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Posts Tagged ‘Legislativo’

…El Informe del Presidente es de rendición de cuentas, eso es lo que debe ser el Informe del Presidente, y es lo que esperamos todos, que haya una rendición de cuentas que a todos seguramente nos va a beneficiar, no solamente para ver si se puede o no criticar los resultados, sino para que a partir de los resultados veamos qué sigue.

No podemos permitir que el país se detenga, por eso es muy importante en esta reunión Legislativo-Ejecutivo, en términos de rendición de cuentas, se lleve en la forma más republicana que se puede.

Nosotros hemos pensando que de existir las condiciones, el Presidente debiera volver a asistir a la Cámara, es un acto que representa a la República.

ENTREVISTA. Versión íntegra: http://bit.ly/9eGzwq

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  …el Poder Legislativo le ha entregado al Presidente todas las leyes que ha sometido a consideración.  Hay algunas que están en proceso, pero básicamente se le han aprobado todas las leyes que ha mandado, y segundo, se le han triplicado los ingresos.

 En este momento lo importante es que hagamos como en todo proceso, una evaluación de qué ha sucedido o cuáles han sido los resultados… 

Entonces a partir de ahí, ver la posibilidad de modificar las estrategias que no hayan funcionado y continuar con las que hayan funcionado.

 El asunto está en dónde están los resultados. Ese es el punto fundamental de todo esto, para poder de ahí tomar las nuevas decisiones.

 Los diálogos serán productivos en la medida en que partamos de una evaluación de lo realizado, con toda seriedad, y que tengamos la decisión de implantar las nuevas políticas públicas o las nuevas piezas legislativas que se requieran, para que la estrategia en la lucha contra el crimen organizado en el cual, reiteramos,  estamos comprometidos todos.

 Todos como mexicanos, ciudadanos, legisladores o como miembros de partido debemos estar comprometidos absolutamente en la lucha contra el crimen organizado. Me parece que esto es de absoluta lealtad para el país.

 ENTREVISTA. Versión íntegra: http://bit.ly/96iFSC

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  …Está bien que se debata (la legalización o no de las drogas).  No rehuyo el debate, pero me parece que es un debate que no se puede particularizar en la discusión de la legalización de una de las drogas.

 Este es un asunto de crimen organizado, en donde insisto y reitero, necesitamos evaluar qué ha pasado con todo lo que se ha hecho en estos cuatro años… Las nuevas leyes ¿cuáles han sido sus resultados, qué hay que volver a adecuar, qué hay que volver a cambiar? ¿Qué se ha hecho con los recursos adicionales que se han dado y con esos recursos es suficiente o no? ¿Habrá que dar más recursos? Daremos más recursos.

 Pero tenemos que evaluar qué es lo que ha pasado, cuáles han sido los resultados, y en ese momento entonces sí tomar las decisiones adecuadas. Ese es el objetivo –considero- que debemos perseguir entre los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo.

 El Legislativo cumpliendo con su responsabilidad constitucional de fiscalizar la actuación del Ejecutivo, y el Ejecutivo en su responsabilidad constitucional de proponer las políticas públicas para atacar los principales problemas del país.

 … No tengo todavía una decisión personal (acerca de la legalización o no de las drogas), porque este es un problema que es muy difícil decidir aquí, sobre la marcha. Es un asunto que hay que estudiar con mucho cuidado, y en un gran contexto de cómo está la sociedad mexicana y cómo está el crimen organizado y cómo está la organización para la prevención del uso de drogas ilícitas.

 Entonces es un problema muy complejo, en el cual, en lo particular, no me siento preparado en este momento para dar una opinión sobre esa naturaleza.

ENTREVISTA versión íntegra:  http://bit.ly/96iFSC

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10 de marzo 2010:

…la parálisis que está sufriendo el país, tanto económica, como de seguridad, no es un problema de legislación, es un problema de ejecución. Es un problema de que no hay la ejecución adecuada ni en la economía, ni en la seguridad.

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23 de febrero 2010:

El Poder Legislativo se ha convertido en un contrapeso real al Ejecutivo, no por el prurito de obstruir la gobernabilidad —que sería absurdo y nocivo—, sino porque en el Congreso participan, se escuchan y se consideran todas las voces: las de la mayoría y las de las minorías.

En la democracia no hay unanimidades, pero debe haber acuerdos lícitos. Lograrlos no es fácil debido a las divisiones internas de algunos partidos políticos y al desdén por sus principios fundacionales; un obstáculo mayor ha sido que el grupo gobernante suele supeditar los objetivos nacionales de largo plazo a sus metas electorales inmediatas.

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+ Ante acuerdos débiles, hay que atacar problemas estructurales

+ Reformas educativa en pañales y, laboral una quimera

+ Falta reforma judicial para mejorar lucha vs. la impunidad

EQUILIBRAR PODERES

Francisco Rojas

Estamos alcanzando apenas algunos acuerdos, pero sin atacar de fondo los problemas estructurales que vive el país. No hemos agotado las ventajas del régimen presidencial y estamos pensando en fortalecer al Poder Legislativo a expensas del Ejecutivo, y no en las disposiciones que tiendan a formar mayorías y alcanzar consensos.En el caso del PRD se pugna por la integración de un Ejecutivo con dos figuras: Presidente y jefe de gobierno ratificado por el Congreso. La limitación de los poderes de nombramiento del Ejecutivo a través de tres mecanismos: la ratificación de los secretarios de despacho por mayoría simple de la Cámara respectiva, la prerrogativa que se otorgaría al Congreso para ratificar y remover al jefe de gobierno y la autoridad para promover un voto de censura contra los secretarios de despacho o titulares de los organismos públicos desconcentrados de empresas paraestatales. La exclusión de la participación del Presidente en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La compactación del Estado Mayor Presidencial.Las propuestas del PRI son menos radicales y guardan un mejor equilibrio entre los poderes, pero también en su mayoría revelan el propósito de limitar los poderes presidenciales: la institución de jefe de gabinete, la ratificación de los integrantes del gabinete legal y de los directores de Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Cisen, la facultad exclusiva de fiscalización a la Auditoria Superior de la Federación.En el caso del PRI, habría que destacar una propuesta que sí fortalece al Ejecutivo: el trámite legislativo preferente conocido como “poderes de urgencia”, que dotaría al Ejecutivo de un valioso instrumento para fijar la agenda, dar prioridad a ciertas iniciativas presidenciales y castigar la inacción legislativa.Tanto el PRD como el PRI proponen reformas para mejorar la posibilidad de poder llegar a acuerdos al interior del Congreso y entre éste y el Ejecutivo.Es de destacarse que parece ser que existe voluntad política para reformar el Poder Judicial. La Suprema Corte puso a disposición de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión 5 mil 844 trabajos recogidos durante la Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado mexicano, los cuales contienen más de 11 mil propuestas.La agenda judicial surgida del proceso de consulta, análisis, discusión y construcción de acuerdos de los últimos cuatro años señala tres grandes ejes por los cuales debe discurrir la reforma judicial: la reforma de la justicia penal que atraviesa por una crisis y que requiere de una revisión integral que permita una lucha eficaz contra la inseguridad e impunidad, así como la plena vigencia de los principios de presunción de inocencia, contradicción, concentración y mediación, y un equilibrio procesal adecuado entre defensa acusación y víctimas. Los dos restantes ejes, la reforma del amparo y el fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas, ocupan buena parte de la preocupación de los especialistas en esta materia.De otro lado, es necesario adelgazar el aparato burocrático y entregarles a los estados atribuciones y facultades que hasta hoy ha ejercido la Federación a través de los delegados de las diversas dependencias; el gasto que ello representa es enorme y la intromisión en la autonomía estatal y municipal es considerable.También, sería conveniente otorgar la plena autonomía de gestión al Servicio de Administración Tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo que permitiría manejar estos entes con criterios modernos y técnicos, sin interferencias políticas que desvirtúan y complican su operación.Son muchos y graves los retos para la reforma del Estado. El cambio de régimen de gobierno ocupa la atención de los partidos de oposición porque quieren acotar los márgenes de maniobra del partido en el poder. El PRI debería ser cuidadoso con tirar a la basura un sistema que garantizó gobernabilidad e instituciones que perduran. Las adecuaciones al sistema presidencialista no deben exagerarse. No podemos olvidar nuestra historia, sobre todo ahora que el PRI ha ganado casi todas las elecciones del presente año y todo apunta a que con buenos candidatos locales seguirá su ascenso en las preferencias electorales.Estamos quedándonos en la superficie de muchas de las grandes reformas; la fiscal no aportará las soluciones que requiere el país. No hemos iniciado una reforma energética en serio; el nuevo régimen fiscal de Pemex no resolverá los problemas de la paraestatal; la reforma educativa se ha quedado en pañales y la laboral es una quimera. O trabajamos a fondo o seguiremos poniendo parches, algunos de los cuales no van con nuestra historia, idiosincrasia y cultura políticaEL UNIVERSAL, 30 octubre, 2007.- http://bit.ly/cPbRq7

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+ Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

+ A veces, Hilo Negro y Elefantiasis en iniciativas del Ejecutivo

+ Hay diferencias entre oficina de trámites y empresa productiva

 

REFORMA AL GASTO

Francisco Rojas

El 30 de marzo de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la que se adecuó el marco legal al papel que juega el gasto público en el desarrollo económico y social del país; con ella se regulan los procesos de elaboración, aprobación, ejercicio y rendición de cuentas, estableciéndose una mejor distribución de responsabilidades, de pesos y contrapesos, entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

La ley prevé procedimientos y mecanismos de información y transparencia para que una sociedad más abierta y participativa juzgue el desempeño del gasto público en función de los resultados, y que éstos, a su vez, sean evaluables y creíbles. Se persigue también cambiar el enfoque tradicional al de obtención de resultados, devolviendo responsabilidades a los ejecutores del gasto, en un marco de incentivos y sanciones.

El proceso de negociación de la referida ley llevó cerca de dos años y medio, analizándose más de 26 iniciativas presentadas desde 2001; y se celebraron innumerables reuniones de trabajo con distintos sectores, principalmente con gobernadores y secretarios de Finanzas de los estados, así como con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de instituciones públicas de educación superior.

Hago este recordatorio porque en la propuesta de “reforma hacendaria por los que menos tienen” presentada por el Ejecutivo recientemente, aun cuando existen aspectos atendibles que deben mantenerse y que serían objeto de otro artículo, se da la impresión de que se quiere descubrir el hilo negro en materia de gasto público.

En la iniciativa se habla de incrementar la calidad del gasto mediante la propuesta “central” de contar con un presupuesto con enfoque en los resultados, cuando ese fue precisamente el corazón de la Ley de Presupuesto, de la que apenas este 2007 es el primer año de su vigencia.

También señalan que para lograr lo anterior es necesario crear para tal efecto un Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Públicas que, coordinadas por las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, verificarían periódicamente los resultados de la ejecución de las políticas y los programas de la Administración Pública Federal, con base en un sistema de evaluación del desempeño, “para identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público”.

Se “descubre” en la iniciativa que dicho sistema debe incorporar indicadores para evaluar los resultados, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia y transparencia; pero, además, novedosamente proponen que dichos indicadores formen parte del Presupuesto de Egresos e incorporen sus resultados en la Cuenta Pública.

Todo lo anterior forma parte del espíritu y la letra de la actual Ley de Presupuesto. En ella se establece claramente el Sistema de Evaluación del Desempeño, tanto para la Administración Pública Federal como para el gasto federalizado.

Al “hilo negro” se le agrega la “elefantiasis” de la burocracia, ya que pretenden crear un órgano adicional a los ya existentes, lo que vendría a complicar, sobrerregular y estorbar aún más la operación de una administración pública atrofiada por tantas disposiciones basadas en la desconfianza, innumerables solicitudes de información e incuantificables disposiciones restrictivas que maniatan la iniciativa y promueven la corrupción, además de que dificultan la evaluación de resultados.

Las disposiciones actuales no distinguen entre una oficina de trámites y una empresa productiva. La administración se ve obligada a cumplir con una serie de requisitos de información que algunos han calificado como la “amiba burocrática”, ya que en la práctica son los mismos datos —y no puede ser de otra manera—, nada más que presentados de una forma para una dependencia y en forma diferente para otra.

En el caso de que los señores legisladores aprobaran la propuesta, la administración pública tendría que dedicar mayor esfuerzo para atender las demandas de información de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública, de las coordinadoras de sector y del nuevo Consejo de Evaluación; a la que se agregarían las previstas por la ley en materia de transparencia y, ojo, el papel que jugaría la Comisión de Competencia que en la iniciativa de marras se prevé tenga injerencia en la naturaleza de los concursos.

Todo ello incrementaría la centralización de funciones, marginando la responsabilidad de las dependencias y entidades de la administración pública y, finalmente, seguiríamos los ciudadanos sin tener una rendición de cuentas adecuada, que nos haga creíbles los resultados del gasto público y propicie el pago de mayores impuestos.

EL UNIVERSAL, 10 julio, 2007.- http://bit.ly/aUwweI

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