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Posts Tagged ‘Justicia’

+ Padecemos corrupción, opacidad y ductibilidad de la justicia

+ Son omisos o tuercen las leyes,  los encargados de aplicarlas

+ En realidad son delincuentes investidos de autoridad temporal

+ Caso Polanco: Excesos de los menos y sumisión de los más

IMPUNIDAD

Francisco Rojas 

 Los problemas que se han creado y crecido en el país durante los últimos años —violencia, mayor desigualdad y pobreza, desempleo, letargo económico, degradación educativa— han propiciado un preocupante deterioro tanto en la administración pública como en la propia sociedad, que se manifiesta en la agudización de la impunidad y los vicios inherentes: corrupción, opacidad, ausencia de rendición de cuentas, influyentismo y ductilidad del sistema de justicia.

Emitir nuevas leyes y reformar algunas vigentes,  cobra relevancia porque necesitamos que el marco jurídico refuerce el respeto a derechos humanos y garantías individuales, proteja instituciones y servidores públicos y fortalezca el Estado de derecho. No podemos permitir que el mundo nos catalogue como un pueblo de corruptos y delincuentes. En el ser nacional debe arraigarse la ley como uno de los valores esenciales de la convivencia. Antes lo hemos hecho: en cada salto de nuestra historia convertimos en leyes los nuevos consensos nacionales, confiados en que un orden jurídico renovado sería el primer paso hacia un orden social más justo.

 El respeto al derecho fue un pilar de la política exterior mexicana del siglo XX, que prestigió al país y le dio un firme liderazgo moral en el mundo. Pero por justas y avanzadas que sean las leyes, son inútiles cuando los encargados de aplicarlas son omisos o las tuercen en beneficio propio o de afines. La impunidad y corrupción deterioran la vida nacional, y no lo debemos permitir.

 La impunidad y la corrupción —que no son privativas de nuestro país y tienen sus orígenes en las prácticas patrimonialistas del régimen colonial— se han agravado y extendido en lo que va del siglo XXI, y si no logramos contenerlas seguirán envileciendo la vida pública.

La impunidad ha permeado la conciencia de algunos estratos de la sociedad, como lo ilustra el ejemplo grotesco de las dos mujeres que atacaron y ofendieron a unos policías en Polanco. Cuando estas lacras éticas se generalizan y convierten en reglas no escritas de convivencia social, el orden jurídico pierde eficacia y, peor, se convierten en un instrumento más de excesos de los menos y sumisión de los más, lo que puede fracturar a la sociedad y poner en crisis al Estado de derecho.

 La impunidad se ha convertido en práctica corriente en todas las escalas del poder: desde las irregularidades toleradas en las grandes licitaciones, como parece haber ocurrido en una o varias etapas de la inconclusa Estela de Luz, hasta el allanamiento de domicilios sin orden judicial.

 La falta de transparencia y rendición de cuentas en el servicio público solapa los más variados actos de corrupción y favorece la impunidad de delincuentes investidos de autoridad temporal.

 Esta es una de las razones más ostensibles de la pérdida de confianza social en sus autoridades. Más cuando la administración pública no produce resultados perceptibles pese a los gastos desmesurados del gobierno en publicitar lo que no ha logrado o ha conseguido marginalmente.

 La sociedad y las instituciones del Estado deberían leer bien el bajo índice de denuncias de las víctimas del delito y el porcentaje aun menor de la consignación de los presuntos delincuentes, muchos de los cuales son exonerados y que, cuando entran en prisión, disfrutan de privilegios y continúan delinquiendo desde su cautiverio.

 La falta de un castigo merecido inhibe a los ciudadanos denunciar ilícitos porque lo ven inútil y hasta peligroso. Paralelamente, estimula a los delincuentes que saben que la posibilidad de ser castigados por sus actos criminales es muy baja.

 La lucha frontal en contra de la impunidad y sus vicios colaterales puede ser la última oportunidad para rescatar el respaldo de la sociedad a las instituciones y a una clase política tan sistemáticamente desprestigiada; ésa tendría que ser una de las políticas públicas de largo plazo del próximo gobierno.

 Urge la promoción activa de una cultura de respeto a las personas y a las leyes. Urge la formación de una nueva mística del servicio público para que los ciudadanos recuperen la confianza en las instituciones y en las autoridades. Urge una gran revolución de las conciencias que revalore la ley y su respeto irrestricto como requisito de toda convivencia civilizada.

EL UNIVERSAL, 4 octubre, 2011.-

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+ Aniversarios: Independencia, Revolución, Universidad e IFE

+ Profesionalismo de los integrantes del sistema electoral

+ La Democracia, sistema de vida, no exterminio de adversarios

POLÍTICAS DE ESTADO Y ALTERNANCIA

Francisco Rojas

En el curso de dos meses, celebramos el Bicentenario de la guerra de Independencia, el Centenario de la Revolución y de la fundación de la Universidad Nacional, y los primeros 20 años del IFE, cuyo papel ha sido determinante para el desarrollo democrático del país.

En poco tiempo, el sistema electoral se ganó la confianza social en el voto y en su escrutinio y llevó a buen puerto los procesos electorales, a veces en circunstancias sombrías, como la violencia política de 2006. Aunque los resultados de las dos últimas elecciones presidenciales fueron adversos al PRI, los priístas siempre hemos apoyado el profesionalismo y honradez de los integrantes del sistema electoral.

La alternancia, pese a su importancia, es apenas una expresión de la transición democrática. En cada proceso electoral se pone a prueba la eficacia de los gobiernos, la capacidad de los partidos para hacer suyas las demandas populares y la aptitud de los legisladores para transformar las soluciones en leyes.

Pero la alternancia no debe suponer rupturas o implicar la refundación periódica del régimen político ni convertir a los adversarios políticos en enemigos que deban denostarse o destruirse mutuamente. En México, la democracia es un sistema de vida, no un mecanismo de exterminio de una parte de la sociedad por otra. La democracia reconoce pluralidad social y política, en tanto que la intolerancia las ahoga.

En la diversidad, los mexicanos tenemos necesidades y objetivos comunes cuya solución exige estructurar políticas de Estado de largo plazo, en áreas esenciales: economía, educación, combate a la pobreza, seguridad pública y justicia, protección al ambiente y desarrollo de las cuencas hidrológicas, de tal forma que el cambio de estafeta que supone la alternancia permita la continuidad de las mismas, con independencia de colores políticos o plazos electorales.

Una política esencial de Estado es lograr un crecimiento económico sostenido que integre cadenas productivas, atenúe las desigualdades regionales, genere empleos formales y jerarquice las obras de infraestructura. No hay dilema entre estabilidad y crecimiento; al contrario, se complementan cuando la economía está al servicio de la sociedad y no incurre en excesos que rompan los equilibrios básicos.

Otra sería la educación, la investigación y la tecnología como palancas del desarrollo que confluyan en la formación de capital humano con diversos grados de calificación y en distintas áreas del conocimiento, dando así solidez, estabilidad y suficiencia a la generación de empleos modernos y bien remunerados. Otra sería la de cohesión social, que con compensaciones focalizadas atendería a comunidades con alta marginación, sin el enfoque asistencialista que no abate la pobreza, sino la reproduce, siguiendo experiencias de probada eficacia en la Unión Europea.

Una de las demandas más angustiosas de la sociedad es la seguridad pública y el mejoramiento de la procuración e impartición de justicia. Es urgente restituir la tranquilidad social perdida, reforzar el Estado de Derecho y garantizar la justa aplicación de las leyes. Una política de Estado en estas materias debería empezar por abatir dos vicios que han calado en el cuerpo social: la corrupción y la impunidad.

Paralelamente, el país debe emprender esfuerzos sostenidos para proteger el medio ambiente, mediante el desarrollo de energías alternas, el control de emisiones contaminantes y el transporte limpio. No hacerlo ha contribuido al calentamiento global y magnificado huracanes y otros fenómenos meteorológicos cuyas secuelas han sido devastadoras. Estos fenómenos naturales constituyen una razón más para la integración, promoción y desarrollo de cuencas hidrológicas en los principales ríos, con objeto de aprovechar racionalmente los recursos hidráulicos del país y proteger a las poblaciones más expuestas.

La adopción de políticas de Estado fundadas en el diálogo democrático, incluyente y serio entre todos los actores políticos y en todos los ámbitos del poder es el factor que hará posible que la alternancia, que es una manifestación de la transición democrática, no se convierta en obstáculo para la solución de problemas viejos y nuevos, que continuarán agravándose si no adoptamos políticas de largo plazo para no pretender reinventar al país cada seis años.

EL UNIVERSAL, 19 octubre, 2010.- http://bit.ly/dbuXJ7

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 Han advertido que aquí las dos comisiones de Justicia y de Seguridad, ya aprobaron la Ley Antisecuestros, así que seguramente muy pronto la vamos a votar en el Pleno. Eso también es un avance importantísimo en términos de la lucha contra el crimen organizado.

ENTREVISTA, 5 octubre, 2010.- http://bit.ly/dw5INU

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  …La experiencia del comportamiento diario del responsable del Gobierno Federal está ante los ojos de todos. Más aún, de ustedes, señoras y señores legisladores, que todos los días sufrimos el embate de la crítica a nuestras más elementales acciones.

 Pero creo que no es suficiente la reflexión o el reconocimiento de tantas complicaciones. No es suficiente sentarnos a la reiteración del diagnóstico, la insatisfacción o la desconfianza.

 Señoras y señores legisladores, tenemos una misión, tenemos un compromiso. El PRI nunca se ha cruzado de brazos frente a las grandes demandas de una nación que aún no ve cumplidos sus anhelos de justicia y democracia.

 Los verdaderos priistas nos sentimos orgullosos de pertenecer a un partido que sabe sacar la casta para defender los supremos intereses de nuestro país.

 Tenemos que darle certeza a la gente de que el PRI va a celebrar el Centenario de la Revolución, devolviéndole a la política su sentido original.

 Hagamos honor al nombre de nuestro Partido. Hagamos una vez más la Revolución a través de las instituciones. La Revolución que nos devuelva la confianza y la esperanza en el futuro. Hagamos la Revolución que esperan todos los mexicanos.

 Propongo una acción común de los legisladores del PRI y sus aliados; propongo una acción de unidad verdadera sustentada en razones, que involucre la opinión de la dirigencia de nuestro partido, de los señores gobernadores de los estados y el criterio oportuno de los senadores y las legislaturas de cada entidad federativa.

 ASAMBLEA PLENARIA, Tonatico, EdoMex.- Versión íntegra: : http://bit.ly/dmG4ih

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+Algo marcha mal en la sociedad mexicana

+La Gente ya no confía en las instituciones

+Efectos  del binomio violencia-impunidad

VIOLENCIA Y DESCONFIANZA

Francisco Rojas

Más allá de la indignación —en algunos casos genuina y en otros impostada, el vandalismo que culminó con la destrucción de una puerta que data de 1731 y que, irónicamente, es la entrada a la SEP, indica que algo marcha mal en la sociedad y en las instituciones del Estado, cuya primera obligación es garantizar la seguridad de la nación de acuerdo con el orden jurídico vigente.

En su expresión más simple, el Estado es la organización de las personas que habitan en un territorio, tienen un pasado común y acuerdan ciertas normas de comportamiento para vivir en paz y con seguridad. Cuando la gente acata las leyes y las autoridades las hacen cumplir, se dice que existe un Estado de derecho. ¿Esto es lo que se está perdiendo en México? ¿Será por eso que la gente no confía en el gobierno ni en las instituciones, sobre todo de procuración de justicia?

El gobierno de la ciudad es responsable de dar seguridad a los empleados, recintos y bienes de los tres poderes de la Unión que tienen su sede principal en el DF. El gobierno de la República, por su parte, debe preservar el orden, la seguridad y la paz interior con los instrumentos y atribuciones que le otorgan la Constitución y las leyes, incluida la violencia legítima.

Ninguna de las dos instancias de gobierno actuó oportunamente, no hay detenidos ni información verosímil sobre quiénes fueron responsables de la negligencia: ¿la policía capitalina?, ¿el gobierno de la ciudad?, ¿los mandos de la Policía Federal?, ¿la Secretaría de Gobernación? No se sabe; esa información se ha ocultado o se ha pretendido falsificar y minimizar. ¿Olvidó la SEP asumir su responsabilidad y actuó como otras autoridades que prefieren que los problemas estallen antes de prevenirlos? ¿Son propios de un Estado de derecho el incumplimiento de las leyes por las autoridades y su violación por grupos delictivos o cubiertos con disfraces gremiales? ¿Se reduce la democracia a una ficción pasajera, a un autoengaño, cuando grupos y autoridades actúan al margen o en contra de las leyes?

Desde que se trivializó el ejercicio del gobierno y degradó la investidura presidencial, la gente ha perdido su identidad con las instituciones de la república. El binomio delincuencia-impunidad tiene al país sumido en la desconfianza y la población está indefensa ante individuos y grupos capaces de amedrentar a las autoridades que deberían garantizar la seguridad. Cunde por el país la voluntad de los más fuertes y abusivos, como en las sociedades sin ley.

¿Qué está pasando con las leyes que pueden ser violadas impunemente por organizaciones violentas o se tuercen para disolver instituciones que no son gratas al poder en turno? ¿Son las leyes suficientes, completas, y pertinentes o ha dejado de ser funcional el orden jurídico de la nación?

¿Es por los crímenes impunes y la violencia asociada al narco y su combate que se explica por qué México es considerado uno de los países más violentos y con menor estabilidad política, por debajo de Bahamas o Namibia, según el Banco Mundial?, y, ¿por qué la confianza de la gente y los empresarios en las instituciones judiciales de México ha caído de 42 puntos en el año 2000 a 30 en 2008, superado ampliamente por Bahamas, Chile, Costa Rica y Kuwait, entre otros?

¿Somos una población a merced de la delincuencia, indefensa y sin autoridades que nos den la seguridad y justicia a que tenemos derecho? ¿Se ha perdido la confianza en las instituciones y en los funcionarios electos o designados para ejercer la autoridad y hacer cumplir las leyes? ¿Vivimos en un Estado de derecho cuando cualquier grupo de desaforados puede hacer lo que le venga en gana sin temor a la ley o a la autoridad?

La gobernabilidad de un país consiste en preservar la estabilidad política y garantizar la seguridad, generar confianza en las instituciones de justicia y hacer valer el Estado de derecho. La gobernabilidad actual es precaria porque no se está cumpliendo con esos requisitos, y no porque exista una supuesta “generación del no” que impida cambios en las leyes, cuando las que hay no se aplican. ¿Habrán olvidado algunos el juramento pronunciado al asumir sus cargos de cumplir y hacer cumplir las leyes?

 EL UNIVERSAL, 15 de junio 2010 http://bit.ly/bc9une

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25 de mayo 2010

Tenemos un sistema en donde desgraciadamente el mismo Presidente ayer reconoció la incapacidad del gobierno, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de poder resolver el asunto de la corrupción en materia de impartición de justicia.

Entonces me parece que efectivamente tenemos un problema, problema reconocido y aceptado por el Poder Ejecutivo, que tenemos que evidentemente hacer todos los esfuerzos conjuntos, en plena unidad, porque a todos nos interesa que haya un sistema de justicia pronta y expedita, como bien lo sugiere y lo apunta la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

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