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Posts Tagged ‘SCJN’

+ Críticos e informados daremos nuevo rumbo al país

+ La construcción de nuestra democracia representativa

+ En esta elección no habrá vencedores ni vencidos

+ Acatemos resultados sin pretextos ni mezquindades

+ Necesaria unidad nacional para reformas estructurales

ELECCIONES

Francisco Rojas

Los próximos comicios refrendarán la democracia en la medida que sean concurridos, transcurran en paz y todos acatemos sus resultados sin pretextos ni mezquindades. Nos ha costado más de cuatro decenios construir la democracia representativa que tenemos: logramos plena libertad de expresión, los medios son numerosos, libres y críticos; el sistema de pesos y contrapesos y el federalismo real son antídotos del autoritarismo; el Banco de México, el IFAI, la SCJN, el IFE y otras instituciones actúan con plena autonomía y el ciudadano sabe que su voto es decisivo y respetado.

Mañana es el turno de los ciudadanos que, informados y críticos, daremos un nuevo rumbo al país. La voluntad mayoritaria merece respeto de los actores políticos y garantía de las autoridades. Cualquiera que sea el equilibrio de fuerzas que surja de las elecciones, no habrá vencedores ni vencidos. Nadie quedará al margen, necesitamos estar unidos en lo esencial para superar los problemas del país y salir adelante en un entorno internacional amenazante.

Necesitamos unidad nacional para emprender reformas cruciales como la hacendaria o la energética, darle plena autonomía a órganos reguladores y otras. Aun en caso de que los ciudadanos otorguen mayoría en las Cámaras al partido ganador, habrá que negociar, sobre todo en las reformas constitucionales. Por ello, se debe entender a la política como conciliación entre quienes piensan diferente pero necesitan construir acuerdos para convivir en pluralidad.

La unidad nacional debe ser un pacto social en torno a las prioridades en las que todos estemos de acuerdo: restauración de la paz, combate a la corrupción y la impunidad, crecimiento económico, generación de empleos, respeto y protección a libertades y derechos humanos, protección del medio ambiente, política internacional digna, entre otros. Debemos poner al interés nacional por encima de los intereses de personas o grupos. Nadie sobra, todos somos necesarios en la convivencia civilizada.

Las elecciones serán una fiesta cívica; no permitamos que reviva la zozobra con el fantasma del 2006.

EL UNIVERSAL, 30 junio, 2012.-

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+ El equipo presidencial no hizo a tiempo su trabajo

+ Maridaje oportunista del gobierno y sus detractores

+Iniciativas son documentos plagados de ocurrencias

CUANDO LA POLITICA FALLA

Francisco Rojas

Existe la impresión de que el Ejecutivo sintió la urgencia de enviar al Congreso iniciativas que, por la trascendencia de los temas abordados, debieran haber sido presentadas en diciembre de 2006. El equipo del partido ganador en la pasada elección presidencial no hizo a tiempo su trabajo; tal vez porque se distrajo con las impugnaciones y movilizaciones que efectuaron los partidos que le niegan legitimidad, lo que no obsta para el maridaje oportunista que han armado.

El gobierno dedicó su atención durante los tres primeros años de gestión al combate al narco, que devino en crimen organizado; olvidó, o nunca lo supo, que en la democracia gobernar implica buscar acuerdos, enfatizar coincidencias, construir mayorías, convencer con argumentos a las organizaciones políticas y sectores de la sociedad que permanentemente interactúan entre sí y con el equipo que gobierna; a éste corresponde encabezar el esfuerzo para convertir en realidad su proyecto. Pero, por lo hasta ahora visto, parece que ni proyecto existe.

Recordemos que en 2008 el Ejecutivo envió al Congreso un paquete de iniciativas en materia de energía para modernizar el sector. A pesar de las muchas reformas que el Congreso introdujo, el Ejecutivo festinó ampliamente el resultado; ahora habla de una reforma de segunda generación sin que haya aplicado la aprobada en 2008 que ha sido sistemáticamente burlada y distorsionada, al extremo de convertir a Pemex, no en una empresa eficiente, sino en un monstruo burocrático en la que no fluyen las decisiones, se viola la Constitución y las leyes a través de reglas administrativas que están siendo revisadas por la SCJN, en virtud de las controversias constitucionales interpuestas por la Cámara de Diputados.

En diciembre del año pasado, al término del primer periodo de sesiones de esta LXI Legislatura, el Ejecutivo consideró oportuno enviar una iniciativa con una reforma política. Se buscaba el impacto mediático, sin los previos consensos y sin un estudio serio en que se apoyara la pretendida modernización del Estado. Se piensa que con enviar un documento pleno de ocurrencias al Congreso la tarea está hecha.

Lo mismo podríamos argumentar sobre otras iniciativas, como la Ley Federal de Telecomunicaciones, enviada el pasado periodo de sesiones, sin acuerdos, sin escuchar a los grupos interesados, sin tomar en cuenta a los agentes económicos y sociales involucrados. Así podríamos seguir hablando ad infinitum. Lo anterior explica la complejidad del trabajo legislativo. El gobierno trabaja por impulsos, improvisando sobre la marcha, sustituyendo la acción por cuentas alegres y retórica insustancial. Por contraste, basta mencionar lo expresado la semana pasada por el presidente Obama, sobre la prevención del consumo de drogas y en la intervención temprana para romper adicciones, así como la integración de los tratamientos respectivos en el sistema de salud, cuya ley fue cabildeada personalmente con inteligencia y denuedo, congresista por congresista, por el propio mandatario.

Quien gobierna requiere liderazgo, capacidad de convocatoria, credibilidad, confianza y habilidad en el ejercicio del poder. De nada sirven las buenas leyes si no se saben aplicar, si la confusión y el burocratismo hacen nugatorio el esfuerzo legislativo. Al gobierno le falla la acción política y la administración se le empantana. Lejos de rectificar, hay que buscar culpables: qué mejor que los legisladores de la oposición.

Los diputados del PRI somos una oposición responsable, no nos oponemos por sistema a la tarea del gobierno, la criticamos con ánimo constructivo; nuestras propuestas siempre están sustentadas en los principios y programas de nuestro instituto político; no buscamos el poder a cualquier costo, anteponemos el trabajo y la congruencia a alianzas efímeras e impensables.

Los legisladores del PRI en las Cámaras quieren hacer de la política una tarea noble, honesta y transparente para servir a la sociedad. Pero no basta nuestra intención y esfuerzos, si el Ejecutivo renuncia a su tarea política y se limita a administrar, mal por cierto, sugiriendo con su actitud que ya les urge que se acabe el sexenio.

EL UNIVERSAL 18 de mayo, 2010 http://bit.ly/a9ZO4C

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+ En el PRI seguiremos firmes en la defensa del petróleo

+ El destino de México no puede estar a merced del mercado

+ Persisten los intentos privatizadores del sector energético

PROTEGER A PEMEX

Francisco Rojas

El pasado martes 13 de octubre la Cámara de Diputados aprobó, por inmensa mayoría, la propuesta de diputados priístas y de otros grupos políticos para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos controversias constitucionales: una relativa al Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos y la otra al Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, por considerar que algunas partes de estos ordenamientos van más allá de lo que establecen las leyes superiores.

La historia de México da cuenta de la lucha de las generaciones anteriores por la equidad y el desarrollo, contra las hondas desigualdades que nos han dividido y los atrasos económicos que ponen en riesgo la viabilidad del país. En esa brega ha estado siempre la defensa del Estado, de sus empresas y del patrimonio que pertenece a la nación, especialmente el petróleo y su aprovechamiento en beneficio de los mexicanos.

México no puede poner su destino a merced del mercado, pues el principio medular —lícito, sin duda— de la empresa privada es la maximización de las utilidades, no mejorar las condiciones de vida de la sociedad. Esta función corresponde el Estado y para cumplirla ejerce sus facultades de rectoría y participación a través de la empresa pública, cuya función estratégica está por encima de preferencias ideológicas pues, como se ha probado, tanto en México como en el resto del mundo la competencia a ultranza no garantiza ni siquiera su propia supervivencia.

En México tenemos que conciliar el desarrollo económico con el cambio social y esta tarea sólo es posible con la guía de un Estado rector de los procesos económicos y operador exclusivo de las áreas estratégicas, entre las que están los hidrocarburos, tal como lo marca la Constitución. El petróleo no pertenece a ningún gobierno, partido político o grupo de interés. Por eso el PRI, haciéndose eco de la gran mayoría del pueblo, ha sido y seguirá siendo defensor intransigente del petróleo, que pertenece a todos los mexicanos, incluidas las futuras generaciones.

Deseamos que Pemex sea una empresa moderna, competitiva y facultada para invertir eficientemente los recursos que genera, pero ello no significa que deba transferirse total o parcialmente a intereses particulares. Por eso nos opusimos con firmeza al sesgo privatizador de la reforma energética que propuso el gobierno. Hemos tenido que ser muy escrupulosos para evitar que, a través de palabras y conceptos ambiguos en leyes secundarias y reglamentos, se dé lugar a interpretaciones tergiversadas para transgredir la Constitución y las leyes principales.

La desconfianza no es gratuita. Basta recordar el contrato de mantenimiento del sector 4 de ductos, en el sexenio pasado, que permitía la injerencia del contratista en aspectos de planeación y dirección, privativos de Pemex; y la intentona de sustituir las consideraciones de la minuta enviada por el Senado a la Cámara de Diputados para la aprobación de la reciente reforma energética por otras apócrifas, permisivas de contratos de riesgo y otras violaciones a la Constitución, que hubieran dado entrada a interpretaciones a modo del “sentir del legislador” en el caso de una controversia jurídica.

El petróleo ha sido la base de la transformación del país promovida por los gobiernos revolucionarios para asegurar el crecimiento, el empleo, la equidad social y el fortalecimiento de la soberanía. Los intentos privatizadores se han dirigido “de la periferia al centro”, como el almacenaje, transporte por ductos y maquila de crudo, sin faltar las alianzas estratégicas y contratos de riesgo, disfrazados de muchas maneras, que implicarían compartir la renta petrolera.

Nuestro objetivo es fortalecer a Pemex como empresa 100% propiedad del Estado, su acceso a nuevas tecnologías, la expansión de sus inversiones, especialmente en exploración y refinación y, como lo planteara Cárdenas a raíz de la expropiación, no “permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llegarán a ser, si no antagónicos, a lo menos distintos de los intereses generales”. Por ello presentamos las controversias constitucionales; para prevenir los intentos privatizadores, sobre todo ahora que se anuncian reformas energéticas “de segunda generación”. Seguiremos firmes en la defensa del petróleo y cuidado de los mejores intereses de Pemex y la nación.

EL UNIVERSAL, 20 octubre, 2009 http://bit.ly/d2O8fw

 

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