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+ Diez años de estancamiento y ahora desesperanza social

+ “Para vivir mejor” eslogan publicitario para ocultar fracasos

+ Voz popular: vivimos peor que hace  cuatro o diez años

+ Concentración persistente: muy pocos ricos y muchos pobres

+ Diputados del PRI: Necesaria una nueva política social de Estado

El diputado Carlos Flores Rico, vice coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, presentó en nombre de la fracción el fascículo DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA, dentro del análisis “10 Años de panismo. Resultados” y dijo que el eslogan de los gobiernos panistas “Para Vivir Mejor” es solo un recurso publicitario para ocultar el fracaso que se ha tenido en política social, que ha logrado acentuar la desigualdad en el país.

 Los siete pecados capitales de la política social del Presidente Calderón son: Asistencialismo (demagogia), Centralismo (burocracia e injusticia), Ineficiente (tarda, duplica, sub-ejerce), Clientelar (manipulación electoral), Excluyente (discrimina organizaciones sociales), No transparente (discrecional) y Cuantiosa (onerosa e insuficiente).

 Ello,  tiene a México con más de 60 millones de mexicanos inmersos en la pobreza, con una cada vez más acentuada desigualdad, con un poder adquisitivo precario y un encarecimiento de los precios que tanto castiga a los salarios. Los rubros que contiene el documento son: Introducción, Pobreza e ingresos de las familias, Remesas, Desarrrollo humano, Educación, Ciencia y Tecnología, Salud, Seguridad Social, Medio ambiente y, Administración del agua.

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V. Deterioro de la Calidad de Vida

La pobreza ha sido el mal endémico de nuestra Nación desde sus más remotos orígenes, y los grandes logros de la política de desarrollo económico y social de los gobiernos de la Revolución se han revertido especialmente en el decenio del panismo.

La definición, los procedimientos y los fines de la política social de los gobiernos del PAN tienen claros sesgos corporativos, clientelares, asistencialistas y electoreros. Es una política errática, que se conjuga con el estancamiento de la economía, la falta de empleo, la creciente inseguridad, la incertidumbre y la desesperanza social.

El eslogan “Para Vivir Mejor” no pasa de ser un recurso publicitario para ocultar el fracaso. Con base en los resultados, el veredicto popular es contundente: no vivimos mejor, vivimos peor que hace cuatro años y que hace diez, como lo demuestran los datos y estadísticas de fuentes oficiales mexicanas e internacionales que aquí se presentan.

En diez años de gobiernos del PAN, el poder adquisitivo de la población ha empeorado; y la calidad de vida de muchos mexicanos se ha deteriorado. Mientras que los precios de los productos de la canasta básica, la gasolina, el gas LP, la  luz y el agua han amentado desmedidamente, el salario de los trabajadores es duramente castigado año con año. Para la gran mayoría de las familias mexicanas no hay dinero que alcance para satisfacer las necesidades primordiales de alimentación, vestido, vivienda, educación y salud.

Los hombres y mujeres que se han ido a Estados Unidos en busca de un mejor nivel de vida, han perdido su ocupación o no la han encontrado a causa del impacto de la crisis económica mundial y de las duras políticas contra los migrantes. Por ello las remesas provenientes de ese país, que dan sustento a cientos de miles de familias en México, disminuyeron en los últimos años y no han tenido una recuperación que alcance, cuando menos, los niveles mostrados al inicio del presente gobierno.

La alta concentración del ingreso es persistente: muy pocos son los ricos y muchos los pobres. La nuestra es una de las sociedades más desiguales del mundo y no hemos logrado avanzar en materia de desarrollo humano en los últimos 10 años.

 El sistema educativo es deficiente: somos de los países con más bajos resultados según las evaluaciones de ENLACE y PISA; muchos de nuestros estudiantes y profesores no cuentan con las competencias y los conocimientos necesarios para su desarrollo; son constantes la deserción y el rezago educativos; y se ha cancelado el impulso a la ciencia y la tecnología.

El sistema de salud es mediocre e insuficiente para atender las necesidades de la gente; las instituciones de seguridad social están presionadas por el envejecimiento de la población y el incremento de los adultos mayores con riesgos de salud, hechos que aumentarán la demanda de servicios médicos más complejos y de mayor costo, al tiempo que las pensiones requerirán mayor financiamiento; y las guarderías y estancias infantiles no reúnen condiciones de seguridad y calidad aceptables, por lo que no garantizan la integridad física de los niños.

Las políticas para el cuidado del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales han sido ineficaces; la deforestación continúa, se sigue alterando el equilibrio ecológico y sobreexplotando las cuencas hidrológicas.

Por todo lo anterior, no es de sorprender  que de 2006 a 2010 se hayan sumado a la pobreza 10.1 millones de  mexicanos y que en promedio, se empobrecieran 7 mil cada día: 292 cada hora y 5 cada minuto.

Tal  como está diseñada, la política social no combate la pobreza, no reduce la desigualdad, no eleva el desarrollo humano y no reduce los contrastes regionales. No se está cumpliendo con el mandato constitucional de garantizar y hacer efectivos los derechos sociales de los mexicanos, porque la política económica se ha orientado a mantener los  equilibrios macroeconómicos y ha dejado de lado las políticas de crecimiento, empleo y distribución del ingreso, que son indispensables para elevar el bienestar de la población y reducir los índices de pobreza y desigualdad.

Por mandato constitucional, las obligaciones del Estado son sustantivas, definitorias. No son dádivas, no deben ser pretexto publicitario ni mucho menos contraprestaciones electorales. Lo que se requiere es replantear el modelo y revolucionar las instituciones sociales.

En el PRI creemos firmemente que es necesario impulsar una nueva política social de Estado que coadyuve a erradicar eficazmente las causas de la desigualdad y la pobreza y refrende el compromiso de fortalecer los derechos constitucionales a la educación, salud, trabajo, desarrollo rural, equidad de género, justicia para los indígenas y grupos vulnerables. Una política que proteja los derechos humanos de tercera generación.

Es imprescindible crear vínculos eficientes entre las políticas económica y social para establecer círculos virtuosos que ofrezcan oportunidades de desarrollo para todos. Es preciso cambiar el sentido de las políticas públicas y transformar los programas sociales para que ofrezcan verdaderas oportunidades de movilidad social y den respuesta a las legítimas demandas de bienestar de los mexicanos.

Es pertinente analizar la conveniencia de un nuevo marco legal para que las políticas de desarrollo social se diseñen y operen de manera diferenciada, atendiendo a las características regionales y poblacionales del país, dadas la irregular distribución poblacional y la diversidad de recursos naturales disponibles.

El primer paso para el combate a la pobreza es focalizar los apoyos compensatorios en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), para que alcancen en el mediano plazo los niveles de bienestar e ingreso de la media nacional. Se requiere también redistribuir los recursos para darles un destino preciso y efectividad para una mayor igualdad de oportunidades, fomentando la equidad federalista. Un programa de inversiones conjuntas entre estados y municipios, articuladas por objetivos comunes contribuiría al desarrollo regional, al aumento de la competitividad y al crecimiento económico. Paralelamente habría que estimular las economías de escala y los acuerdos intermunicipales y alentar el diseño de proyectos plurianuales que permitan solucionar la problemática de raíz.

La educación es un factor estratégico para el conocimiento, que es la mayor riqueza de las sociedades contemporáneas; se debe ampliar su cobertura y elevar su calidad para que el sistema educativo sea una palanca estratégica para el progreso y el bienestar.

Es preciso dar la más alta prioridad a la educación permanente, de calidad y pertinencia, estableciendo condiciones para el acceso universal a una educación para toda la vida. Se trata de que todos puedan capacitarse y adquirir habilidades y competencias para el trabajo y para su desarrollo individual.

Asimismo, es vital reforzar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y promover que quienes han tenido la oportunidad de acceder a estudios de alto nivel contribuyan con sus conocimientos y talentos al desarrollo nacional, para impulsar el desarrollo científico y tecnológico del país y romper la enorme dependencia en esta área fundamental.

En materia de salud se deberá trabajar con base en el criterio de la prevención y establecer una política integral y eficaz para atender el incremento de la demanda de los servicios de salud en todo el país, tomando en cuenta la transición demográfica que implicará que en 30 años por cada 160 adultos mayores habrá 100 niños en México; ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios y la infraestructura; y fortalecer la formación de médicos, enfermeras e investigadores capacitados y bien remunerados.

Finalmente, para preservar el medio ambiente, es necesario impulsar políticas públicas y programas de gobierno para el aprovechamiento sustentable y el cuidado del agua, bosques, suelos, mares, flora, fauna y el patrimonio natural en su conjunto, considerando las recomendaciones y declaraciones de los organismos multilaterales con apego a nuestro marco jurídico.

DOCUMENTO INTEGRO   V. DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA

 

 

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