con reformas light, habrá crisis en 2012 o antes

+ Opacidad en el destino, control y evaluación del gasto

+ Es mejor reforzarlas y no crear instituciones paralelas

LAS INSTITUCIONES Y LA REALIDAD

Francisco Rojas

Las reacciones respecto al proyecto de reforma hacendaria, al régimen fiscal de Pemex y a la visita del presidente de Brasil son ejemplos de cómo hemos ido restándole credibilidad a las instituciones y distanciándolas cada vez más de la realidad.

Nuevamente se ha mostrado con crudeza nuestra acendrada reticencia a pagar impuestos y nuestra voluntad por apoyar una reforma fiscal que surta efecto sólo en “los bueyes de mi compadre”. La desgarradura de vestiduras es patética y las amenazas y chantajes abundan; la debilidad de las instituciones se ha hecho evidente y nuevamente tendremos una reforma light, que permite vislumbrar una posible y peligrosa crisis alrededor de 2012 o antes, si es que la situación financiera internacional se escapa de control.

Atrás de la desconfianza popular en las instituciones y su renuencia para cumplir con sus obligaciones ciudadanas está la opacidad del destino, control y evaluación del gasto público, que constituye otro ejemplo de evasión de responsabilidades y abandono de facultades institucionales. En la vigente Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se determinó establecer un Sistema de Evaluación de Resultados que tendría que estar terminado en 2008, y se previó en el espíritu de la ley otorgar mayores facultades al Congreso, a través de la Auditoría Superior de la Federación, para exigir información oportuna, transparente y la rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos con el pago de impuestos.

Pero lejos de demandar el cumplimiento de la ley, parece ser que algunos legisladores e intelectuales avalan empezar todo de nuevo apoyando la creación de un consejo o un instituto de evaluación, con más burocracia y gasto que, además de descubrir el hilo negro, libere de responsabilidades a quienes ya deberían estar creando con las dependencias y entidades los indicadores de gestión, formulando con ellas los esquemas de compromisos y diseñando los sistemas de información y rendición de cuentas.

Vaya manera de hacer valer la investidura que el pueblo les confirió como sus representantes, ya que en vez de reforzar las instituciones existentes parece ser que se quiere crear otras paralelas y que una junta de notables gobierne el sistema y, por qué no, el país.

¿Por qué, en su lugar, no se dota a las comisiones del Congreso de mayores facultades y medios para que funcionen permanente y eficazmente en el control y evaluación concomitante de la política hacendaria? ¿Por qué no se hace lo mismo con la Auditoria Superior de la Federación y se le otorgan “dientes” y presupuesto para que funcione verdaderamente como el órgano de control y evaluación del Poder Legislativo?

La visita del presidente brasileño, además de grata, fue una saludable corrección de las torpezas e infantilismos de Fox. Su presencia y expresiones despertaron entusiasmo y alimentaron esperanzas de un nuevo entendimiento y una posible solución a ciertos problemas, especialmente el energético. Pero disipado el humo diplomático, hay que analizar cuidadosamente las declaraciones de los experimentados y hábiles directivos de Petrobras.

El señor Gabrielli de Azevedo, su presidente, declaró que “no les interesan ni los contratos de servicios múltiples ni los de obra pública que utiliza Pemex”. Otros funcionarios señalaron que Petrobras sólo opera mediante contratos de riesgo, en los que se compartan beneficios de la extracción, tanto en términos de volumen como de registro en libros de reservas descubiertas, así como los riesgos inherentes en caso de no encontrarse hidrocarburos.

Dichos funcionarios conocieron los proyectos para aguas profundas que contempla Pemex en su Plan de Negocios 2007-2015, y dado que éstos tomarían de seis a ocho años desarrollarlos, daría “tiempo suficiente para desarrollar nuevos modelos de contratos que permitieran la inversión privada”, que ahora está vedada constitucionalmente.

Las declaraciones anteriores seguramente acelerarán a los que quieren privatizar Pemex a cualquier costo, desalentarán a otros que veían a Petrobras como la salvación pero, para muchos de nosotros, serán un incentivo para encontrar nuestras propias soluciones, que no son simplemente darle más recursos al organismo. Pemex requiere efectivamente mayores recursos para exploración, compra de tecnología, investigación y capacitación para explotar las aguas profundas, los campos maduros, el gas, modernizar el sistema de refinación y el de ductos, invertir en alianzas estratégicas, etcétera.

Pero debe ser un enfoque integral que comprenda, además, una cirugía mayor en sus sistemas operativos y gerenciales, una organización y funcionamiento como empresa, sanear pasivos contraídos para financiar gasto corriente del gobierno federal, una política de precios realista, una adecuada política laboral, etcétera, pero sobre todo, que se le desligue del trapecismo político y financiero para mantener el equilibrio fiscal en las cuentas nacionales.

EL UNIVERSAL, 21 AGOSTO, 2007.- http://bit.ly/dtLovX

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+ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

+ A veces, Hilo Negro y Elefantiasis en iniciativas del Ejecutivo

+ Hay diferencias entre oficina de trámites y empresa productiva

 

REFORMA AL GASTO

Francisco Rojas

El 30 de marzo de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la que se adecuó el marco legal al papel que juega el gasto público en el desarrollo económico y social del país; con ella se regulan los procesos de elaboración, aprobación, ejercicio y rendición de cuentas, estableciéndose una mejor distribución de responsabilidades, de pesos y contrapesos, entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

La ley prevé procedimientos y mecanismos de información y transparencia para que una sociedad más abierta y participativa juzgue el desempeño del gasto público en función de los resultados, y que éstos, a su vez, sean evaluables y creíbles. Se persigue también cambiar el enfoque tradicional al de obtención de resultados, devolviendo responsabilidades a los ejecutores del gasto, en un marco de incentivos y sanciones.

El proceso de negociación de la referida ley llevó cerca de dos años y medio, analizándose más de 26 iniciativas presentadas desde 2001; y se celebraron innumerables reuniones de trabajo con distintos sectores, principalmente con gobernadores y secretarios de Finanzas de los estados, así como con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de instituciones públicas de educación superior.

Hago este recordatorio porque en la propuesta de “reforma hacendaria por los que menos tienen” presentada por el Ejecutivo recientemente, aun cuando existen aspectos atendibles que deben mantenerse y que serían objeto de otro artículo, se da la impresión de que se quiere descubrir el hilo negro en materia de gasto público.

En la iniciativa se habla de incrementar la calidad del gasto mediante la propuesta “central” de contar con un presupuesto con enfoque en los resultados, cuando ese fue precisamente el corazón de la Ley de Presupuesto, de la que apenas este 2007 es el primer año de su vigencia.

También señalan que para lograr lo anterior es necesario crear para tal efecto un Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas que, coordinadas por las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, verificarían periódicamente los resultados de la ejecución de las políticas y los programas de la Administración Pública Federal, con base en un sistema de evaluación del desempeño, “para identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público”.

Se “descubre” en la iniciativa que dicho sistema debe incorporar indicadores para evaluar los resultados, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia; pero, además, novedosamente proponen que dichos indicadores formen parte del Presupuesto de Egresos e incorporen sus resultados en la Cuenta Pública.

Todo lo anterior forma parte del espíritu y la letra de la actual Ley de Presupuesto. En ella se establece claramente el Sistema de Evaluación del Desempeño, tanto para la Administración Pública Federal como para el gasto federalizado.

Al “hilo negro” se le agrega la “elefantiasis” de la burocracia, ya que pretenden crear un órgano adicional a los ya existentes, lo que vendría a complicar, sobrerregular y estorbar aún más la operación de una administración pública atrofiada por tantas disposiciones basadas en la desconfianza, innumerables solicitudes de información e incuantificables disposiciones restrictivas que maniatan la iniciativa y promueven la corrupción, además de que dificultan la evaluación de resultados.

Las disposiciones actuales no distinguen entre una oficina de trámites y una empresa productiva. La administración se ve obligada a cumplir con una serie de requisitos de información que algunos han calificado como la “amiba burocrática”, ya que en la práctica son los mismos datos —y no puede ser de otra manera—, nada más que presentados de una forma para una dependencia y en forma diferente para otra.

En el caso de que los señores legisladores aprobaran la propuesta, la administración pública tendría que dedicar mayor esfuerzo para atender las demandas de información de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, de las coordinadoras de sector y del nuevo Consejo de Evaluación; a la que se agregarían las previstas por la ley en materia de transparencia y, ojo, el papel que jugaría la Comisión de Competencia que en la iniciativa de marras se prevé tenga injerencia en la naturaleza de los concursos.

Todo ello incrementaría la centralización de funciones, marginando la responsabilidad de las dependencias y entidades de la administración pública y, finalmente, seguiríamos los ciudadanos sin tener una rendición de cuentas adecuada, que nos haga creíbles los resultados del gasto público y propicie el pago de mayores impuestos.

EL UNIVERSAL, 10 julio, 2007.- http://bit.ly/aUwweI

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