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Posts Tagged ‘petroprecios’

+ Reconstrucción y Seguridad, máximas prioridades

+ Modificado el pronóstico del PIB, el déficit y Petroprecio

+El  papel del Estado debe ser  promotor de la Economía

…Desde el año pasado enfrentamos junto con todo el país, una severísima crisis económica, y nuestro partido dio muestra de actuar responsablemente, rectificando el proyecto que había mandado el Gobierno Federal.

 Lo hicimos con un profundo sentido social y con el convencimiento de que el papel del Estado debe ser el promotor de la economía.

 Este año que viene, vamos a tener evidentemente una recuperación como ha estado sucediendo en el curso de este año, pero sin embargo los efectos de la crisis van a seguir manifestándose.

 Por tal motivo, nuestro Grupo Parlamentario ha tomado las siguientes decisiones:

 En conversaciones y negociaciones intensas con el Gobierno Federal y con las demás bancadas de la Cámara de Diputados, hemos aprobado en la fracción parlamentaria diversas modificaciones al marco macroeconómico en el que sustentó el Gobierno Federal su posición para el 2011.

 Hemos modificado la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, del 3.8 al 3.9 por ciento, que implica 10 mil millones de pesos.

 Hemos modificado de acuerdo como lo establece la fórmula, en la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, el precio del petróleo.

 También modificamos el déficit público, conservando una tendencia decreciente, con lo cual aseguramos con toda responsabilidad que el país va a seguir teniendo finanzas públicas sanas.

 Se han hecho propuestas, algunas que han venido directamente del sector salud, en torno al tabaco, en donde ha sido sustentado por el sector salud la necesidad de desalentar el consumo, mediante el precio de la cajetilla de cigarrillos.

Ello nos ha permitido acceder a recursos del orden de 58 mil millones de pesos.

 Ello nos permite incluir -de acuerdo a como lo hemos considerado pertinente en nuestra fracción parlamentaria- las prioridades que queremos darle a la propuesta económica para el 2011.

 En primer lugar, dos prioridades fundamentales: la reconstrucción de las zonas afectadas por los fenómenos naturales que tocan a 12 estados de la República, que en términos generales, globales, afectan al 30 por ciento de la población y al 35 ó 38 por ciento del Producto Interno Bruto.

 Es a nuestro juicio, fundamental que haya una gran solidaridad con los mexicanos que han quedado desposeídos o de sus patrimonios, de su forma de trabajo, de la posibilidad de seguir cultivando su tierra o de abrir nuevamente sus pequeños negocios.

 De abrir nuevamente las escuelas; de reconstruir las viviendas, y tenemos que ser solidarios con todos los cientos de miles de mexicanos que han perdido todo.

 No hay ninguna prioridad más importante para nuestra fracción parlamentaria, que los ciudadanos mexicanos, que la gente pueda recuperar su forma de vida.

 CONFERENCIA DE MEDIOS, 18 octubre, 2010.- Versión integra: http://bit.ly/db967K

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+ Petroleras estatales revisan al alza los petroprecios

+ Tenemos qué prepararnos para la transición energética

+ Gobiernos y empresas no pierden su capacidad de presionar

LAS PRESIONES

Francisco Rojas

La producción del Mar del Norte declina rápidamente; las empresas estatales, poseedoras de 70% de las reservas de petróleo, revisan al alza los contratos. Esto presiona a las petroleras para buscar negocios donde se pueda, por ejemplo, en el Golfo de México.

Hace años, Pemex, basado al parecer en estudios prospectivos, construyó un gasoducto para la exportación fallida de gas; ahora importamos gas y la inversión efectuada vale actualmente más de 10 mil millones de dólares.

También con estudios prospectivos se asegura que existen 29 mil millones de barriles de petróleo en aguas profundas; que la tecnología no la comparten las empresas y que no tenemos recursos ni experiencia, por lo que hay que asociarse mediante “alianzas estratégicas” para compartir riesgos y reservas.

Las presiones son intensas y no son las primeras. Además de las ejercidas cuando la expropiación, que “desarbolaron” técnicamente a Pemex y por las que le llevó 10 años recuperar el nivel previo de producción. En 1946 México solicitó un préstamo al Banco Mundial, cuyo otorgamiento se condicionaba al regreso de las compañías; también Shell trató de intercambiar su indemnización por el retorno; cuando se negociaba el TLC, Estados Unidos quería la apertura petrolera; se resistió y nos negamos a la garantía de abasto, los contratos de riesgo, la libre importación de gasolina y gas, y a gasolineras extranjeras.

Desconocemos si el préstamo para solventar la crisis de 1995 se hizo condicionado; tampoco sabemos si las ofertas de Fox para abrir Pemex obedecían a compromisos. Los gobiernos y las petroleras no han perdido su capacidad de presionar y cabildear un negocio de miles de millones de dólares y, definitivamente, hay que resistirse a la idea de que ha llegado la hora de pagar facturas.

En materia petrolera, prospectivo significa potencial y la realidad puede ser distinta a lo supuesto. No hay que repetir aventuras costosas basados en inferencias; el petróleo abundante y barato se acabó; necesitamos buscarlo donde se encuentre, en forma gradual, en las mejores condiciones, cuando sea oportuno y nos convenga, y sin compartir recursos naturales que también pertenecen a las generaciones venideras.

Existen personas que en vez de enfocar así la reforma energética están más preocupadas por encontrar salidas legaloides modificando leyes secundarias para abrirle la puerta trasera a las petroleras. La inversión privada ha estado siempre en todas las actividades de Pemex y debe seguir participando, pero conforme a la legislación vigente.

Por ello, una reforma seria, de fondo, mirando el interés del país, debe contemplar cómo el mundo se prepara para la transición energética durante los próximos 30 años; el cambio climático y los altos precios del petróleo presionan para desarrollar y usar energías alternativas menos contaminantes; se promueven los bioenergéticos, que si no se regulan adecuadamente pueden afectar la oferta alimentaria, la conservación forestal y la disponibilidad de agua; la industria automotriz ensaya nuevos tipos de autos; la energía nuclear cobra nuevo impulso, etcétera. Pero todo hace suponer que la demanda de energía aumentará y se seguirá dependiendo de los combustibles fósiles, a menos que ocurran revoluciones tecnológicas que aminoren esta dependencia.

Por tal razón, tenemos que preparar al país para la transición energética, mediante una política integral, de largo plazo, que contemple programas sectoriales para la generación y consumo racional de las diferentes clases de energía, cuidando las interrelaciones con el resto de la economía y el cambio climático.

Debido a las experiencias de telecomunicaciones y la banca, la política energética debe ser guiada por un ente verdaderamente autónomo, responsable de establecer la estrategia del sector y de coordinar y evaluar las políticas respectivas. Pemex debe tornarse en una empresa pública responsable, moderna, eficiente, competitiva y transparente, dándole la autonomía y los medios necesarios para ello.

Hay que ajustar los mecanismos de medición y darle a la parte industrial el papel que le corresponde en la generación de valor agregado y creación de empleos, sin cederle el negocio a otros; sabemos construir refinerías y mantener ductos y terminales; contamos con alternativas para duplicar al término del sexenio el monto de las reservas probadas y darnos tiempo para acometer los proyectos de aguas profundas.

Existen los recursos y mecanismos financieros suficientes; la tecnología se puede adquirir; los técnicos ya se están preparando; y es factible rescatar al personal calificado para la realización de obras. Debemos cambiar criterios de corto plazo y guiar al país en los próximos 30 años en una transición energética ordenada, autónoma e independiente. Después de 70 años no podemos declararnos fracasados; queremos un México ganador.

EL UNIVERSAL, 22 enero, 2008.- http://bit.ly/accuxJ

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+ Reforma electoral unificó a  Partidos, la fiscal los desunió

+ Se hace necesaria la reforma fiscal verdadera, no de parches

+ Indispensable evitar el atentar contra la libertad de expresión

LOS SALDOS DE LAS REFORMAS

Francisco Rojas

Los ataques y presiones contra las reformas aprobadas por el Congreso continúan. Unos sólo gimen y otros amplifican alzas especulativas en los precios para beneficiarse, para denostar a los legisladores o, quizá, para preparar el terreno a la reforma energética que viene.

La unión y solidaridad demostrada por las bancadas de los tres grandes partidos nacionales en ocasión de la reforma electoral se rompió con la reforma fiscal. Unos padecieron el acoso mediático y otros mostraron su característico oportunismo político.

El parche fiscal resultante se verá anulado por el pago de los compromisos de gasto ya adquiridos. La caída irremediable de los ingresos petroleros hará necesaria una próxima reforma fiscal, ésta sí verdadera y a fondo.

El gobierno pospuso la entrada en vigor del aumento de dos centavos mensuales en los combustibles; en 30 meses lleva gastados 100 mil millones de pesos para subsidiar la gasolina y el diesel, y continuará haciéndolo mientras subsistan los altos precios del petróleo —grandes exportadores de petróleo, como Arabia Saudita, Irán y Venezuela, incurren también en esta práctica—. Cuando suceda la crisis el ajuste será mayúsculo, a menos que se vendan patrimonios nacionales para seguir subsidiando y posponer las reformas.

Como coautor de la Ley de Presupuesto, sé de las presiones a que se ven sometidos los legisladores obligados por las circunstancias; aun así, la reforma fiscal podría haber sido más profunda, por citar dos ejemplos:

Se hubiera podido incidir en los ingresos gravables de las escuelas y permitir la deducción de las colegiaturas a los padres de familia que presentaran su declaración fiscal. Es probable que haya pesado en contra el hecho de que la mayoría de los colegios y universidades particulares estén en manos de intereses extranjeros o confesionales, pero se perdió la oportunidad de gravar uno de los más lucrativos negocios.

También se hubieran podido gravar con 3% ó 5% los depósitos en efectivo de cierto monto de aquellas personas que no presentaran su Registro Federal de Contribuyentes, con lo que se hubiera disminuido el costo y el papeleo burocrático.

En ambos casos, se hubiera logrado el objetivo de hacer aparecer en el radar fiscal a un gran número de personas, unas de cierta clase media que no suele tributar adecuadamente y otras de la economía informal.

La reforma electoral está prácticamente aprobada por el Constituyente. Debemos reconocer que se atendieron sentidas demandas populares y se subsanaron lagunas existentes en el andamiaje institucional de la legislación de 1996, que también fue producto de iniciativas del PRI, como ha sucedido desde la reforma de Reyes Heroles.

No era posible seguir con campañas largas y costosas, ni con la inequidad en el uso de los medios y la impunidad de terceros que financiaban mensajes francamente agresivos o difamatorios; tampoco se podía continuar con un árbitro sin la estructura, confianza y los instrumentos adecuados para regular el proceso electoral desde las precampañas; también era un desperdicio de la experiencia acumulada el no escalonar el nombramiento de los consejeros y magistrados electorales.

La reforma electoral es un significativo avance; responde como las anteriores a la coyuntura y al momento político existente, y los cambios que se efectuarán, incluyendo el de los consejeros, no provocarán, como no lo fue en el pasado, ningún desastre.

Esperamos que cuando se discutan las próximas reformas se incluyan temas como la reelección, la segunda vuelta y otros que sigan perfeccionando nuestra vida institucional.

Habrá, asimismo, que modificar las formas de hacer política; los partidos tendrán que cuidar su relación con los votantes privilegiando la calidad de los mensajes y plataformas, así como la raigambre y el liderazgo de sus candidatos.

El nombramiento de los nuevos consejeros del IFE debe ser transparente e imparcial, para combatir las críticas que hubo por la remoción de los anteriores.

Por su parte, en las leyes secundarias se deberá cuidar no atentar contra la libertad de expresión, evitando establecer un decálogo de lo que se puede o no decir en los medios. Asimismo, cuidar de no afectar la soberanía de los estados y mantener una justa proporcionalidad en el uso de los tiempos, también en función del peso específico de cada partido en el ámbito estatal.

En resumen: esperamos que la reforma fiscal sea el principio de una más profunda. La electoral mostró que se pueden alcanzar acuerdos para impulsar una política moderna y sustantiva, hizo patente el liderazgo del PRI en la materia y fortaleció la institucionalidad al resistir el embate de los poderes fácticos.

EL UNIVERSAL, 2 octubre, 2007.- http://bit.ly/br3XRm

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+ Rescatar la importancia de los acuerdos políticos

+ Excedentes petroleros se convirtieron en gasto corriente

EXISTE VOLUNTAD POLÍTICA

Francisco Rojas

Es plausible la actitud del presidente Calderón al ofrecer certidumbre a los inversionistas mexicanos y extranjeros mediante el compromiso de mantener la estabilidad económica, un manejo adecuado de las finanzas públicas, el uso eficiente del gasto, un mayor esfuerzo de recaudación y un apego irrenunciable al estado de derecho. Queremos convertir a México en un país de leyes, y al primer mandatario no le falta voluntad política, pero algo está fallando; la certidumbre que quiere transmitir se esfuma en la falta de aciertos de sus colaboradores o en la confusión que priva por la ausencia de políticas públicas bien definidas.

La intervención de las Fuerzas Armadas, de la PGR y de la Secretaría de Seguridad Pública federal contra el crimen organizado, principalmente el narcotráfico, no ha rendido los resultados esperados; la movilización de hombres y recursos ha sido cuantiosa, mas no se han alcanzado los objetivos planteados. La violencia del narco por el control de plazas y contra mandos policiales y del Ejército muestra una escalada que se quiere explicar por los operativos del Ejército y la Marina. El Presidente dijo que se iba a producir una reacción violenta, pero se perdió el control y todo indica que la estrategia no fue la correcta. Se ofrecen aclaraciones que se antojan absurdas; se dice que la violencia desmedida que ha mostrado la delincuencia es signo de debilidad; caímos en cruel paradoja.

A un año de los hechos violentos ocurridos en San Salvador Atenco, aún existen averiguaciones previas inconclusas; sin embargo, a los tres principales “macheteros” involucrados se les dicta una sentencia de 67 años de prisión. Parece una venganza y no la aplicación imparcial de justicia. La incompetencia del gobierno para llegar a acuerdos políticos con algunos grupos de ciudadanos lleva a medidas como ésta que generan falta de credibilidad y debilitan las instituciones.

Los excedentes del precio del petróleo, considerables en 2006, se invirtieron en gasto corriente en lugar de canalizarlos a inversión productiva, construir y rehabilitar infraestructura; tiramos el dinero a la coladera, pero a nadie se le responsabiliza; en este país no pasa nada. Por otro lado, de acuerdo con los medios, Pemex pierde, no sabemos por qué, un juicio en el que se le condena a pagar 630 millones de dólares; nadie tiene la culpa de tan importante merma en el patrimonio de la nación. La confianza en la procuración e impartición de la justicia se ha perdido. Ahí está el caso de la indígena de Zongolica, Ernestina Ascencio, en el que las contradicciones entre las autoridades de Veracruz, la CNDH y los parientes de la occisa provocaron una confusión en la que ya nadie sabe qué sucedió. Me quedo con la aseveración de la CNDH, pero buena parte de la opinión pública desconfía de las diversas versiones que se han manejado.

Impactantes son las fotografías publicadas de la agresión sufrida por Carlos Ahumada. Si tenía órdenes de presentación por averiguaciones previas pendientes, pudo la Procuraduría del DF interrogarlo antes de ser puesto en libertad. No había necesidad de la violencia usada para amedrentarlo. Se dice que se trató de darle un escarmiento y que callara respecto de algunos hechos; esa no es una conducta apegada a derecho de quien está obligado a procurar justicia. Es abominable la actitud de los elementos policiacos con quien exhibió los tratos de los colaboradores más cercanos de López Obrador. El que dio el dinero estuvo tres años en la cárcel; los que recibieron el dinero, algunas semanas, como en el caso Bejarano, o algunas horas como en el caso Ímaz; otros, como Ramón Sosamontes, ni siquiera pisaron un reclusorio. Parece que en este país la justicia se aplica selectivamente. Basta ver el caso del sindicato minero en el que nadie se explica que cochinero sucedió o qué es lo que está pasando.

En el mar de confusiones en que nos desenvolvemos, la intención del Presidente denota decisión para hacer las cosas, contrasta con la pasividad y negligencia de su antecesor, pero se antoja urgente diseñar políticas públicas que generen coherencia, transparencia y efectividad en la tarea de los órganos de gobierno. La rendición de cuentas es otro capítulo que no debe descuidar el mandatario; la opacidad al respecto que privó durante el gobierno foxista no debe repetirse. Es la forma de generar confianza para la inversión mexicana y extranjera, pero sobre todo a los ciudadanos cuya sensación de incertidumbre, temor y desconfianza cada vez es más generalizada.

EL UNIVERSAL, 15 mayo, 2007.-http://bit.ly/djkeky

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