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+ Acuerdo de Partidos para atender a las zonas devastadas

+ De los subejercicios, recursos inmediatos para damnificados

+ Propuesta del PRI: Crear el  Fondo para la Reconstrucción

 DE LA RETÓRICA A LOS HECHOS

Francisco Rojas

Entre los múltiples llamados al diálogo, los emplazamientos a unirnos y los exhortos a corregir el rumbo en diversos ámbitos de la acción pública, la población no reconoce ningún resultado o beneficio concreto para sus familias. Los recientes desastres naturales abren un espacio real para que unamos esfuerzos para demostrar unidad y solidaridad auténticas, para atender el impacto en las personas y para fomentar la reconstrucción física, económica y social de las zonas afectadas. Debemos pasar de la retórica a la práctica.

Así lo vieron todas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados al aprobar por unanimidad la propuesta de la bancada del PRI para que el Ejecutivo Federal utilice los recursos acumulados por subejercicios presupuestales de las diversas dependencias y entidades del sector público federal, para el auxilio inmediato a la población afectada y la reconstrucción de la infraestructura dañada a través de los mecanismos ya existentes.

Asimismo, acordamos que en el presupuesto federal para 2011 se cree un Fondo Nacional de Reconstrucción, con reglas de operación claras y sencillas para evitar retrasos burocráticos e impedir discrecionalidad y desviaciones de recursos hacia objetivos político-electorales. Las amenazas no han terminado, pero una aproximación preliminar sugiere que la reconstrucción tendrá un costo superior a los 100 mil millones de pesos, lo que supondría revisar las prioridades de gasto, ingreso y deuda.

Las causas de la afectación son múltiples: los efectos del cambio climático, la deforestación, la falta de obras suficientes de protección y de acciones de prevención por la escasez de recursos y, hay que decirlo, por la ejecución ineficiente de los mismos. Todos estos aspectos deben ser revisados para corregir las estrategias y prevenir y aminorar los posibles efectos de fenómenos naturales similares.

Por ello, habrá que emprender un programa de mediano y largo plazos para la prevención de desastres que comprenda, entre otros, energías alternativas, control programado de emisiones contaminantes, transporte limpio, desazolve de presas, ampliación y aceleración de los programas en los sistemas hídricos, reforestación de miles de hectáreas para reducir el riesgo de deslaves y financiamiento de amplios programas de vivienda en zonas seguras para las poblaciones asentadas en zonas de alto riesgo.

Estas iniciativas tendrán efectos favorables para el conjunto del país, pues tanto las tareas de emergencia como las de reconstrucción y prevención, generarán empleos que aumentarán el ingreso disponible de las familias y reactivarán el mercado interno, lo que a su vez estimulará nuevas inversiones privadas y elevará las tasas de crecimiento de la economía en su conjunto. Este magno esfuerzo nacional compensará el retraimiento de las exportaciones, la caída de la plataforma petrolera, la disminución de las remesas de trabajadores en el exterior y la pérdida de atractivo para la inversión extranjera directa.

Se deben usar todos los instrumentos de fomento del Estado para el respaldo a las empresas afectadas, el apoyo a los productores agropecuarios que perdieron sus cosechas, el impulso a la inversión de estados y municipios para la reparación de obras públicas, la promoción de nuevas viviendas para las familias que perdieron la suya, así como el diseño de procedimientos para la entrega ágil de los recursos a la población. Es preciso, además, definir fórmulas prácticas para promover la participación de las empresas y organizaciones privadas y aprovechar líneas de crédito de instituciones financieras del exterior.

Esta será una muestra de solidaridad y de voluntad política para construir acuerdos que realmente beneficien a la población. Es claro que hay una situación de emergencia que tenderá a repetirse si no adoptamos las medidas pertinentes. Hemos mostrado en diversas ocasiones que ante este tipo de circunstancias nos unimos, trabajamos juntos y damos resultados oportunos en muchos casos por el impulso de la propia gente más que por iniciativa gubernamental.

Es el momento de que los legisladores y los servidores públicos que estamos obligados a atender las demandas de la población, ejerzamos nuestro liderazgo para establecer los programas adecuados y asignemos los recursos necesarios para lograrlo. No podemos paralizarnos ante la magnitud de los problemas que enfrentamos. Es tiempo de extender la visión y adoptar verdaderas políticas de Estado.

 EL UNIVERSAL, 5 octubre, 2010.- http://bit.ly/9jWBnk

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