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Posts Tagged ‘SAT’

+ En 10 años no se ha elevado la eficiencia recaudatoria

+ Desde 2002 finanzas públicas débiles y vulnerables

+ Recuperación de créditos fiscales de apenas el 2 por ciento

+ Por regímenes y gastos fiscales, se dejan de cobrar 500 mmdp

+ Aumenta más del doble la erogación en gasto corriente

 

Administración de las finanzas públicas

Con sus impuestos y otras vías, la sociedad le otorga recursos al gobierno para que atienda sus funciones, impulse la economía y mejore las condiciones de la población. Por ello el gobierno está obligado a rendir cuentas. La improbidad, la incompetencia y la negligencia en el manejo de esos recursos afectan a todos y deben ser sancionadas.

Ingresos
• Aunque el Congreso ha reformado la legislación tributaria para hacer más estricta la fiscalización y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el gobierno no ha podido aumentar la eficiencia de la administración tributaria, eliminar la evasión y reflejarlo en mayores ingresos tributarios. Los aumentos en la recaudación han sido únicamente por la aplicación de nuevos impuestos. Dicho incremento ha sido mínimo: en 2001 los ingresos tributarios no petroleros representaron el 8.9 por ciento del PIB, en tanto que en 2009 fueron de 9.5 por ciento del PIB.

• En 2002 se redujo la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) con el objetivo, planteado por el gobierno federal de promover el crecimiento económico. Sin embargo, el efecto ha sido muy limitado o nulo, ya que el crecimiento de la economía ha sido magro y, en cambio, se mantienen unas finanzas públicas débiles y vulnerables. Los ingresos por dicho impuesto en 2009 fueron sólo de 4.5 por ciento del PIB, menor que en 2002.

Evasión fiscal
• La más reciente revisión de la cuenta pública por parte de la ASF, indica que de 463 mil 800 millones de pesos de créditos fiscales, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) únicamente recuperó 8 mil 900 millones, es decir, un 2 por ciento.

Gastos fiscales
• Por otro lado, los diversos regímenes especiales, tasas diferenciadas, deducciones de impuestos, estímulos fiscales, entre otros, que se denominan gastos fiscales, implican que el gobierno federal no pueda recaudar más de 500 mil millones de pesos, casi 4 por ciento del PIB.

Egresos
• En este período el gasto corriente ha aumentado de forma muy relevante. Según datos de la propia Secretaría de Hacienda (SHCP), tan solo desde 2006 ha aumentado en más de 27.7 por ciento, en términos reales. En términos nominales, el gasto corriente ha aumentado en más del doble de lo que se gastaba en el 2000. Por ejemplo, en los gastos relativos a sueldos y salarios, el gobierno gasta actualmente cerca de 850 mil millones de pesos y más de 456 mil millones en gasto de operación. En cambio en inversión carretera, por ejemplo, se gastan 54 mil millones. En total, se gastan cerca de 560 mil millones de pesos en toda la inversión pública.

• Ese aumento en el gasto corriente se ha reflejado, por ejemplo, en más plazas de primer nivel en la administración pública federal. En los últimos 10 años, las plazas de mayor nivel han pasado de 4 mil 095 a 8 mil 216. Las homólogas a subsecretario pasaron de 87 a 335; las de director general de 588 a 995; las de director general adjunto de 709 a mil 395; y las de director de área de 2 mil 711 a 5 mil 492.
• Por el contrario, los servidores públicos de menor nivel y salario, como subdirectores, jefes de departamento y enlaces, reciben casi el mismo sueldo que en el 2000, y con menores prestaciones que los de mayor nivel. Incluso, se han eliminado plazas de estos niveles, y con ello empleos, para dar espacio presupuestal a las prebendas de los funcionarios y cumplir en apariencia con el compromiso de reducir el gasto corriente.
• Las dependencias federales, y en especial la SHCP, han modificado constantemente el presupuesto que asignan los legisladores en el Presupuesto y gastado menos en ciertos programas o eliminado proyectos de inversión incluidos por la Cámara, que son muy relevantes para diversos sectores de la población. Por otro lado, es recurrente también que aumenten el gasto en otros rubros, aunque no hayan sido autorizados por el Congreso.
• Las dependencias públicas hacen uso de reglas de operación a modo, que por un lado dejan espacios para acciones discrecionales cuando ello facilite el respaldo a ciertos sectores, incluso con objetivos electorales, y establecen requerimientos absurdos que retrasan o hacen nula la aplicación de recursos en otros ámbitos que no son de su conveniencia.
• Esto ha derivado, entre otras ineficiencias, en subejercicios  del gasto, que retrasan los beneficios previstos en inversión pública, en programas sociales, o en el respaldo a pequeñas y medianas empresas. Han sido comunes los subejercicios en el gasto de inversión en carreteras, obras de agua potable, presas, educación y salud, entre otros.

• Hay un desorden en el gasto público que facilita las acciones discrecionales y la ineficiencia. Según el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de 2008 de la ASF, en un solo ejercicio fiscal la SHCP autorizó reasignaciones de recursos a diversos ramos por 67 mil 500 millones de pesos, sin justificar las contingencias correspondientes.

Evaluación del desempeño
• La SHCP y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no concluyeron la implantación del sistema de evaluación del desempeño por lo que no atendieron lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

¿Son logros de las finanzas públicas la baja recaudación, el ineficiente combate a la evasión fiscal, la ejecución discrecional del gasto, el exorbitante aumento del gasto corriente y de la burocracia de alto nivel, la falta de transparencia y la carencia de una adecuada evaluación del desempeño ?

¿10 AÑOS DE LOGROS? Presentación del pronunciamiento del Grupo Parlamentario del PRI, LXI Legislatura, Cámara de Diputados. 28 noviembre, 2010.-  http://bit.ly/hsGkRv

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Administración de las finanzas públicas

A través de impuestos y otras vías, la sociedad confía sus recursos al gobierno para que éste cumpla sus funciones, impulse la economía y mejore las condiciones de vida de la gente. La autoridad está obligada a rendir cuentas. La improbidad, la incompetencia y la negligencia en el manejo de esos recursos afectan a todos y deben ser sancionadas.

  • Aún cuando el Congreso ha aceptado las propuestas del gobierno para modificar la legislación tributaria, que producirían un aumento relevante en los ingresos públicos por impuestos, dicho incremento ha sido mínimo: en 2001 los ingresos tributarios no petroleros representaron el 8.9 por ciento del PIB, en tanto que en 2009  fueron de 9.5 por ciento del PIB.  
  • En 2002 se  redujo la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) con el objetivo, planteado por el gobierno federal, de promover el crecimiento económico. Sin embargo, el efecto ha sido muy limitado o nulo, ya que el crecimiento de la economía ha sido de 1.2 por ciento promedio en lo que va de los gobiernos panistas y, en cambio, se mantienen unas finanzas públicas débiles y vulnerables. Los ingresos por dicho impuesto en 2009 fueron sólo de 4.5 por ciento del PIB, algo menores que en 2002.
  • Se ha reformado el Código Fiscal de la Federación para hacer más estricta la fiscalización y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo cual supuestamente aumentaría la eficiencia, disminuiría la evasión y se reflejaría en mayores ingresos tributarios, aumento que claramente ha sido muy limitado: como ya vimos, apenas un 0.6 por ciento del PIB desde que se empezaron a hacer las reformas.  
  • Incluso el Congreso aceptó, con modificaciones, nuevos impuestos propuestos también por el gobierno federal: el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y el Impuestos sobre Depósitos en Efectivo (IDE), que recaudan más del 0.5 por ciento del PIB, es decir, casi lo mismo que el aumento total de los ingresos tributarios no petroleros.
  • ¿Dónde está entonces el efecto de las reformas, de la eficiencia en la administración tributaria y de la supuesta menor evasión fiscal?

  • La más reciente revisión de la cuenta pública por parte de la ASF, indica que de 463 mil 800 millones de pesos de créditos fiscales, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) únicamente recuperó 8 mil 900 millones, es decir, un 2 por ciento.
  • Por otro lado, los diversos regímenes especiales, tasas diferenciadas, deducciones de impuestos, estímulos fiscales, entre otros, que se denominan gastos fiscales, implican que el gobierno federal no pueda recaudar más de 500 mil millones de pesos, casi 4 por ciento del PIB. 
  • Con base en cifras oficiales, de 2001 a 2008, se dispuso de enormes excedentes presupuestarios: 720 mil millones de pesos en el periodo 2000- 2006 y 565 mil millones durante el período 2007-2008; del total, más de 600 mil provinieron del petróleo. Casi cuatro quintas partes del total de excedentes se destinaron, por diversas vías, al gasto corriente.
  • El gasto corriente, en lo que va de los gobiernos panistas, ha aumentado en más de 25 por ciento real. En términos nominales, el gasto corriente ha aumentado en ese período en más del doble.

  • Hay un desorden en el gasto público que facilita las acciones discrecionales, la ineficiencia y, tal vez, la corrupción. Según el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública de 2008 de la ASF, en un solo ejercicio, 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó reasignaciones de gasto por 9 mil 536 millones de pesos a diversas dependencias, entidades y fideicomisos, aún cuando ya no era factible que dichos recursos fueran devengados. Igualmente, se reasignaron recursos a diversos ramos por 67 mil 500 millones de pesos sin justificar las contingencias correspondientes, y solo con el objetivo de no reflejar subejercicios mayores.  
  • La SHCP y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no concluyeron la implantación del sistema de evaluación del desempeño por lo que no atendieron lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

 ¿La mala administración de las finanzas públicas, el incumplimiento de programas, los gastos no aprobados y la carencia de un sistema integral y adecuado de evaluación de resultados contribuyen a vivir mejor?

¿PARA VIVIR MEJOR? link: http://bit.ly/aPf2Zq  pags 14-17

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+El PRI logra acuerdos , ante la pérdida de rumbo del PAN

+Es un hecho la protección a la información personal

+Recuento del trabajo legislativo de cara a la demanda social

LOGROS

Francisco Rojas

Ante la pérdida de rumbo y credibilidad del PAN, que aprendió a ser oposición pero no a gobernar, la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados ha presentado iniciativas y logrado la aprobación de decretos y leyes sobre los aspectos más relevantes de la economía, la sociedad y la política mexicanas.

Con la amplia participación democrática de nuestros diputados, hemos sacado avante los temas más importantes de nuestra agenda legislativa; en el primer periodo de sesiones, por ejemplo, logramos aprobación casi por unanimidad de todas las fuerzas políticas del paquete fiscal.

Durante el segundo periodo ordinario de sesiones de la actual Legislatura, los diputados priistas propusimos reformas sustanciales al sistema de partidos, al proceso legislativo, a la protección de la información personal y a las acciones colectivas que protegen a la gente de arbitrariedades. También reafirmamos el carácter laico del Estado, que ha sido esencial para la paz interior y la concordia social, ahora tan lastimada; esta convicción y los amagos al laicismo en los últimos diez años, nos indujeron a incluir ese carácter explícitamente en el artículo 40 constitucional.

Los mexicanos claman por la verdad y la honestidad de sus gobernantes, y una de las vías más frecuentes de simulación es el uso electorero de los programas asistencialistas. Para impedirlo, es preciso clarificar los padrones de beneficiarios, medir y evaluar los resultados, lo cual impulsamos con reformas a la Ley General de Desarrollo Social. Promovimos también propuestas para proteger de la violencia a las mujeres, preservar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, combatir la piratería y aumentar las penas de prisión a los traficantes de personas. Se protegerá a los usuarios de la banca frente a las altas comisiones y tasas de interés. Asimismo se aprobó la Ley de Competencia Económica, para combatir más eficazmente los monopolios y oligopolios, para reducir los precios de consumo y diversificar las opciones en la compra de bienes y servicios.

Resueltos a abatir el rezago y mejorar los sistemas de rendición de cuentas, logramos que se dictaminaran las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2002, donde la Auditoría Superior de la Federación destacó las ineficiencias que se traducirían en el mayúsculo despilfarro de recursos del sexenio foxista. La correspondiente a 2007, primera de Calderón, también se reprobó, entre otros. por su ineficaz manejo del gasto y por destinar recursos no ejercidos por 84 mil millones de pesos a fideicomisos de manifiesta opacidad. Por eso, buscamos abatir los subejercicios del gasto, evitar el manejo arbitrario de los recursos autorizados y establecer sanciones por el uso inadecuado o ineficiente del gasto público.

La crisis financiera y el manejo indebido de la política económica hirieron la economía familiar. Por ello enfocamos la reforma hacendaria en tres partes: el financiamiento, para lo cual propusimos reorientar y fortalecer la Banca de Desarrollo; la Política Fiscal, sobre la que no se ha recibido iniciativa del Ejecutivo; y la Política de Gasto.

Con el falso “boquete fiscal” se alarmó a la sociedad y se presionó a los diputados para aumentar impuestos. Tenemos claro que los mexicanos no aceptarían pagar más contribuciones si no reciben mejores servicios a cambio ni tienen certeza y claridad sobre el uso y destino de ese dinero. Por ello, propusimos modificar la Ley Presupuestaria para contar con una herramienta anticíclica, hacer efectivos el control y la evaluación de resultados del gasto, acotar la discrecionalidad en su manejo y agilizar las reglas de operación.

Además, promovimos la racionalización de los gastos fiscales: la reducción del gasto corriente de los altos mandos; la autonomía del Servicio de Administración Tributaria a fin de fortalecer su independencia técnica, hacer eficiente la recaudación y evitar el manejo parcial de la política fiscal; y que las resoluciones de la Auditoría Superior de la Federación sean inculpatorias.

Diez años son muchos. Más de dos sexenios serían inaceptables; el país requiere un cambio de rumbo, de personas y de forma de gobernar. Los resultados de las próximas elecciones confirmarán el hartazgo de la gente con los ineptos gobernantes, que regresarán a ser oposición. Los legisladores del PRI cumpliremos con la responsabilidad que nos ha sido encomendada.

EL UNIVERSAL, 4 de mayo, 2010 http://bit.ly/9nKrlL

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+ Faltan diagnósticos correctos, sin trampas

+ Obsesión por culpar al Poder Legislativo

+ El Gobierno no debe estar para descalificar

RECONSTRUYAMOS

Francisco Rojas

La sociedad y sus representantes políticos no podemos ver con indolencia a los millones de desempleados y subempleados, la pérdida acelerada del poder adquisitivo de la mayoría de la población, la caída drástica de la inversión nacional y extranjera, el deterioro profundo, en síntesis, de la economía nacional. Ante esa realidad que todos sufrimos y confirmamos a diario, asombra la pasividad del gobierno y su propensión a distraer la atención general con fuegos de artificio.

Es difícil entender la lentitud para proponer soluciones que urgen al país: empleo, salud, educación, seguridad pública, prevención de las adicciones, desregulación acelerada de los procesos de la Administración Pública Federal.

Pareciera que el gobierno ha invertido sus prioridades. Atrás quedaron la atención y ocupación de los graves problemas que enfrentamos y es notorio el interés y la importancia que ha cobrado el tema electoral.

Consideramos ociosa y nociva la obsesión por inducir la imagen del Poder Legislativo como responsable de los problemas del país, cuando todos sabemos que por buenas que sean las leyes, de nada sirven si no se aplican en su integridad y a tiempo: desde el año antepasado, el Congreso discutió, corrigió y aprobó las iniciativas del Ejecutivo en materia energética, y a la fecha no se han cumplido importantes disposiciones relativas a Pemex.

A nadie ayudan la fabricación de culpables ni el conflicto como forma de vida. El gobierno está para propiciar acuerdos, conciliar enfoques e intereses legítimos entre los agentes políticos y económicos, no para descalificar y sembrar confusión por arrebatos momentáneos que ensombrecen el panorama nacional y obstruyen el diálogo sereno y ordenado.

Debemos reformar la economía con urgencia, pero en la dirección adecuada. Es preciso empezar por los diagnósticos correctos, sin trampas ni ocultamientos que reflejen la realidad tal como es, para corregir, mejorar, cambiar lo que haga falta, pues si se actúa sobre una realidad ficticia, todo lo que se haga será contraproducente.

Del diagnóstico deben surgir planes y programas correctos, eficaces, hechos y aplicados para corregir los problemas del país, no para servir a intereses de grupo.

Construyamos y reconstruyamos entre todos nuestra economía. El PRI propone una auténtica política de Estado con un enfoque integral para fomentar el desarrollo económico y ampliar el mercado interno. Éste es el marco para hacer una reforma concomitante de los sistemas tributario, presupuestal y financiero.

Reconocemos la urgencia de fortalecer las finanzas públicas, pero hay que empezar por exigir eficacia recaudatoria al SAT, combate efectivo a la evasión y elusión fiscales, a la informalidad y el contrabando; transparencia y rendición de cuentas, así como la reducción efectiva del gasto corriente. Sólo una hacienda pública que no dependa del petróleo, permitirá aumentar el gasto en infraestructura, salud, educación y respaldar al sector productivo.

Por su parte, el gasto público debe usarse como herramienta y ejercerse con eficiencia y transparencia de forma que se puedan evaluar los resultados del gobierno. Legislaremos para que se sancionen los subejercicios del gasto, pues de nada sirven los programas, si no se usan los recursos.

Es preciso reconstituir la banca de desarrollo para el impulso directo e inmediato a la inversión productiva. Estamos promoviendo mecanismos legislativos para impulsar el crecimiento económico mediante acuerdos en los que participe el sector privado.

La economía significa inversión, producción de mercancías, servicios y empleos. Los diputados del PRI estamos empeñados en propiciar una discusión amplia de la que surja una nueva Ley de Fomento Económico para impulsar el desarrollo del país.

Para enfrentar los problemas que agobian al país se requiere participación activa y solidaria de todas las fuerzas políticas, económicas, y sociales. Basta de descalificaciones y de propiciar discrepancias; reconstruyamos la concordia; es el momento de encontrar soluciones.

EL UNIVERSAL, 23 de marzo 2010 http://bit.ly/aKfesz

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+ Ante acuerdos débiles, hay que atacar problemas estructurales

+ Reformas educativa en pañales y, laboral una quimera

+ Falta reforma judicial para mejorar lucha vs. la impunidad

EQUILIBRAR PODERES

Francisco Rojas

Estamos alcanzando apenas algunos acuerdos, pero sin atacar de fondo los problemas estructurales que vive el país. No hemos agotado las ventajas del régimen presidencial y estamos pensando en fortalecer al Poder Legislativo a expensas del Ejecutivo, y no en las disposiciones que tiendan a formar mayorías y alcanzar consensos.En el caso del PRD se pugna por la integración de un Ejecutivo con dos figuras: Presidente y jefe de gobierno ratificado por el Congreso. La limitación de los poderes de nombramiento del Ejecutivo a través de tres mecanismos: la ratificación de los secretarios de despacho por mayoría simple de la Cámara respectiva, la prerrogativa que se otorgaría al Congreso para ratificar y remover al jefe de gobierno y la autoridad para promover un voto de censura contra los secretarios de despacho o titulares de los organismos públicos desconcentrados de empresas paraestatales. La exclusión de la participación del Presidente en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La compactación del Estado Mayor Presidencial.Las propuestas del PRI son menos radicales y guardan un mejor equilibrio entre los poderes, pero también en su mayoría revelan el propósito de limitar los poderes presidenciales: la institución de jefe de gabinete, la ratificación de los integrantes del gabinete legal y de los directores de Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Cisen, la facultad exclusiva de fiscalización a la Auditoria Superior de la Federación.En el caso del PRI, habría que destacar una propuesta que sí fortalece al Ejecutivo: el trámite legislativo preferente conocido como “poderes de urgencia”, que dotaría al Ejecutivo de un valioso instrumento para fijar la agenda, dar prioridad a ciertas iniciativas presidenciales y castigar la inacción legislativa.Tanto el PRD como el PRI proponen reformas para mejorar la posibilidad de poder llegar a acuerdos al interior del Congreso y entre éste y el Ejecutivo.Es de destacarse que parece ser que existe voluntad política para reformar el Poder Judicial. La Suprema Corte puso a disposición de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión 5 mil 844 trabajos recogidos durante la Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado mexicano, los cuales contienen más de 11 mil propuestas.La agenda judicial surgida del proceso de consulta, análisis, discusión y construcción de acuerdos de los últimos cuatro años señala tres grandes ejes por los cuales debe discurrir la reforma judicial: la reforma de la justicia penal que atraviesa por una crisis y que requiere de una revisión integral que permita una lucha eficaz contra la inseguridad e impunidad, así como la plena vigencia de los principios de presunción de inocencia, contradicción, concentración y mediación, y un equilibrio procesal adecuado entre defensa acusación y víctimas. Los dos restantes ejes, la reforma del amparo y el fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas, ocupan buena parte de la preocupación de los especialistas en esta materia.De otro lado, es necesario adelgazar el aparato burocrático y entregarles a los estados atribuciones y facultades que hasta hoy ha ejercido la Federación a través de los delegados de las diversas dependencias; el gasto que ello representa es enorme y la intromisión en la autonomía estatal y municipal es considerable.También, sería conveniente otorgar la plena autonomía de gestión al Servicio de Administración Tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, lo que permitiría manejar estos entes con criterios modernos y técnicos, sin interferencias políticas que desvirtúan y complican su operación.Son muchos y graves los retos para la reforma del Estado. El cambio de régimen de gobierno ocupa la atención de los partidos de oposición porque quieren acotar los márgenes de maniobra del partido en el poder. El PRI debería ser cuidadoso con tirar a la basura un sistema que garantizó gobernabilidad e instituciones que perduran. Las adecuaciones al sistema presidencialista no deben exagerarse. No podemos olvidar nuestra historia, sobre todo ahora que el PRI ha ganado casi todas las elecciones del presente año y todo apunta a que con buenos candidatos locales seguirá su ascenso en las preferencias electorales.Estamos quedándonos en la superficie de muchas de las grandes reformas; la fiscal no aportará las soluciones que requiere el país. No hemos iniciado una reforma energética en serio; el nuevo régimen fiscal de Pemex no resolverá los problemas de la paraestatal; la reforma educativa se ha quedado en pañales y la laboral es una quimera. O trabajamos a fondo o seguiremos poniendo parches, algunos de los cuales no van con nuestra historia, idiosincrasia y cultura políticaEL UNIVERSAL, 30 octubre, 2007.- http://bit.ly/cPbRq7

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